La demanda contra Uruguay por la revocación de la concesión de Ruta 1 —un conflicto que se arrastra desde hace 20 años— dio un paso decisivo en el Ciadi. Con la reciente aceptación de la canadiense Meg Kinnear, el tribunal arbitral quedó finalmente integrado y el proceso está listo para avanzar.
Kinnear, una reconocida especialista en litigios internacionales, fue designada por el Estado uruguayo. Su incorporación cierra la conformación del cuerpo arbitral, que ya contaba con el alemán Stephan Schill (elegido por la empresa demandante AFAO) y que será presidido por el chileno Felipe Bulnes Serrano.
Con el tribunal completo, el organismo del Banco Mundial comenzará a analizar formalmente el reclamo de la firma española.
El caso, patrocinado por Dechamps International Law, invoca el tratado bilateral de inversión suscrito entre Uruguay y España en 1992 y se vincula con la rescisión, en 2005, del contrato con el Consorcio Ruta 1 S.A. para la construcción, conservación y explotación del tramo de doble vía Montevideo–Libertad y la obra del puente sobre el río Santa Lucía.
En ese momento, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, fundamentó la decisión en “graves incumplimientos”, entre ellos retrasos en las obras —que debían finalizar en 2003— y observaciones de la Auditoría Interna de la Nación sobre la situación económico-financiera del concesionario y su situación ante la Dirección General Impositiva.
El País consignó tiempo atrás que la firma española reclama US$ 383 millones al Estado uruguayo por la rescisión del contrato adjudicado en 1998. AFAO, accionista de la concesionaria a través de Bimper, sostiene que la controversia está amparada en el acuerdo de protección de inversiones vigente entre ambos países.
En 2009 había presentado una reclamación por 272,7 millones de euros, al considerar que la concesión fue rescindida cuando restaba 3% de la obra y más de diez años de explotación, denunciando un “asedio fiscal y administrativo” y la falta de indemnización.
En 2011, El Observador informó que AFAO reclamaba US$ 383 millones por lo que calificó como una expropiación de la concesión para construir la carretera y el puente sobre el río Santa Lucía. El proyecto incluía un puente estimado en US$ 45 millones y una carretera de unos 80 kilómetros. Ese año, Consorcio Ruta 1 sostuvo que el 96% de las obras estaban ejecutadas y que la crisis de 2002 le había triplicado los costos en dólares y reducido a la tercera parte sus ingresos por peaje.
En 2005, el consorcio ya sostenía que se había producido una “ecuación económica rota” que alteró las condiciones originales del contrato: señalaba que la recaudación del peaje había caído de unos US$ 700.000 antes de la crisis a alrededor de US$ 230.000 y que las deudas se habían triplicado, en el marco del conflicto que precedió a la rescisión decidida por el Poder Ejecutivo ese mismo año.
