El depósito Lobraus, al que la Administración Nacional de Puertos (ANP) le rescindió la concesión para operar, perdió un juicio por incumplir pagos contra un grupo de tenedores de obligaciones negociables. La sentencia condena a la empresa a pagar US$ 5 millones, más intereses moratorios.

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El fallo del Juzgado de primera instancia en lo civil de 20º Turno indica que la demanda fue presentada por De Baeremaecker y Perera Corredores de Bolsa como representantes de 24 titulares de las obligaciones negociables emitidas por Lobraus. Recuerda que el 7 de noviembre de 2019 la empresa aprobó un programa de emisión privada de obligaciones negociables por hasta US$ 10 millones, en dos series de US$ 5 millones. Añade que el monto efectivamente prestado ascendió a US$ 5.053.014, cifra que la empresa reconoció en sus estados contables.

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La sentencia, a la que accedió El Observador, explica que los fondos estaban destinados a financiar la construcción y explotación de un centro logístico en el puerto de Montevideo. Lobraus había sido el ganador de una licitación que incluía la construcción, y posterior operación, de un depósito portuario y una torre de 21 pisos que nunca fue edificada.

Para garantizar la operación, la compañía declaró que sus ingresos anuales superarían los US$ 6 millones. El plazo de repago establecido fue de cinco años desde noviembre de 2019 y el capital se debía amortizar en cuotas semestrales de US$ 842.169, con un primer vencimiento en junio de 2022.

“Lobraus no pagó esa cuota ni las siguientes”, afirma la sentencia.

El texto indica que el programa había fijado un interés compensatorio de 9% anual y otro moratorio de 11% sobre los importes vencidos e impagos.

Para defenderse, Lobraus presentó varios descargos para justificar los impagos. Allí mencionó la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) que el gobierno firmó con Katoen Natie en 2021 y resoluciones de la ANP sobre servicios de frío en el depósito portuario.

“Si esas decisiones alteraron la economía de la concesión, la cuestión se plantearía en la relación de Lobraus con el concedente (ANP). No justifica trasladar ese riesgo a los obligacionistas, que no intervinieron en esos actos y contrataron con Lobraus un negocio de derecho privado”, expone el fallo firmado por el juez Germán Olivera.

En otro pasaje destaca un dato. Al emitir, Lobraus declaró que sus ingresos anuales superaban los US$ 6 millones. Según la pericia, esos ingresos fueron de US$ 6.411.976 en 2019, US$ 6.836.998 en 2020, US$ 6.576.142 en 2021 y US$ 5.866.536.

“Durante los años en que, según Lobraus, se produjeron los hechos imprevistos, sus ingresos se mantuvieron en el nivel que declaró al contratar, salvo una caída moderada en el último ejercicio. Lo que se alteró fue su estructura de costos, que responde a decisiones de su propia operativa”, concluye.

Tras analizar la demanda y la defensa, la sentencia condenó a Lobraus a pagar a los tenedores el capital adeudado de US$ 5.053.014, incluidos los intereses compensatorios capitalizados, más intereses moratorios de 11% nominal desde la presentación de la demanda hasta el pago, con descuento de un monto abonado por un cupón de intereses de marzo de 2024. Además, desestimó la explicación de la empresa fundada en la teoría de la imprevisión, ya que las dificultades económicas mencionadas no configuraron una imposibilidad de cumplimiento y respondieron a riesgos propios de la actividad empresarial.

Un “deudor contumaz” en la ANP

El año pasado, el directorio de la ANP comenzó a seguir de cerca la situación de Lobraus en el puerto de Montevideo. En el análisis se tomó en cuenta un informe del Departamento Financiero Contable que reseñó una serie de incumplimientos. La compañía había generado una deuda en dólares por pago de canon y facturas pendientes en pesos. En total, adeudaba más de US$ 500.000 al organismo.

Para regularizar la situación, la ANP había propuesto un plan de pagos en cuotas que no fue aceptado. La respuesta fue que no podía acceder a esa financiación y ofreció, a su vez, realizar “entregas semanales a cuenta” para cumplir con las obligaciones mensuales corrientes. Es decir, Lobraus solamente cancelaría, en partes, las facturas que se fueran generando, pero no las atrasadas. Y eso terminó con la paciencia de las autoridades.

“Se intentó buscar una solución, pero es un deudor contumaz, serial”, dijo a El Observador el director de la ANP, Jorge Gandini luego de una reunión de la cúpula del organismo realizada el jueves 11 de setiembre del año pasado.

La morosidad continuó y el miércoles 14 de enero de este año el directorio resolvió rescindir la concesión de Lobraus. La resolución indicó que “el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato al concesionario determinará la rescisión de la concesión” y agregó que la decisión podía ser adoptada unilateralmente por la ANP, sin que el operador “tenga derecho a indemnización alguna”.

Agregó que la generación de deuda por canon también era causal del fin de la concesión y añadió que al cierre del año Lobraus debía 10 meses de pago por ese concepto, de los cuales 9 eran consecutivos.

Entonces, decidió rescindir la concesión que fue validada luego por el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Transporte MTOP).

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