Los funcionarios de la administración central, mayores de 55 años, representan el 30,7% en Uruguay, mientras el promedio de América Latina es 21,09%
Torre Ejecutiva
Foto: Inés GuimaraensA diciembre del año pasado, el promedio de edad de los funcionarios públicos en Uruguay es de 47,8 años. Si bien la cifra es levemente más baja que la relevada en 2013 (51,3 años), es casi idéntica al promedio de 2019 (47,6 años).
A nivel comparativo, la situación de Uruguay se ubica por encima del promedio regional e internacional dado que, mientras que el 30,7% de los funcionarios supera los 55 años, este grupo representa el 21,09% en América Latina y el Caribe y el 25,86% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los datos se desprenden de un análisis sobre la estructura etaria de los funcionarios públicos, realizado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y tienen en cuenta a los funcionarios civiles de Presidencia de la República y los 14 ministerios, mientras que excluye a militares y policiales.
Desde la ONSC argumentaron que conocer la cantidad de personas que entran en edad de retiro durante cada período de gobierno “es importante”, dado que permite “replantear preguntas como cuántas de esas vacantes es deseable reponer, o cuántas es necesario transformar en cargos con nuevos perfiles”.
En ese sentido, los datos reflejaron que a diciembre del año pasado, el 18,5% de los funcionarios ya se encontraba en edad de retiro (60 años), mientras que en 2019, ese porcentaje era incluso mayor (19,4%).
Si bien el fenómeno del envejecimiento demográfico no es exclusivo del país ni del Estado uruguayo, desde la ONSC manifestaron que la velocidad de envejecimiento de los funcionarios públicos suele ser más acelerada que en el sector privado.
A diferencia del sector privado, donde las dinámicas laborales tienden a una mayor rotación y presencia de perfiles jóvenes, el sector público tiene una estructura más rígida y envejecida, lo que genera tanto desafíos como oportunidades para la planificación del Estado en términos de sus funcionarios.
En línea con eso, el estudio de la ONSC constató que hacia finales de este período de gobierno, el 6,7% de los funcionarios públicos debería jubilarse por cumplir con la edad máxima que determina el retiro obligatorio en la administración pública (fijada en 70 años).
Sin embargo, en 2023 la edad promedio de retiro de estos funcionarios no fue la mínima ni la máxima, sino que fue de 64,3 años, algo mayor que en 2019 (63,9). Por tanto, la ONSC consideró la hipótesis de que si los próximos funcionarios se retiran a los 64 años, es decir, en línea con la edad promedio de retiro, entonces hacia finales de 2029, “se habrá jubilado más de uno de cada cinco funcionarios públicos del Poder Ejecutivo” (21,1%), un total de 3.702 personas.
Es decir que, de mantenerse las actuales condiciones, durante el actual período de gobierno, “la causal jubilatoria plantea la oportunidad de rediscutir el destino de un quinto de los cargos actualmente vigentes en el Poder Ejecutivo”, señaló el informe.
El ministerio que presentó la plantilla laboral más envejecida a diciembre de 2024 fue el de Educación y Cultura (MEC), con un promedio de edad de 52,4 años; le siguió el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) con un promedio de 51,1 años y Presidencia con un promedio de 50,4 años.
De forma contraria, el ministerio con funcionarios más jóvenes fue el del Interior (MI), con un promedio de edad de 42,2 años, seguido por el de Desarrollo Social (Mides) con un promedio de 43,6 años y el de Ambiente (MA) con un promedio de 45,9 años.
En tanto, según la ONSC, “hay tres incisos que tienen uno de cada cuatro o más de sus funcionarios con 60 años” o inclusive mayores: el Ministerio de Turismo, el de Transporte y Obras Públicas y el MEC.