La economía argentina enfrenta un escenario desafiante en términos de inflación, con pronósticos que varían ampliamente según la fuente consultada. Si bien el Gobierno proyecta una inflación del 18,3% para el próximo año, las consultoras privadas estiman una cifra cercana al 40%, e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) la sitúa en un 45%. En este contexto, y en medio de la discusión sobre la revisión trimestral del FMI, me permito hacer un análisis de los factores clave que incidirán en el comportamiento de la inflación y las reformas necesarias para que Argentina logre una recuperación sostenida.
Si Argentina logra cerrar el año 2025 con una inflación del 45%, estaríamos ante un verdadero milagro. Esto, considerando que en diciembre de 2023 la inflación interanual superaba el 280%, con algunas categorías incluso por encima del 300%. Para este año, la proyección es que terminemos alrededor del 124%. De lograrse un descenso tan pronunciado, sería un logro significativo, ya que indica una baja contundente en el ritmo inflacionario.
Sin embargo, es importante entender que la inflación, al menos por los próximos seis meses, será difícil de controlar en niveles bajos. La razón principal es la necesidad de corregir precios relativos en la economía: tarifas de servicios públicos como energía eléctrica, gas, transporte y agua, así como precios de servicios privados postergados, como las comunicaciones, los servicios médicos y las matrículas de colegios. A esto se suma un factor clave: el dólar, cuyo valor es incierto ante un eventual levantamiento del cepo.
Todo este proceso de ajuste está planificado y debería completarse para marzo de 2024. Por lo tanto, hasta esa fecha, la inflación será "inflexible" a la baja, como me gusta describirlo. De todas formas, existe un fundamento monetario importante para esperar una mejora. Por ejemplo, la inflación núcleo —la que excluye precios regulados y estacionales— ha mostrado señales de desaceleración, y es probable que hacia el próximo año logremos un promedio más estable, cercano al 3% mensual.
Ajustes monetarios y fiscales: claves para la estabilidad
Un punto que considero central en este análisis es la política monetaria del Gobierno. En enero de 2023, la base monetaria era de 9,7 billones de pesos, mientras que en el pico del año llegó a 24,2 billones. Sin embargo, actualmente se ha logrado una reducción, alcanzando 22,7 billones de pesos. Esto significa que hay menos pesos en circulación, lo que refleja un compromiso real con la política de emisión cero del Banco Central.
La disminución de pesos en el mercado también se ha visto acompañada por un aumento en los créditos otorgados al sector privado, que en su mayoría se están utilizando para la compra de bienes durables como motos, autos y electrodomésticos. Este fenómeno es positivo, ya que indica una reactivación de la producción en estos sectores, lo que a su vez mitiga el riesgo de un aumento en los precios debido a la mayor demanda de crédito.
Sin embargo, otro aspecto central para garantizar la estabilidad es la corrección de precios relativos. Este proceso debería finalizar en marzo de 2024, cuando las tarifas de servicios públicos ya habrán sido ajustadas en un 40% adicional en promedio, lo que llevaría a que los usuarios paguen casi el 80% del costo total de los servicios. A partir de ese punto, el ajuste será más moderado, acompañando la evolución de la inflación.
La competencia global y la necesidad de reformas fiscales
En paralelo a la corrección de precios internos, Argentina necesita urgentemente ajustar su estructura impositiva si aspira a ser competitiva a nivel internacional. En conversaciones recientes con empresarios del sector automotor y de motovehículos, me señalaron que el costo de los impuestos distorsivos —como el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los débitos y créditos bancarios— es uno de los mayores obstáculos para competir con otros países.
Un ejemplo claro es el sector de motos, donde el 45% al 50% de los componentes de cada unidad son de fabricación nacional. Sin embargo, por cada pieza que se fabrica en una provincia distinta, se aplica un 3% de ingresos brutos, lo que termina encareciendo significativamente el producto final. Lo mismo ocurre en sectores como el textil, donde el algodón, los botones y otros insumos acumulan impuestos a lo largo de la cadena productiva. Estos costos se trasladan al consumidor final, lo que genera una distorsión de precios que hace que los productos nacionales sean menos competitivos frente a los importados.
Para competir de manera efectiva a nivel global, es imperativo reducir o eliminar estos impuestos distorsivos, y enfocarse en medidas que faciliten la producción y la exportación. Solo de esta forma Argentina podrá integrarse de manera sostenible en los mercados internacionales, aprovechando al máximo su potencial productivo.
