Tres abogados analizan el alcance del acuerdo de Meta por la demanda sobre la adicción generada a menores sobre sus plataformas
Meta acordó con fiscales generales de 47 estados de Estados Unidos, Washington D.C. y territorios estadounidenses un paquete que los demandantes valoran en hasta US$ 17.100 millones y que la obliga a rediseñar Instagram y Facebook para los menores de 18 años. La pregunta es: ¿rige esta medida en Uruguay?
Las demandas sostenían que ambas plataformas fueron diseñadas con funciones adictivas para menores y que la empresa conocía los riesgos para su salud mental, algo que Meta niega. Los cambios durarán entre cinco y diez años: tope conjunto de dos horas diarias entre Instagram y Facebook que solo los padres pueden desactivar, bloqueo de Feed, Stories, Explore y Reels entre las 00:00 y las 06:00, modo colegio que silencia notificaciones entre las 08:00 y las 15:00, avisos que cortan el scroll, "Me gusta" sin números a la vista, opción de feed no algorítmico, autoplay desactivable y bloqueo de los filtros de cirugía estética.
"El acuerdo no cambia las reglas del juego en Uruguay. Es un acuerdo judicial exclusivamente para resolver juicios con fiscales generales de Estados Unidos", explicó Manuel Sánchez Moll, abogado con experiencia en asuntos corporativos y estudios de posgrado en IA y derecho digital.
El texto "contiene una cláusula expresa que prohíbe usar sus obligaciones como estándar exigible en jurisdicciones internacionales", agregó. "Meta hoy no tiene ninguna obligación legal en nuestro país de apagarle el Instagram a un adolescente a las 10 de la noche".
En la Unión Europea pasó algo parecido: los reguladores le exigieron a Meta que ofreciera la opción de que los datos de los usuarios no se usaran para entrenar su inteligencia artificial. Esa obligación valía solo para Europa, pero la empresa terminó extendiendo la opción a usuarios de otros países donde nadie se la estaba reclamando. "Acá podría ser lo mismo", explicó Agustina Pérez Comenale, abogada especializada en derecho informático y datos personales.
Eso es lo que en derecho se llama debida diligencia: que una empresa aplique por decisión propia un estándar de cuidado más alto que el mínimo exigido por la ley del país donde opera, para no quedar expuesta si después algo sale mal. "Por más que no fuera ejecutable al resto del mundo, si ellos decidieran tener la debida diligencia y aplicarlo igual por un tema de seguridad, podrían hacerlo", dijo la abogada. Pero planteó también el escenario opuesto: "Puede pasar que no lo apliquen y no pasa nada".
Sánchez Moll lo ve más probable. "El documento es un paso importante a nivel de que Meta y otras grandes tecnológicas van a terminar exportando estos estándares a nivel global como medidas de autorregulación", señaló.
"Es altamente probable que los jóvenes en Uruguay empiecen a ver las pausas productivas obligatorias o la desactivación de filtros de cirugía estética", dijo. "O sea que va a tener impacto práctico".
"Esto que pasó en Estados Unidos puede empezar a suceder en otros países del mundo, que también los usuarios empiecen a presentar estas denuncias o que mismo de oficio se empiece a cuestionar si el algoritmo que corre es adictivo o no", dijo Pérez Comenale.
El problema, para ella, es la falta de vara. "Lo que está faltando son parámetros genéricos de qué se considera o qué puede llegar a considerarse un producto adictivo o un producto mal diseñado", explicó.
"La responsabilidad, en el caso este de Meta, ya no empieza a recaer tanto en el contenido en sí que se comparte, sino que empieza a caer más en la responsabilidad por el diseño algorítmico y de la plataforma", agregó.
Esas medidas, sostuvo, "deberían aplicarse también a otras plataformas que tengan las mismas cualidades o que se pudieran categorizar similares a las de Meta, pero que no estén dentro del grupo", y mencionó a TikTok y X. "Habría que cuestionar si tienen ese feed de recomendaciones específicas para vos y empezar a ver si también se las va a fiscalizar de esta manera".
Y es algo que Meta ha intentado hacer luego del acuerdo conocido la semana pasada. Y es que en una carta abierta le pidió a TikTok y YouTube que se sumen al acuerdo para proteger a los adolescentes. La empresa de Zuckerberg indicó que no puede asegurar que estas protecciones funcionen si el resto de las plataformas no se suman, ya que cuando a un adolescente se le restringe una app, se pasa a otra.
"Estas protecciones solo serán realmente efectivas si trabajamos con nuestros pares, TikTok y YouTube, para aplicar las mismas medidas", afirmó Meta.
Para Gimena Areal, abogada especializada en propiedad intelectual, privacidad e inteligencia artificial, el caso de este acuerdo de Meta con 47 estados en EEUU corre el eje del debate.
"Hasta ahora, desde la óptica de la privacidad, la discusión estuvo muy centrada en los datos y el tipo de datos que estábamos usando de los menores", explicó. Los datos de menores "eran datos especialmente protegidos y se necesitaba el consentimiento expreso de los padres".
"Lo que me parece bastante interesante del caso de Meta es que va un paso más allá", dijo. "Ya no habla simplemente de proteger los datos de los menores en el entorno de internet, sino también cómo diseñar productos que protejan a los menores".
Por eso, sostuvo, "no es un acuerdo que se limite simplemente a una cuestión económica, sino que obliga a Meta a introducir cambios concretos y con límites de uso". La pregunta que abre es otra: "¿Se alcanza con proteger correctamente los datos de un menor cuando el propio diseño del producto puede aprovecharse de la vulnerabilidad de los menores?".
Su lectura es que el caso "va un paso más allá de la privacidad por diseño a algo más como la seguridad por diseño".
Pero el tema no termina con el acuerdo de 17 mil millones ni con el cambio en la interfaz. Sino cómo se va a ejecutar.
"Lo más desafiante a mi entender es el mecanismo de control", planteó Sánchez Moll. "Si Meta se obliga a construir un algoritmo de IA que averigüe la edad de los usuarios y cace cuentas de menores de 13 años, la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el costo".
"¿Estamos dispuestos a que estas empresas analicen la biometría de menores para perfilarlos?", agregó. "Si eso se activase en Uruguay, tendría que compatibilizarse con la ley de protección de datos y el control de la URCDP, ya que tratar datos para bloquear el acceso toca límites de privacidad".
"Un menor de 13 no tiene la capacidad jurídica para consentir de forma válida e informada el tratamiento de datos sensibles, biométricos, o la creación de un perfil algorítmico complejo", dijo. "Se requeriría el consentimiento expreso de sus padres o tutores".
Areal marcó la paradoja. Para aplicar las restricciones "primero hay que saber que el que está del otro lado es un menor, y no alcanza simplemente con preguntarle su edad, porque un menor puede decir que tiene 18 años y listo".
"¿Le vas a pedir el documento, una fotografía, datos biométricos?", planteó. "Para poder cumplir con esta protección del menor en el ambiente digital quizás tenés que tratar más datos de los menores, que están superrestringidos". El desafío, dijo, es "encontrar los mecanismos más efectivos para verificar la edad del menor sin abusar del tratamiento de los datos".
Hay antecedentes en Europa sobre este tema. En Inglaterra ya se usa IA para estimar la edad en tiempo real con una empresa llamada Yoti. "Le pide al usuario que mire a la cámara, la IA calcula los píxeles y determina si la persona tiene entre 14 y 16 años, y borra la imagen instantáneamente", describió Sánchez Moll.
"El servidor de Meta recibe una etiqueta que dice si lo valida o no, pero no recibe la foto", agregó. El otro criterio son los códigos de diseño apropiado para la edad: "Ante la duda, el usuario es niño".
"Si la plataforma no puede verificar la edad de forma 100% segura y privada, la ley exige que apague el rastreo de ubicación, desactive el perfilamiento publicitario y aplique la máxima privacidad por defecto", detalló el abogado.
"Cuando hay litigios sobre cuestiones tecnológicas nuevas, muchas veces en áreas donde todavía no tenemos muchos precedentes, se terminan resolviendo mediante acuerdos con cifras enormes", dijo Areal, que comparó con el caso de Anthropic, resuelto semanas atrás por el uso de obras para entrenar inteligencia artificial.
El costado positivo es la velocidad: "No se esperan años para tener una sentencia definitiva". El negativo es lo que se pierde. "Si los grandes casos tecnológicos terminan siendo resueltos siempre por acuerdos millonarios, estamos perdiendo la posibilidad de que se vayan fijando criterios y generando precedentes".
"Tenemos que tener cuidado con que la regulación y sobre todo la incertidumbre regulatoria no termine funcionando como una barrera de entrada", advirtió sobre quién puede pagar esas cifras.
No todos los estados adhirieron. Florida decidió seguir litigando, según Areal, porque "una cifra que parece enorme en términos absolutos termina generando un efecto que quizás para Meta no es tan grande" y porque incumplir una norma "termina siendo un costo más de hacer este tipo de negocios".