La nueva ley "viene a dar más herramientas a los jueces y fiscales" para perseguir y prevenir los delitos informáticos, expresó el abogado Martín Pesce
La reciente aprobación de una nueva ley de ciberseguridad en el Parlamento marca un precedente para que los jueces tengan más herramientas para dictar sentencias sobre lo que ocurre en el mundo digital.
Martín Pesce, abogado experto en ciberseguridad y protección de datos del estudio Ferrere, destaca que la ley tiene como objetivo "hacerle frente a los nuevos desafíos que hoy en día está planteando lo que es el cibercrimen".
Hasta ahora, las actividades ilícitas en el ámbito digital se perseguían bajo figuras del derecho penal tradicional, ya que "la base de nuestro Código Penal es del año 1933", lo que Pesce consideró que era insuficiente frente a las nuevas conductas delictivas surgidas en internet.
En las últimas ocho décadas, el Código ha sido usado para sancionar delitos tradicionales como el fraude, la estafa, la extorsión y la destrucción de documentos, incluso en casos donde estos delitos se cometían en entornos digitales.
La nueva ley aborda esta realidad tipificando nuevas conductas delictivas específicas del ámbito digital. Entre los delitos incluidos se encuentran la suplantación de identidad, el daño informático y el acoso telemático. Por ejemplo, la suplantación de identidad ocurre cuando "una persona adopta falsamente la identidad de otra a través de redes sociales o correos electrónicos" con el fin de obtener información personal o acceder a recursos financieros. De manera similar, el daño informático se refiere a actos como la introducción de virus o el bloqueo de sistemas informáticos, que ahora están tipificados claramente en la ley.
La nueva ley "viene a dar más herramientas a los jueces y fiscales" para perseguir y prevenir los delitos informáticos, expresó el experto.
Además de sancionar los delitos, la ley introduce un enfoque preventivo que busca evitar que estos crímenes ocurran en primer lugar. Un capítulo completo de la ley está dedicado a las medidas de prevención y educación en ciberseguridad, obligando al Estado a "promover campañas de educación y de concientización en materia de ciberseguridad".
Pesce señala que este es un aspecto crucial porque muchos delitos informáticos se apoyan en la falta de conocimiento de la ciudadanía sobre los riesgos en el entorno digital.
Según el experto, "la ciberseguridad dejó de ser un asunto técnico; hoy en día es un tema de interés general".
Este cambio de enfoque refleja la importancia de que todos los ciudadanos adquieran las herramientas y conocimientos necesarios para protegerse en el ciberespacio.
Haciendo una analogía, Pesce menciona que, al igual que en el tránsito, donde es necesaria una buena infraestructura y educación vial, en el ciberespacio es fundamental que los usuarios estén informados y que exista una infraestructura digital "sólida y segura". De esta manera, se busca prevenir ataques cibernéticos que podrían paralizar servicios esenciales y afectar gravemente tanto a individuos como a instituciones.
Otro "avance significativo", explicó Pesce, es que introduce la nueva ley es la creación de un registro de ciberdelincuentes, que permitirá a las instituciones financieras y emisoras de dinero electrónico identificar a personas involucradas en actividades ilícitas en el entorno digital. Según Pesce, esta herramienta es clave para prevenir delitos futuros, especialmente en el ámbito financiero, donde el cibercrimen ha mostrado un incremento preocupante.
La ley también abre la puerta para que Uruguay adhiera a la Convención de Budapest, un tratado internacional que facilita la cooperación entre países para combatir los ciberdelitos.
Este tratado tiene como objetivo tratar al cibercrimen como un fenómeno global, sin fronteras, y posibilita la persecución y captura de delincuentes que operan desde otras jurisdicciones. Uruguay fue invitado a adherirse al tratado y, como explica Pesce, esta ley "nos pone en camino a ser parte de la Convención de Budapest", un paso crucial para la lucha contra los delitos internacionales que afectan al país desde el ciberespacio.
