El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este viernes en conferencia de prensa la rescisión del contrato con Cardama, el astillero español que estaba construyendo dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.
El mandatario había transmitido previamente la decisión al Consejo de Ministros y el gabinete la había apoyado. Los jerarcas implicados, que luego estuvieron en la conferencia de prensa, Sandra Lazo y Jorge Díaz, hicieron un racconto de la situación, y varios ministros pidieron la palabra para expresar su conformidad con lo resuelto, dijeron a El Observador participantes del encuentro.
El tema no fue el único del consejo aunque sí el más importante. Los integrantes del gabinete también evaluaron el viaje a China, el cronograma de aprobación parlamentaria del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y el ingreso al Acuerdo Transpacífico (Cptpp).
Ante la prensa, el mandatario dijo que el gobierno había dispuesto además de la rescisión el inicio de acciones por daños y perjuicios, pero también para "recuperar el patrimonio" y establecer responsabilidades institucionales e individuales acerca de todo el proceso.
Según supo El Observador, las acciones por daños y perjuicios serán realizadas por el Ministerio de Defensa, el cual deberá resolver si formula la denuncia que se tramitará por la vía civil con abogados propios o si contrata a algún estudio jurídico local. Esto porque la Secretaría de Litigio Estratégico, que fue aprobada en el presupuesto de 2025, aún no fue constituida.
En el Poder Ejecutivo entienden que el juicio es una consecuencia natural del cumplimiento del artículo 70 del Tocaf –por el cual se rige el contrato firmado–, que establece que "la administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello".
Ese artículo también señala que "la rescisión por incumplimiento del contratista, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente".
De acuerdo con el gobierno, los incumplimientos graves de Cardama se dieron en la conformación de las garantías. Por un lado, el astillero reconoció que la de fiel cumplimiento era falsa, mientras que la de reembolso, según el oficialismo, estuvo mal tramitada ya que lo aceptado no fue la póliza sino un documento de términos y condiciones.
Pero a su vez, el Poder Ejecutivo resolvió que instruirá al estudio Uría Menéndez, uno de los más reconocidos de España, a iniciar todas las acciones para recuperar el dinero pago –unos US$ 30 millones– y parte de la OPV que Cardama lleva construida. De acuerdo con la auditoría de Bureau Veritas, es un 43% del acero aunque para esta época debería estar en un 70%.
El artículo 21 del contrato establece que "en todos los casos en que el comprador rechace fundadamente cualquiera de los buques estará autorizado para declarar cancelado este contrato y recibir seguidamente del constructor la devolución de todos los importes ya pagados, así como los suministros efectuados por el comprador si los hubiere, ejecutando las garantías constituidas".
"En dicho caso el comprador también tendrá derecho a reclamar los daños y perjuicios que se le hayan causado, los cuales deberá acreditar, sin perjuicio de las penalidades y límites aplicables en este contrato".
Por último, el gobierno también buscarán ejecutar la garantía de Redbridge (de unos US$ 9 millones), ya que si bien estuvo mal tramitada, en el gobierno entienden que está vigente.
