La defensa de Carrera, integrada por Lucía Fernández y Juan Manuel González Rossi, explicó que lo único que le interesa era incorporar la boleta de ingreso de Bonomi al hospital donde figura como "oficial subayudante".
Luego ahondó en que cuando se realizó la comisión investigadora en el Parlamento sobre el caso (que el Frente Amplio decidió no integrar) se le pidió al Ministerio del Interior de la época (con Luis Alberto Heber a la cabeza) el listado de personas que estuvieron atendiéndose en Sanidad Policial, y "sin recabar el consentimiento de nadie", la Dirección de Sanidad Policial le envió a esta comisión una cantidad de información donde estaban las historias clínicas completas, lo que consideró "un atropello grueso" que ha "quedado impune" y de allí surgió la información sobre Bonomi. Según esos datos Bonomi se atendió en 2016, 2017 y 2019 en el Policial y allí fue intervenido.
De parte de la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Sandra Fleitas, las adscriptas Verónica García y Romina Cabrera, junto a la fiscal de Litigación Valeria Bovio, propusieron hacer un acuerdo probatorio por estar de acuerdo con esa información, lo que significa que ingresará a juicio como prueba sin que luego pueda cuestionarse.
La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera se entusiasmó y le dijo a las partes si no querían seguir haciendo acuerdos probatorios. "Aprovechamos", dijo en tono jocoso luego de que en varios momentos previos a ese acuerdo la jueza había tenido que mediar entre fiscalía y defensa que volvió a enfrentarse en tensos debates.
Según la defensa, la fiscalía actúa con "rotunda mala fe"
El defensor González Rossi lo dijo en varias oportunidades muy molesto frente a argumentación de la fiscalía que se opuso a prueba documental que pidió y la consideró "ilegal".
Así fue que las dos primeras pruebas que planteó la defensa se tradujeron en un debate que duró unas tres horas de las cuatro en las que se prolongó la audiencia.
La primera ocurrió cuando propuso incorporar el informe del economista Michael Borchardt. La defensa explicó que fue director de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de Economía, conoce las normas públicas y se le pidió que explicara cómo se financia Sanidad Policial. "Es especialmente relevante porque fiscalía afirma que Sanidad Policial se financia con el aporte de los policías y se causó perjuicio económico a los policías. Este economista dice de ninguna manera se financia con el aporte de los policías, sino que en un 80% se financia con aportes de Rentas Generales, como se financia ASSE y que el Estado no sufrió daño patrimonial".
"Fiscalía se opone", se escuchó del otro lado de la sala. "Genera duda en qué categoría entraría y cómo llega la información", amplió la fiscal Bovio. Advirtió que no encajaba dentro del carácter de testigo, ni testigo experto, ni perito. "Ojo hasta donde llegamos... Hago que cualquier testigo me firme un documento y me lo hace idóneo" (para que ingrese a juicio).
"La oposición es a cómo entra este documento. Me genera que estamos bajando el estándar", añadió.
González cuestionó esa argumentación, defendió la relevancia porque "controvierte los hechos que dice la fiscalía" y recordó que estaba incluido en la carpeta de la fiscalía de la investigación porque esa persona ya declaró.
La jueza intentó mediar, y señaló que si se recurre a un experto y se le pide una opinión se trata de una pericia. La fiscalía respondió que tampoco cumplía con los estándares de metodología que exige una pericia.
"Lo subsanamos y pasamos al testigo como perito", dijo la jueza y agregó que "no es necesario llegar a estos debates". Entonces anunció que haría un receso de diez minutos para que la defensa hiciera las averiguaciones que tuviera que hacer y corrigiera lo que hiciera falta.
Luego del receso, la fiscalía admitió que ingresara como prueba pericial pero cuando la defensa agregó que quería ingresar también el informe del economista, de dos carillas, la fiscalía volvió a oponerse, lo que generó un nuevo debate.
La jueza subrayó que lo que valdrá en el juicio es lo que declare en audiencia el perito y no el documento.
"No se lo que está diciendo la Fiscalía, está diciendo lo contrario a lo que hicieron", se quejó el defensor ya que en su caso habían incorporado una pericia caligráfica junto con la declaración del perito calígrafo que expondrá sobre ese informe.
Cabrera le recordó que en su momento ellos no se opusieron.
Luego leyó sentencias del Ttribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno -que interviene en este caso- que sostiene que los documentos o pericias no debe ser incorporado en juicio.
"No nos vamos a pelear por eso", dijo la jueza intentando mediar.
"Conceptualmente compartimos es una causa muy compleja así como va a ingresar la pericia caligráfica (de la fiscalía) puede ingresar este informe. No creo que sea argumentable eso de porque vos no te opusiste a tal cosa...", dijo Fernández.
"Se terminó la discusión acá. Si tienen que apelar, van a apelar", les dijo la jueza y señaló que por "una cuestión de lealtad, buena fe, la pericia caligráfica es tan pericia como esto y no pueden alegar lo contrario. Me parece que por igualdad y buena fe no podemos desconocer que ustedes ingresaron el informe de la pericia", les dijo la jueza a las fiscales.
"Va a ser admitido por principio de igualdad", zanjó Olivera.
Con el siguiente testigo de la prueba se reinstaló el debate que escaló aún más.
Cuando González dijo que pretendían incorporar un informe de la médica legista Frances Borches que había analizado la historia clínica de Víctor Hernández, la fiscalía planteó que se trataba de una "prueba ilegal".
El defensor se acomodó en la silla y siguió esuchando la argumentación y se quejó ante la jueza: "Doctora, la mala fe con la que está trabajando la fiscalía es grosera".
Del otro lado, Bovio dijo que no respondería al "exabrupto del doctor" y argumentó que se oponen a la admisibilidad porque no les consta que Hernández haya relevado el secreto a la médica legista para que tuviera acceso a su historia.
González insistió en que le sorprendía la "mala fe inaudita realmente". "Soy profesor adscripto en Medicina Legal. Además de tener bastante claro este punto hoy mismo lo refrendé con el grado 5 Hugo Rodríguez Almada que lo entendió de esta misma manera. La perito accede a la historia clínica porque se lo brinda la defensa, la defensa accede porque forma parte de la carpeta fiscal. El titular (Hernández) autorizó a las instituciones. Si no hubieran tenido la autorización de Hernández no la podrían haber mandado a fiscalía".
Agregó que le "llama poderosamente la atención que la fiscalía le pide 4 años de prisión a una persona y le quiere impedir que utilice sus propias pruebas" para defenderse. "No lo puedo interpretar de otra manera que no sea una rotunda mala fe".
La jueza pidió media hora de receso para estudiar el tema y al regresar resolvió que la prueba ingresaría bajo la condición de que Hernández lo valide cuando declare en juicio, ya que será el primero en hacerlo.
La fiscalía anunció que apelaría por entender que en el resolución de la jueza, está considerando que no hay una ilegalidad y se podía subsanar mientras que ellas entendían que se usó la historia clínica sin el consentimiento de Hernández. "El derecho a la intimidad fue violado y no es una prueba subsanable", dijo Bovio.
También la defensa planteó la apelación por no compartir los argumentos de la jueza y considerar que al otorgarles el plazo hasta que declare Hernández, se admite que "falta algo" cuando en su opinión el consentimiento de Hernández fue genérico y está vigente. No admitir eso, implica una desiguldad de trato y una afectación de derechos fundamentales para una persona acusada de dos delitos. "Cuando se analizó la grabación (de Carrera realizada por Hernández y que se incorporó como prueba) la intimidad no importaba", cuestionó Fernández.
La fiscalía defendió su argumentración sobre se debe ser "muy celosos de lo que se autorizó o no".
Esa resolución de la jueza irá al tribunal de apelaciones mientras sigue el debate por el resto de las pruebas.
