La Rendición de Cuentas incorpora un nuevo mecanismo para mejorar la efectividad de los llamados a revisión de vehículos por fallas o defectos de fabricación. El proyecto de ley obliga a los importadores y proveedores de automóviles a comunicar esas alertas a las aseguradoras, que deberán identificar a los propietarios de las unidades afectadas y, en determinados casos, advertirles que podrían perder la cobertura del seguro si no realizan la reparación correspondiente.
La iniciativa figura en el artículo 112 del proyecto de ley y modifica el procedimiento mediante el cual se gestionan las alertas de seguridad emitidas por los fabricantes.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Según el texto, los proveedores de vehículos automotores deberán remitir a las aseguradoras habilitadas por el Banco Central (BCU) las alertas previstas en los artículos 5 a 7 del Anexo de la Resolución Nº 04/17 del Grupo Mercado Común (GMC), la normativa del Mercosur que regula este tipo de comunicaciones.
La información deberá incluir la identificación individual del chasis de cada vehículo, con el objetivo de facilitar su localización dentro de las bases de datos de las compañías aseguradoras.
Una vez recibida la comunicación, la aseguradora dispondrá de un plazo de 15 días corridos para realizar la búsqueda e informar al proveedor los resultados obtenidos. Esa respuesta deberá indicar si el vehículo tiene una póliza vigente y proporcionar los datos de identificación, teléfono, domicilio y correo electrónico tanto del asegurado como del tomador del seguro.
La cobertura podrá quedar sin efecto
El proyecto también prevé consecuencias para los propietarios que no atiendan las alertas de seguridad.
Si el vehículo cuenta con una póliza vigente, la aseguradora deberá comunicar al asegurado, al tomador del seguro y, si existiera, al cesionario, que no brindará cobertura sobre el riesgo del bien asegurado si el propietario no acredita haber coordinado y, cuando corresponda, haber concurrido a la atención prevista en la alerta emitida por el fabricante.
La redacción del proyecto no elimina automáticamente la cobertura, sino que condiciona su mantenimiento a que el propietario demuestre haber cumplido con el procedimiento previsto en el llamado a revisión.
El mecanismo busca aprovechar la información actualizada que poseen las aseguradoras para localizar a los titulares de vehículos cuando un fabricante detecta un defecto que requiere reparación.
Para ello, el proyecto crea una vía obligatoria de intercambio de información entre los proveedores de automóviles y las compañías aseguradoras, utilizando el número de chasis como elemento de identificación de cada unidad.
La iniciativa también establece que las infracciones a este régimen serán sancionadas por la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las sanciones se aplicarán conforme a lo previsto en el artículo 46 y en los numerales 1 y 2 del artículo 47 de la Ley Nº 17.250 de Relaciones de Consumo.
