"Lo cierto es que no se verificó un delito continuado", dijo y explicó que el ingreso de Víctor Hernández al Hospital Policial ocurrió el 24 de julio de 2013 por lo tanto la eventual orden que lo autorizó ocurrió ese mismo día o antes, por lo tanto está prescripto. En su opinion "es una sola acción la que eventualmente hubiera ocurrido. Ya pasaron más de diez años entre eso y la formalización".
Con respecto de tickets de alimentación que le entregaron a Hernández, también dijo que la fiscalía "cambió las reglas de juego" para darle un tratamiento más duro. "Si hubiera una orden dirigida a Tesorería de entregarle todos los meses $20 mil sería razonable pero no es lo que hay hay 46 decisiones independientes por lo tanto también prescribió".
Por parte de Fiscalía, respondió la fiscal adscripta Verónica García quien recordó que la defensa ya había planteado lo de la prescripción en el momento de la formalización de la investigación -y hubo resolución que la contradijo tanto en primera como en segunad instancia- y al contestar la acusación.
Agregó que los delitos continuados terminan cuando se ejecuta el último acto. "En el caso de Sanidad Policial si bien hay una primera orden que la da Charles Carrera a Leonardo Anzalone (entonces director de Sanidad Policial) para el ingreso de Hernández, esa orden fue prorrogable cada seis meses por eso estuvo 3 años".
Respecto a los tickets de alimentación argumentó que si bien se emitieron 46 tickets, "se trata de delito continuado porque así lo hace la intención del sujeto de una única resolución criminal. No tuvo intención de cometer vairos delitos sino uno solo continuado en el tiempo". Afirmó que la comisión de un nuevo delito interrumple la prescripción.
"Ha tenido intención de vulnerar varias normas jurídicas con una única resolución criminal", reiteró.
Fleitas acotó luego que se trata de "un delito con efectos permanentes. Sus efectos se dan hasta el momento en que se deja de cometer la conducta delictiva (...) Es el último acto el que fija que la conducta finalizó.
García, por su parte, dijo que se preguntaba que pasaba según la versión de la defensa, con los delitos posteriores a 2015, en que se emitieron 19 tickets, serían 19 delitos. "Eso perjudicaría al imputado", especuló.
El defensor le respondió que la fiscalía "habló de tres hipótesis diferentes". "Ahora la doctora Fleitas trae algo nuevo a colación y habla de efectos permanentes y me pregunto entones por qué está como delito continuado... No me termina de quedar claro la posición de fiscalía que es la tercera vez que cambia".
Finalmente la jueza Olivera rechazó la postura de la defensa por entender que "no están dados los supuestos para hacer lugar a la excepción".
La jueza aclaró que para fundamentar su posición debía referirse a hechos del caso pero no era prejuzgar porque ella no será la jueza del juicio (lo será el otro juez de Crimen Organizado). En ese sentido dijo que "quien dio la orden -si se trató de una sola orden va a ser discutido en el juicio- tuvo la intención de internarlo con una sola acción, mientras que la decisión de brindarle un ticket alimentación también fue de una resolucion única y en todos los casos violando la misma ley penal".
Por lo tanto concluyó que el delito prescribiría en 2026 pero ese plazo se vio suspendido por la formalización "por lo tanto no ha operado la prescripción", falló la magistrada al desestimar el planteo.
La otra defensora Lucía Fernández anunció la apelación por lo que ahora tendrán un plazo para presentar los argumentos por escrito y el tribunal lo resolverá.
La queja de la Fiscalía
El otro debate fue planteado por la fiscalía que se quejó porque la defensa presentó una ampliación a su "descubrimiento", que es la prueba solicitada para el juicio, hace tres días y lo hizo incumpliendo con lo que indica el código del proceso penal, dijo.
La fiscal García afirmó: "No tuvimos develamiento de la prueba de la defensa. Son 70 testigos. No estamos en condiciones de hacer el control de esa prueba".
La jueza les aclaró que ese debate lo debían plantear cuando llegara la etapa de controlar la prueba de la defensa pero ahora debían pasar al debate de la prueba de fiscalía, "sino adelantamos debate sobre lo que va a ofrecer la defensa".
García prosiguió: "Se contesta la acusación el 16 de junio y hace 3 dias (en la feria) se presenta prueba por parte de la defensa. Entregan un pendrive. En esas condiciones no vamos a poder hacer un control real ni llegar a acuerdos".
"Queremos que sepa esta circunstancia y es sano que lo hablemos delante de usted", le dijo Fleitas a la jueza.
García se quejó: "No sabemos lo que quieren probar, no están identificados algunos testigos, presentan un expediente con 17 piezas, y no individualizan que quieren ingresar (al juicio)". Luego dijo que tendrán que oponerse a los testigos de la defensa.
Fernández dijo que no iba "a entrar en debates institucionales pero sabido es que la defensa no puede acceder a la fiscalía como si fuera una baranda de un juzgado" sino que tienen que agendarse, los atiende un coordinador y no hay una comunicación tan fluida con las fiscales. Acotó que lo entregaron en feria para darles tiempo.
Ante varios intercambios, la jueza cortó el debate diciendo que no iba a permitir que entraran en acusaciones y que se pasaran facturas.
Fleitas cerró diciendo que ya estaba "planteada" la queja y "se obrará de acuerdo con lo que entiendan llegado el momento".
Las teorías del caso de Fiscalía y defensa
La fiscal Fleitas consideró en su acusación, que en la audiencia detalló, que Carrera es responsable de que se le diera internación a Hernández en el Polical, pese a que no cumplía con ninguno de los requisitos legales para hacer uso. Agregó que para viabilizar la atención, se consignó en la historia clínica que Hernández era un "sub oficial ayudante", lo cual la fiscalía califica como un ardid para ocultar la calidad de civil del paciente y defraudar al Estado.
Para la fiscal se causó un daño al Estado ya que en los tres años en que estuvo en el hospital se gastaron en su tratamiento, medicación e internación $ 9,5 millones.
La fiscal Fleitas argumentó que Carrera incurrió en una "desviación de poder", dictando actos contrarios a la normativa vigente para obtener un provecho económico para un tercero en perjuicio del Estado. Le atribuyó dolo directo, afirmando que ejecutó los delitos imputados con plena conciencia y voluntad del resultado.
La fiscalía propuso la declaración de 23 testigos entre quienes están el exministro del Interior Luis Alberto Heber, quien denunció a Carrera, el director de Sanidad Policial Anzalone y varios funcionarios del Ministerio del Interior del momento y de cuando se presentó la denuncia.
Por su parte, los defensores González Rossi y Fernández afirmaron que Carrera no dio la orden de atender a Hernández en el Policial, que no era jerarca de Sanidad Policial. Señalaron que los pedidos se canalizaban a través del entonces subsecretario Jorge Vázquez y que quien dio la orden de internarlo allí fue el entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi quien dispuso la atención, basándose en investigaciones de Asuntos Internos que sugerían la responsabilidad del Ministerio en el disparo que hirió a Hernández y ante el pedido de instituciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil, ya que desde Rocha hubo numerosos pedidos de atención.
También rechazaron que se le haya creado un cargo policial ni se lo hizo pasar por policía, así como que se le haya causado daño económico al Estado.
La defensa propondrá que declaren en el juicio 70 testigos entre quienes aparecen el exdirector Nacional de Policía Layera, quien declarará sobre el organigrama y funcionamiento del Ministerio del Interior; la exministra de Salud Susana Muñiz, declarará sobre las evaluaciones que se realizaron en torno a la atención y tratamiento de Hernández, las alternativas de atención en el marco de la Red Integrada de Efectores Públicos; el ex subsecretario de Salud Miguel Fernández Galeano; el exgerente general de ASSE y del Fondo Nacional de Recursos (FNR) Alarico Rodríguez; y la exgerenta general de ASSE Alicia Ferreira, la abogada Maria Stella González, entonces jefa de Asuntos Internos y otra de las indagadas en el caso Carrera, y el exintendente y actual Aníbal Pereyra y Alejo Umpierrez.
