“El Transpacífico no va”. Cuatro palabras, dichas a fines de octubre en una conferencia de prensa de rutina. Con ellas, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, archivó casi dos años de negociación para sumar a su país al Acuerdo Transpacífico, el bloque de doce economías que reúne el 15% del PIB mundial. En el mismo acto destituyó a la ministra que la había conducido. Las razones no vinieron de Tokio ni de Londres. Vinieron de casa: productores lecheros, ganaderos y de frutas y verduras de pequeña escala que, según la propia mandataria, nunca habían visto el texto completo de lo que se estaba por firmar.
Costa Rica iba a ser el socio número trece. La silla quedó libre y el siguiente en la fila es Uruguay.
El 21 de noviembre se cumple un año del día en que los doce miembros aceptaron abrir nuestra adhesión. Por entonces escribí en este espacio que un país pequeño, abierto y sin mercado interno potente debía decirle que sí a todas las puertas, y que la inserción internacional no era un menú a la carta sino un bufé. Lo sostengo. Pero un año después corresponde agregar lo que aquella vez no dije: en el bufé también llega la cuenta.
Primero, lo hecho. El grupo de trabajo que preside Chile se reunió por primera vez en mayo, en Londres. Uruguay contestó unas quinientas preguntas sobre la compatibilidad de sus normas con el tratado. En setiembre empezó la discusión que importa (qué productos entran, con qué arancel, en qué plazo) y el calendario prevé seis rondas antes de fin de año. En paralelo, el acuerdo con la Unión Europea rige en forma provisional desde mayo: entre ese mes y setiembre le vendimos bienes por US$ 860 millones, 12% más que un año atrás. En diciembre 2025 decíamos que 2026 sería el año de las concreciones. Una llegó. La otra sigue sobre la mesa, y la vicecanciller admite que todavía es “temprano” para decir qué gana Uruguay.
Hasta acá, el sí fue gratis. Pedir el ingreso no cuesta, y que a uno lo acepten, tampoco. La letra chica empieza ahora y tiene al menos tres capas de abordaje.
El primero se escribe en las empresas públicas. Un informe de las universidades de la República, de Montevideo y Católica concluyó que BROU, BSE, UTE, BHU, Ancap y Antel no son compatibles, tal como hoy operan, con las reglas del tratado: habrá que ajustar normas o negociar excepciones. El segundo, en la industria: la Confederación de Sindicatos Industriales acaba de reclamar un estudio público de impacto y no menos de quince años de desgravación para el textil, el calzado y la metalmecánica. El tercero, en el barrio. Lula fue reelecto y Brasil, hasta ahora ha cuestionado que sus socios negocien por su cuenta. Argentina pidió en junio su propio ingreso al Transpacífico. El 4 de diciembre los dos presidentes se sientan en Montevideo, en la cumbre que cierra nuestra presidencia del Mercosur.
Ninguno de los tres es argumento para levantarse de la mesa. Esos doce mercados reciben hoy apenas el 9% de nuestras exportaciones de bienes, y con ocho de ellos (Japón, Vietnam, el Reino Unido y Canadá entre otros) no tenemos acuerdo alguno. Para una canasta exportadora que en lo que va del año creció 1%, abrirlos no es un lujo. Y sigue vigente lo que Mark Carney dijo en Davos: quien no está en la mesa, está en el menú.
Pero la lección de San José es otra, y es incómoda. Los tratados no se caen habitualmente en la sala de negociación. Se caen en casa, cuando quienes van a pagar la cuenta se enteran tarde de cuánto es. Costa Rica negoció dos años en reserva y perdió en una conferencia de prensa. La reserva sirve para negociar; no sirve para convencer. En buen romance: el estudio de impacto que piden los sindicatos no es una concesión a quienes se oponen. Es la condición para que el sí sobreviva al Parlamento, a las internas partidarias y al próximo ciclo electoral. Hay que decir cuánto cuesta poner a competir a las empresas públicas, qué plazos tendrá la industria sensible y qué se le ofrece a quien pierde. Y de algún modo preverlo.
Uruguay tiene con qué. El presidente Orsi lo dijo hace unos días en Madrid: los gobiernos cambian, pero el país “no empieza de cero cada cinco años”. La solicitud la presentó un gobierno y la negocia otro, de otro signo. Esa continuidad es exactamente lo que nuestros futuros socios compran. Solo que una política de Estado se prueba cuando llega la cuenta, no cuando se pide la carta.
“El Transpacífico no va” fueron cuatro palabras. El sí tiene apenas dos letras. Sostenerlo exige leer antes todas las demás: las chicas.