La cúpula de la ANP mantuvo la primera reunión de 2026 con la presencia del presidente Pablo Genta y el vicepresidente Constante Mendiondo y sin la participación del director por la oposición, Jorge Gandini.
Con los dos votos oficialistas, el organismo definió la rescisión por incumplimiento del concesionario, sin derecho a indemnización alguna, según supo El Observador.
La empresa ya había sido suspendida como operador portuario y también clausurada en diciembre por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
La relación entre la ANP y Lobraus
El proyecto original de Lobraus, por el que obtuvo una concesión en el 2016 hasta 2046, constaba de un depósito logístico y un edificio de 21 pisos. Una década después solamente el depósito está construido y la torre quedó en una promesa incumplida. Esa irregularidad motivó varios reclamos de las autoridades para que la empresa se hiciera cargo de la obra en general. El año pasado el ánimo oficial pareció agotarse y el jueves 11 de setiembre el directorio de la ANP avanzó en la idea de la rescisión de la concesión.
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Allí se decidió también, a pedido de Gandini, otorgarle un plazo de 15 días para que abonara deudas pendientes. Y si eso no ocurría se buscarían otras soluciones. Las autoridades tenían un informe del Departamento Financiero Contable que exponía facturas atrasadas por US$ 448.949 y $ 2.340.158. En total, la compañía adeudaba a la ANP más de medio millón de dólares.
Un mes después y medio después, el 29 de octubre, la ANP resolvió intimar a Lobraus para que cumpliera con los pagos pendientes, mientras la idea de terminar la relación contractual cobraba cada vez más fuerza. Las intimaciones vencieron y la compañía -más allá de presentar escritos en oficinas del gobierno- mantuvo las irregularidades.
Sin ninguna novedad llegó diciembre y el directorio decidió suspender a Lobraus como operador portuario. En paralelo, la DNA resolvió el jueves 11 clausurar la habilitación aduanera a la compañía y prohibió el ingreso de mercadería al predio que tiene en el puerto de Montevideo. Además le otorgó un plazo de 60 días para el retiro total de la carga almacenada en las instalaciones, autorizando solamente las operaciones de salida.
La última decisión de la ANP fue tomada este miércoles 14 de enero con la rescisión de la concesión y el posterior pasaje de la resolución al Poder Ejecutivo.