La ratificación del convenio 158 de OIT está en la agenda del Ministerio de Trabajo tras el cierre de varias empresas en los últimos tiempos
La eventual ratificación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvió a instalarse en la agenda local hace algunas semanas.
El Ministerio de Trabajo tiene listo un proyecto para que el Poder Ejecutivo promueva ante el Parlamento su ratificación. El instrumento exige justificar los despidos.
La iniciativa, impulsada por el ministro Juan Castillo tras recientes cierres de empresas, está en trámite interno en varios organismos del Estado y se enviaría al Legislativo cuando lo determine Presidencia.
El Convenio 158 fue adoptado en 1982 y entró en vigor en 1985. Su eje central es que la terminación de la relación laboral por iniciativa del empleador no puede producirse sin una causa válida vinculada a la conducta o capacidad del trabajador o a las necesidades de funcionamiento de la empresa como reestructuras, innovaciones tecnológicas o pérdida de mercados.
También prevé que el trabajador pueda recurrir la decisión ante una autoridad imparcial si considera que el despido fue injustificado.
Además, el convenio establece garantías adicionales cuando los despidos responden a razones económicas, tecnológicas o estructurales. En esos casos, dispone que el empleador debe informar previamente a los representantes de los trabajadores y dar cuenta a la autoridad competente. Además, deberá analizar posibles medidas para evitar o mitigar las desvinculaciones.
En total, 36 de los 187 Estados miembros de la OIT mantienen vigente el convenio. Las ratificaciones se concentran principalmente en Europa y África, con algunos casos en Oceanía y presencia acotada en América Latina.
Entre los Estados que mantienen vigente la ratificación del Convenio 158 se encuentran Antigua y Barbuda, Australia, Bosnia y Herzegovina, Camerún, República Centroafricana, Chipre, República Democrática del Congo, Eslovaquia, Eslovenia, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Letonia, Lesotho, Luxemburgo, Malawi, Marruecos, Montenegro, Namibia, Níger, Papúa Nueva Guinea, Portugal, República de Moldova, Santa Lucía, Serbia, Suecia, Turquía, Uganda, Ucrania, Yemen, Zambia y Macedonia del Norte y Santo Tomé y Príncipe.
En América Latina, la presencia del Convenio 158 es limitada. Solo Venezuela mantiene vigente la ratificación, mientras que Brasil lo denunció poco después de haberlo ratificado en 1995. La retirada unilateral del convenio por parte del presidente Fernando Henrique Cardoso generó debate sobre la validez de este tipo de decisiones sin la aprobación del Congreso, cuestión que el Supremo Tribunal Federal abordó en 2023, reafirmando que la denuncia de tratados internacionales requiere la anuencia legislativa.
La mayoría de los países de la región, incluidos Argentina, Perú y Chile, no han ratificado el instrumento, lo que pone de relieve que, aunque el convenio tiene amplia adopción en Europa y África, su implementación en Latinoamérica sigue siendo minoritaria.
Tampoco economías como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón, México, India, Italia, China y Arabia Saudita, entre otras, han ratificado el instrumento, según datos de la OIT.