El senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, cuestionó el proceso de construcción de las patrullas oceánicas encargadas al astillero español Astillero Cardama, tras conocerse el informe de auditoría elaborado por Bureau Veritas.
Según indicó, el actual gobierno contrató a una empresa internacional para verificar el estado de situación de una de las embarcaciones, ya que la segunda “ni siquiera se empezó a construirse”. De acuerdo al legislador, el informe concluyó que Cardama no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega.
Incumplimientos y adelanto de fondos
“Ese informe, muy importante, da cuenta de que no se cumplió el plazo establecido en el contrato. Hay, por lo menos, un incumplimiento de más de cinco meses y hay una serie de problemáticas importantes que también constituyen incumplimientos del contrato por parte del contratista, entre ellos que nunca se realizó la certificación para la construcción de bandera nacional, hay falta de entrega de casi un 50% de lo que estaba comprometido en el contrato, hay problemas de construcción, y hay terciarización”, afirmó Caggiani.
El senador sostuvo que, a la luz de los antecedentes, no cree que haya nadie “que pueda defender esto como un negocio que haya sido beneficioso para los uruguayos”.
“Lamentablemente se termina confirmado lo que denunció el Estado: que aquí no solamente hay un incumplimiento por parte del contratista que es un astillero español que no tiene certificación para construir patrulleras de este estilo, y además se le adelantó casi 30 millones de euros, para algo que ni siquiera sabemos si va a flotar”, agregó.
Posibles consecuencias políticas y penales
Caggiani aseguró que la situación es casi “un fraude” contra el Estado uruguayo y advirtió que podría tener consecuencias no solo políticas sino también penales.
“Quienes firmaron ese contrato tanto por parte del contratista como las autoridades anteriores no se han hecho ni responsables ni han dado siquiera una disculpa pública al Estado uruguayo y sobre todo a los uruguayos”, señaló.
Consultado sobre por qué no se ha procedido a la rescisión del contrato, el senador indicó que existe un procedimiento jurídico en curso y que, cuando corresponda, “se rescindirá el contrato”.
Según sostuvo, las patrullas oceánicas deberían haber estado prontas hace tres meses y hasta ahora lo que hay “es chatarra”.
“El único que entregó cosas fue el Estado uruguayo, primero entregó soberanía y después entregó dinero a cambio de nada y eso es muy grave. Quienes hicieron eso van a tener que responder ante la justicia y también ante el Parlamento”, concluyó.
