La agencia S&P Global Ratings informó que el intento de renuncia y el proceso de juicio político en marcha contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, no tienen implicaciones inmediatas para las calificaciones soberanas del país, las cuales se mantienen en 'BBB-/Estable/A-3', en el peldaño de entrada a la categoría de grado de inversión. Se prevé que el vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la jefatura de Estado una vez concluido el proceso institucional para completar el mandato gubernamental hasta agosto de 2028.
El juicio político a Peña se desencadenó en un contexto de creciente presión política y social, marcado por la intervención de Ueno Bank S.A. por parte del Banco Central del Paraguay debido a irregularidades detectadas en la supervisión y al deterioro de su solvencia, evento que llevó a la calificadora a bajar la nota del banco a categoría de incumplimiento ('D').
La evaluación crediticia de Paraguay en 'BBB-' contempla de antemano el marco de instituciones políticas en desarrollo del país, caracterizado por pesos y contrapesos limitados y una gobernanza comparativamente débil.
Sin embargo, la agencia destacó que existe un amplio consenso en la dirección macroeconómica, lo que respalda la previsibilidad de las políticas públicas y el fortalecimiento del crecimiento económico. En su escenario base, S&P proyecta que la administración de Alliana mantendrá un enfoque pragmático. Pese a que los acontecimientos recientes podrían afectar la confianza de los inversores en el corto plazo, la clasificadora considera que la economía continuará mostrándose resiliente, proyectando una expansión del PIB del 4,8% para 2026 y un crecimiento del 3,5% para el período 2027-2028.
En relación con el sistema bancario, S&P no espera que la situación de Ueno Bank se traduzca en debilidades crediticias generalizadas o en un impacto no contenido en la confianza de los depositantes. Alrededor del 97% de los depositantes se beneficiaría de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay, cuyo proceso de devolución de ahorros cubiertos comenzó tras la aprobación acelerada de legislación por parte del Congreso para habilitar mecanismos que agilicen el trámite.
Por otro lado, la agencia prevé que la transición política podría ralentizar el ritmo de la corrección fiscal, aunque estima que la carga de deuda se mantendrá moderada y por debajo de la de la mayoría de sus pares. Paraguay ya había presentado en agosto una nueva meta de corrección fiscal para incorporar obligaciones pendientes con proveedores y aplazó hasta 2028 el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Si bien la dinámica política plantea riesgos para la capacidad del soberano de contener el gasto y podría surgir un costo fiscal asociado a la atención de depósitos no cubiertos en Ueno Bank —entre los que se incluyen fondos del sector público—, S&P considera inicialmente que la desviación fiscal respecto de su escenario base debería ser limitada.
La agencia continuará monitoreando el evento y advierte que consideraría negativamente un incremento de la incertidumbre política o un deterioro de la confianza institucional que afecte significativamente las expectativas de crecimiento o debilite la posición fiscal, externa o monetaria del país.
