Las cinco asociaciones convocantes piden al Gobierno que retire el proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Los servicios jurídicos comunitarios ven elementos "contrarios al derecho" y aconsejan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que responda de manera desfavorable al Gobierno en varias de las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas