El presidente Yamandú Orsi informó este viernes en conferencia de prensa que el gobierno resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama, contratado por la anterior administración encabezada por Luis Lacalle Pou para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV).
La situación del astillero Cardama, contratado para construir dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, fue el tema central de la instancia. El gobierno finalmente decidió avanzar en la rescisión del contrato, tras detectar irregularidades en garantías y presuntos incumplimientos en el proyecto.
El mandatario realizó la conferencia acompañado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y explicó que la comparecencia respondió a la “necesidad de transparencia en la gestión pública”.
Orsi recordó que el 22 de octubre de 2025 ya había brindado una conferencia sobre el mismo asunto, luego de que se detectara que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama para la construcción de los buques “no existía”, o lo que es “peor aún”, se trataba de “un documento falso”.
El presidente sostuvo que esa situación ya constituía “un hecho grave”, pero señaló que tras notificar a la empresa surgieron nuevos elementos.
“A partir de ese día se le notificó a la empresa, la propia empresa admitió que esa garantía de fiel cumplimiento era inexistente. Las garantías son las que permiten que ese contrato entre en vigor, pero decidimos darle todas las garantías a la empresa porque quizás había cosas que se podían solucionar más allá de la gravedad del asunto”, afirmó.
Posteriormente, indicó que se detectaron nuevas irregularidades. “Seguimos recogiendo información y nos encontramos con otra novedad: otra garantía, la de reembolso o anticipo financiero, no cumple con lo establecido en el contrato”, expresó, y añadió: “A tal punto es irregular la situación que el documento que presentó Cardama no era la póliza de garantía de la empresa sino que lo que teníamos en nuestras manos era un documento de términos y condiciones”.
“Cuando nos hicimos de esa otra garantía, no condice con lo que establece el contrato”, señaló.
Según explicó, “las dos garantías” —que constituyen “elemento sustancial” del contrato— no cumplían con las condiciones exigidas.
Por ese motivo, concluyó el mandatario, “el contrato no camina”, lo que dio lugar a la definición de cuatro acciones por parte del Poder Ejecutivo.
“Decidimos iniciar cuatro acciones: rescindir contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios, recuperar el patrimonio, definir responsabilidades y procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias”, sentenció el mandatario.
“El Estado uruguayo ha cumplido absolutamente todas las obligaciones”, afirmó por su parte el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Explicó, asimismo, que el gobierno consultó con expertos jurídicos de grado 5 para tomar esta decisión.
"Hoy no tenemos garantía de ningún tipo y esto constituye incumplimientos graves, que nos permite rescindir el contrato", argumentó.
Previo a la toma de la decisión, el Poder Ejecutivo contaba con dos informes recientes: uno elaborado por observadores de la Armada y otro de la auditora internacional Bureau Veritas, que advierte “deficiencias en el proceso constructivo”, atrasos de al menos cinco meses y falta de cronogramas actualizados. También se señala que el avance de obra es menor al previsto y que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega”.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, sostuvo que la decisión es política pero también tiene “connotaciones jurídicas y técnicas”, mientras que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, había indicado que el gobierno resolvería “en el momento que entienda oportuno y que por derecho corresponda”.
A continuación, podés seguir repasar la conferencia de prensa del anuncio.
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