Caso Cardama: dichos y hechos del gobierno de Yamandú Orsi

¿Qué había cambiado el panorama de una manera tan radical?

El descubrimiento de que la garantía de fiel cumplimiento que Cardama había presentado para echar a andar el contrato con el estado uruguayo era falsa, estaba hecha por una compañía de papel, inexistente en la realidad.

En aquella conferencia de prensa de octubre, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, recordó las enormes dificultades que había tenido Cardama para conseguir la garantía obligatoria para que el contrato entrara en vigencia. Los 45 días de plazo que se establecían se habían transformado en casi un año de frustrados intentos.

El gobierno de Luis Lacalle Pou, en lugar de valorar que esas dificultades podían ser un indicador de falta de confianza de las entidades bancarias en la situación financiera, las capacidades y los antecedentes del astillero gallego, sin experiencia previa en la construcción de patrulleras oceánicas, extendió una y otra vez los plazos.

Uno de los tantos que no aceptó salirle de garantía a Cardama fue el propio Banco de Seguros del Estado. Su entonces presidente, el exlegislador del Partido Colorado José Amorín Batlle, dijo a El Observador que los servicios comerciales de la institución llegaron a esa conclusión de un modo concluyente. No fue una decisión que admitiera dudas. Era claro que, en función de los datos presentados, no se le podía salir de garantía a Cardama.

“Los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante, porque el primer barco iba a estar construido en 18 meses”, dijo Díaz en la conferencia de prensa de octubre. En diciembre, en una entrevista en Desayunos Informales, agregó que la presentación de una empresa ficticia como garantía constituyó “un fraude”. “Gracias a esa garantía de una empresa de papel, o una garantía trucha, el contrato entró en vigencia, porque de lo contrario nunca habría entrado en vigencia”.

Reuniones con Gonzalo Fernández

Que una garantía de fiel cumplimiento falsa resultara motivo suficiente para rescindir todo el contrato, no era la postura unánime del gobierno.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo a M24 que había una “controversia” acerca de la garantía, pero que “si esa garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, entiendo que el contrato continúa”.

Por el contrario, tanto el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez (en La Diaria), como Díaz (en el programa Fácil Desviarse) afirmaron que, más allá de agotar las instancias formales, el gobierno tenía la "convicción" y la "voluntad" de avanzar hacia la rescisión del contrato.

De todos modos, Sánchez anunció el 27 de octubre que habría una negociación con Cardama: “En el contrato está establecida la posibilidad de una mediación (…) El Estado uruguayo respeta el Estado de derecho”.

Cardama contrató para representarla en tal mediación al abogado Gonzalo Fernández, en busca de un representante afín al gobierno frenteamplista.

Fernández fue secretario de la Presidencia, canciller y ministro de Defensa del primer gobierno de Tabaré Vázquez.

El mediador fue recibido en primera instancia por el presidente Orsi y un funcionario y abogado de su confianza. Luego participó de otra reunión con Lazo, Sánchez, Díaz, el funcionario y abogado de confianza del presidente, al menos otros dos integrantes del gobierno y una catedrática de derecho. En esas reuniones ofreció tres posibilidades para sustituir la garantía falsa. La información fue publicada por El Observador y otros medios.

Sin embargo, según relató un participante en la reunión, los representantes del gobierno dijeron que no bastaba con reemplazar la garantía, que existían otros varios importantes aspectos del contrato que se quería revisar.

Tal afirmación coincide con declaraciones públicas de Sánchez en las que señaló que gobierno quería "revisar muchos aspectos del contrato que generan dudas", según dijo en una entrevista con el programa De no olvidar, el 17 de noviembre.

En aquella segunda reunión con la comitiva del gobierno, cuando le señalaron varios aspectos del contrato que se querían cambiar, el abogado Fernández pidió que le dieran una lista escrita de esos puntos de modo de poder presentarla a Cardama.

El listado, sin embargo, nunca le fue remitido. Días después, y ante el silencio del gobierno, Fernández renunció a la mediación para la cual había sido contratado por Cardama.

Sobre esta mediación, los integrantes del gobierno han dado versiones distintas.

Díaz dijo al programa De no olvidar el 8 de diciembre que Fernández “aparece un día, dice que es mandatado por la empresa para buscar alguna solución”. Esa gestión concluyó sin resultados y se clausuró. “No hubo avances”, señaló.

Sin embargo, más recientemente, el 16 de febrero, y ante las críticas de la oposición de no haber tomado la mejor decisión al rescindir el contrato, Díaz señaló que Gonzalo Fernández no medió contratado por Cardama, sino que hizo una gestión personal. “Expresamente nos dijo: ‘Yo no soy abogado de Cardama. No represento a Cardama. Vengo a ofrecer mis buenos oficios”, declaró Díaz en Desayunos Informales. Pocos días después, en el mismo programa, Lazo repitió la misma idea, con las mismas palabras. Agregó que Fernández se presentó ante el gobierno a título personal “a ver si había una posibilidad de mediar”. Y remarcó que “no representaba a nadie”.

Sobre las ofertas presentadas por el abogado en nombre del astillero español para sustituir la garantía falsa, Díaz señaló: “Yo participé de una sola reunión donde este tema no estuvo sobre la mesa”. Y consultado sobre si no se presentó esa propuesta de tres garantías alternativas en la Torre Ejecutiva, repitió: “Hasta donde yo sé, no”. Agregó que en el expediente no consta nada de eso.

Licitación sí, licitación no

Mientras esto ocurría en Montevideo, en Vigo técnicos de la consultora internacional Bureau Veritas, contratada por el gobierno, evaluaban lo hecho por Cardama.

El informe final de la certificadora permitió que tanto los voceros del gobierno como los de la oposición cantaran victoria. Por un lado, Bureau Veritas certificó que la construcción las patrulleras llevaba un considerable atraso, que los plazos del contrato no podrían cumplirse, que se las está construyendo sin planos aprobados y que no se ha cuidado que cumplan con la normativa obligatoria para barcos de bandera uruguaya. Por otro lado, también señaló que la calidad de lo que Cardama ha construido hasta el momento es “satisfactoria”.

Cada bando hizo hincapié en la parte que más refleja sus posiciones, e ignoró el resto.

En enero, y tras una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Orsi anunció, ahora sí, la rescisión del contrato con Cardama, el inicio de acciones legales para recuperar los 30 millones de dólares ya pagados al astillero y la realización de investigaciones para definir “responsabilidades institucionales e individuales”.

A pesar de que Díaz había declarado en diciembre que se pretendía incorporar a los fundamentos de la rescisión otros incumplimientos de Cardama, el argumento esgrimido para la rescisión fue el mismo de octubre: la garantía trucha.

De modo previsible, las reacciones al anuncio fueron opuestas. El directorio del Partido Nacional emitió una resolución en la que se criticó la decisión, se señaló que ella “solo pretende destruir el legado del gobierno de la Coalición Republicana y el presidente Lacalle Pou” y denunció que puede “producir graves consecuencias para nuestro país, por el riesgo de una demanda multimillonaria y el daño a nuestra credibilidad jurídica”.

El exprosecretario de la Presidencia y profesor de derecho administrativo, Rodrigo Ferrés, publicó un documento dando sustento jurídico a esta posición. Sostuvo que la garantía de fiel cumplimiento constituye “un requisito de eficacia del contrato” y no un elemento esencial que pueda determinar su nulidad.

Díaz, en cambio, señaló que el gobierno cuenta con “asesoramientos jurídicos fuertes y consistentes de catedráticos de derecho administrativo, de profesores extranjeros y de profesores de derecho civil que nos dicen claramente que tenemos todos los fundamentos para rescindir el contrato”. También citó la existencia de un informe de abogados del Ministerio de Defensa.

Uno de los informes en poder del gobierno está firmado por la catedrática de derecho administrativo Cristina Vázquez. Según informó La Diaria, la jurista señala que “desde la perspectiva del derecho público, la garantía de fiel cumplimiento de contrato constituye una exigencia sustancial”. Agrega que en el contrato le confirió “las cualidades de un elemento esencial (…) al punto de incidir en su entrada en vigor”.

Al rescindir el contrato, la ministra Lazo comprometió a que la Armada tendrá nuevas patrulleras oceánicas en este gobierno.

El 19 de febrero, en Desayunos Informales, se refirió a cómo se deberá procesar la compra. Recordó lo que han repetido una y otra vez los integrantes del gobierno: qué quieren saber cómo se eligió a Cardama. “Después de esto, habrá que ser absolutamente transparente”, dijo. Preguntada respecto a si eso significaba que ser habrá una licitación, respondió que sí.

Apenas unas horas después, el propio presidente Orsi le enmendó la plana a su ministra. En rueda de prensa relató que ya se recibieron no menos de cinco ofertas y que en forma rápida se elegirá la que el gobierno entienda más conveniente. “En este mes tendríamos que tener por lo menos seleccionadas dos de las opciones que más nos gustan”.