En las últimas semanas han resurgido con fuerza los análisis sobre la transición demográfica que atraviesa Uruguay. Un fenómeno que, aunque conocido por quienes seguimos estos temas desde hace años, empieza a ocupar un lugar más central en el debate público. Y con razón: los datos son elocuentes y las implicancias, profundas.
La estructura poblacional de un país suele representarse gráficamente como una pirámide. Cuando la población es joven y crece, la base —niños y jóvenes— es amplia y el gráfico adopta la forma de una campana invertida, como un triángulo robusto. A medida que avanza la llamada transición demográfica —con la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida— esa pirámide se va estrechando en su base y ensanchando en su parte superior, hasta asemejarse a un hongo. Es exactamente lo que le está ocurriendo a Uruguay.
Según las estimaciones y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (revisión 2025), entre 2011 y 2023 la población uruguaya creció apenas un 1%, a un ritmo anémico del 0,08% anual, alcanzando aproximadamente 3,5 millones de habitantes. La tasa global de fecundidad se ubicó en 1,27 hijos por mujer en 2023 —muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1— y se proyecta que continúe descendiendo hasta 1,2 en los próximos años. Pero no es solo que nacen menos niños: también se reduce drásticamente el número de mujeres en edad fértil. De las 502.000 mujeres entre 20 y 39 años que había en 2024, se estima que serán 414.000 en 2045 y apenas 305.000 en 2070. La pirámide uruguaya revela hoy una base estrecha y un vértice que se ensancha progresivamente: el retrato de una sociedad que envejece.
Las proyecciones del Banco Mundial y de la CEPAL son claras: Uruguay podría perder casi medio millón de habitantes hacia 2070. De hecho, el censo ya reveló que, de no haber sido por la inmigración, la población habría disminuido en los últimos doce años. Estamos ante un país que fue pionero en la transición demográfica en América Latina —anticipándose al menos treinta años al resto de la región— y que hoy enfrenta las consecuencias de esa precocidad.
No es un fenómeno exclusivo de Uruguay. En la región, varios países transitan caminos similares. Chile, con una tasa de fecundidad de apenas 1,03 hijos por mujer —la más baja del continente—, vio cómo su índice de envejecimiento pasó de 22 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 14 en 1992, a 79 en 2024 según el Censo. Para 2026, las personas de 60 años y más superarían el 20% de la población chilena, ingresando a una etapa muy avanzada de envejecimiento. Argentina, por su parte, registra una caída del 40% en su tasa de natalidad desde 2014 según un estudio de la Universidad Austral, con hogares que albergan menos niños y más adultos mayores. La CEPAL ha señalado que América Latina experimentó en medio siglo un envejecimiento poblacional que a Europa le tomó dos siglos. Uruguay y Chile son ya los países más envejecidos de América del Sur, y en 2030 ambos superarán el 20% de personas mayores en su estructura poblacional.
El envejecimiento poblacional trae múltiples problemas, al menos tal como conocemos el mundo hoy. La población económicamente activa —la que produce, genera riqueza, contribuye al sistema previsional y sostiene el aparato productivo— se ve reducida en términos relativos frente al sector no activo, incrementando la carga fiscal, la presión sobre los servicios de salud y los mecanismos de protección social. Además, en sociedades que han basado buena parte de su modelo de crecimiento económico en el consumo, la reducción continua del mercado interno no parece ser precisamente la mejor noticia. El drenaje poblacional hipoteca notoriamente las probabilidades de desarrollo y bienestar.
Claro que es posible que el mundo avance hacia estadios de mayor productividad. Que se precisen menos seres humanos para producir lo mismo o más. La inteligencia artificial, la automatización y los saltos tecnológicos que se vislumbran inequívocamente entran dentro de la ecuación, y quizás terminen redefiniendo lo que hoy entendemos por población económicamente activa. Pero esa es una hipótesis con horizonte incierto, y los desafíos demográficos son de una urgencia tangible.
Sin embargo, hay una vertiente de trabajo que debemos profundizar: nuestro potencial para recibir personas migrantes. Días pasados publiqué en mi cuenta de X una opinión en este sentido, a consecuencia de los datos que indican que solo en 2025 se radicaron en nuestro país más de 22.000 personas de origen cubano, con un saldo neto de casi 15.000 —muy superior a los 5.870 registrados en 2024—. De hecho, 13.900 ciudadanos cubanos tramitaron la cédula de identidad por primera vez en 2025, convirtiéndose en la segunda nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes, solo por detrás de los uruguayos. Una cifra que quintuplicó la de argentinos, brasileños y venezolanos. Recibí varios comentarios, muchos de ellos enriquecedores del debate —aún en opinión contraria—, y obviamente nunca faltan los ordinarios de siempre que lo deterioran todo.
Como sea, al analizar el saldo migratorio, en 2025 Uruguay volvió a registrar un resultado positivo, impulsado fundamentalmente por la inmigración cubana. Esto revierte el dato preocupante de 2023, cuando por primera vez en catorce años el saldo había sido negativo, con más de 33.000 personas que abandonaron el país por encima de las que llegaron. Paradójicamente, 2025 también marcó un punto de inflexión para la migración venezolana: por primera vez desde el inicio del éxodo, salieron más venezolanos de los que ingresaron.
Nuestro país históricamente se ha nutrido de la inmigración, y la gran diáspora uruguaya también ha nutrido otras latitudes. Somos, en buena medida, el resultado de oleadas migratorias que modelaron nuestra identidad cultural. Y ese país que se fue construyendo con aportes de afuera tiene hoy credenciales que lo distinguen: Uruguay lidera el ranking de democracia en América Latina y se ubica en el puesto 15 del mundo según The Economist; ocupa el lugar 48 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD con un IDH de 0,862; cerró 2025 con el riesgo país más bajo de la región (70 puntos básicos); encabeza el ranking de calidad de vida en América del Sur según Numbeo; y ostenta niveles de pobreza —con un 5,8% según la línea internacional— e indigencia que lo sitúan entre los más bajos del continente. En el Índice de Paz Global 2025, Uruguay figura en el puesto 48 del mundo, destacándose por la ausencia de conflictos armados, su baja militarización y la estabilidad de sus instituciones. No es poco, en un mundo donde hay demasiado conflictos armados activos.
Varias de aquellas opiniones en contrario que recibí mencionaban el riesgo de la mistura cultural. El deterioro de nuestras mejores tradiciones. La dilución de nuestra identidad. Son argumentos que merecen ser escuchados con respeto y sin caricatura. Pero en un mundo que se ha globalizado notoriamente —con un fenómeno irreversible y mutante—, el anclaje nostálgico de lo que una vez fuimos puede ser un impulso para el diseño de políticas de conservación de nuestro reservorio cultural, pero no el fundamento de políticas de cierre de fronteras o de discriminación. La identidad de un país no es una fotografía estática: es un proceso vivo que se enriquece con cada nueva capa de experiencia humana que se integra a su tejido social.
El caso de España parecería ser un buen ejemplo de lo que la apertura migratoria puede significar en términos económicos. Según un informe del Banco de España, la inmigración representó el 52% del crecimiento del PIB español entre 2022 y 2024. En 2024, España creció un 3,5%, mientras que el conjunto de la eurozona avanzó apenas un 0,8%. España aportó el 40% del crecimiento económico de toda la zona euro ese año, pese a representar apenas el 10% de su tamaño económico. Con Alemania estancada y Francia acorralada por la incertidumbre, España se convirtió en una economía dinámica en un contexto magro. Y no se trata solo de crecimiento agregado: en torno al 40% de los nuevos puestos de trabajo netos generados en la eurozona en 2025 se registraron en España. Las previsiones para 2026 sitúan a la economía española creciendo al 2,1%, casi el doble del promedio europeo. La inmigración —con todas las complejidades que conlleva— ha sido un factor diferencial.
Uruguay tiene ante sí un dilema demográfico que no admite dilación. Podemos seguir mirando cómo la pirámide se transforma en hongo, lamentando la fuga de nuestros jóvenes y resignándonos a un mercado interno cada vez más exiguo. O podemos diseñar políticas inteligentes de atracción e integración migratoria que, sin ingenuidades pero también sin discriminaciones, capitalicen las ventajas comparativas que el propio país ha construido a lo largo de décadas. No se trata de abrir las puertas sin criterio, sino de entender que, en el escenario demográfico que enfrentamos, cerrarlas es un lujo que sencillamente no podemos permitirnos.
