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16 de enero 2026 - 5:00hs

Luego de constatar años de irregularidades, la cúpula de la ANP aprobó este miércoles la culminación de la relación contractual con el depósito portuario. La decisión fue tomada en una reunión de directorio en la que estuvieron el presidente Pablo Genta y el vicepresidente Constante Mendiondo y en la que no participó el director por la oposición, Jorge Gandini.

La resolución, a la que accedió El Observador, relata el largo periplo de la compañía desde el 15 de enero de 2016 cuando firmó un contrato con la ANP para “la construcción y explotación de un edificio” con “depósitos generales, especiales, cámaras frigoríficas y oficinas, restaurante-cafetería, dentro del puerto de Montevideo”, según el texto fechado este miércoles 16 de enero.

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La idea de la compañía fue instalar un depósito portuario con un edificio de 21 pisos. Pero la torre nunca fue construida. Ante eso, el año pasado las autoridades resolvieron avanzar en la rescisión de la concesión. La resolución aprobada hace dos días señala que la empresa generó una deuda por canon (contraprestación por ocupación de espacio portuario) de US$ 363.169 al 10 de diciembre de 2025. Añade que Lobraus fue intimada, pero no cumplió con el pago. Por otra parte, mantiene pendientes facturas por $ 2.340.158. En total, la empresa debe a la ANP más de US$ 500.000.

Los incumplimientos, expuestos por un informe del Departamento Financiero Contable de la ANP, ya estaban en conocimiento del directorio y habían sido analizados. Incluso, se le había planteado a la compañía un plan de pagos en cuotas. La respuesta fue que no podía acceder a esa financiación y ofreció, a su vez, realizar “entregas semanales a cuenta” para cumplir con las obligaciones mensuales corrientes. Es decir, Lobraus solamente cancelaría, en partes, las facturas que se fueran generando, pero no las atrasadas. Y eso terminó con la paciencia de las autoridades.

“Se intentó buscar una solución, pero es un deudor contumaz, serial”, dijo Gandini a El Observador luego de una reunión del directorio del jueves 11 de setiembre del año pasado. En esa instancia también propuso otorgar un último plazo para ver si la compañía cambiaba su postura. “Si eso no pasa, que se le baje la llave y no pueda operar”, señaló.

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Jorge Gandini

Jorge Gandini

Los dichos generaron una respuesta empresarial y el anuncio de acciones judiciales contra el director por US$ 1 millón.

La rescisión de la concesión

En la resolución, la ANP recuerda algunos artículos del pliego de condiciones de la licitación que concedió el proyecto dentro del puerto de Montevideo. Uno de ellos, sobre la ejecución y aprobación de las obras, establecía que “el concesionario deberá efectuar en un plazo de 3 años contados a partir del acta de entrega de las instalaciones, las obras civiles establecidas en el proyecto ejecutivo”. Expone que ese plazo solamente podía ser prorrogado en razón de fuerza mayor debidamente acreditado.

Luego señala que “el incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato al concesionario determinará la rescisión de la concesión” y agrega que la decisión “podrá ser adoptada unilateralmente por la ANP, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización alguna”.

A su vez, también con mención al pliego y el contrato, expresa que el término de la concesión “comporta la ejecución inmediata, a favor de la ANP, de la garantía de cumplimiento del contrato”. Pero también explica que esa ejecución “no impedirá que la ANP recupere el valor total de los daños y perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia del incumplimiento del concesionario”.

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La resolución además toma en cuenta un informe de la División Contencioso y Sumarios del organismo que había sugerido la rescisión tomando en cuenta “los graves incumplimientos constatados y ante el vencimiento de todos los plazos dispuestos y otorgados para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pese a las diversas gestiones realizadas (vistas, intimaciones)”.

Por último indica que la generación de deuda por canon también es causal del fin de la concesión y complementa que Lobraus debe 10 meses de pago por ese concepto, de los cuales 9 son consecutivos.

Por lo expuesto, el directorio de la ANP resolvió rescindir el contrato de concesión de Lobraus por incumplimiento, sin derecho a indemnización y ejecutar la garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan.

Quedó previsto que la resolución se remita al Ministerio de Transporte (MTOP) para su aprobación por el Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas.

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