La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que busca reforzar la prevención y represión de la ciberdelincuencia en el país.
Este proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, se presenta como una respuesta a la creciente amenaza de los delitos informáticos que afectan tanto a individuos como a instituciones públicas y privadas.
El proyecto de ley propone la inclusión de nuevos ciberdelitos en el Código Penal, como el acoso y fraude informático, estableciendo agravantes según la vulnerabilidad de la víctima.
También se incluye en el Código Penal la interceptación ilícita, la vulneración de datos y el "abuso de dispositivos".
Además, se plantea una campaña educativa sobre ciberseguridad para estudiantes y beneficiarios de programas sociales sobre distintos tipos de ciberataques como phishing, vishing, smishing, malware, troyanos e ingeniería social.
El texto prevé la creación de un registro de ciberdelincuentes para facilitar la colaboración entre instituciones, y la autorización a entidades financieras para inmovilizar fondos en casos de transacciones sospechosas.