El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para limitar el papel de las acusaciones populares en los procesos judiciales. La norma afectará directamente a causas judiciales vinculadas a figuras cercanas al presidente Pedro Sánchez, como los casos 'Begoña Gómez', 'Koldo' y el proceso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Las modificaciones también impactarán en otras investigaciones en curso, alterando la participación de partidos políticos y asociaciones en estas causas.
Principales modificaciones legales
La propuesta introduce cambios significativos en el ejercicio de la acción popular:
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Exclusión en la fase de instrucción: Las acusaciones populares no podrán intervenir en la investigación judicial, limitando su participación a etapas posteriores, siempre que se considere que los hechos son indiciariamente delictivos.
Restricción a ciertos colectivos: Se prohíbe la acción popular a partidos políticos, asociaciones vinculadas a ellos, miembros de las carreras judicial o fiscal, y asociaciones profesionales de jueces y fiscales.
Acreditación de vínculo: Las entidades que deseen actuar como acusación popular deberán demostrar un nexo relevante y suficiente con el interés público del caso.
Además, el texto contempla que los casos en los que ni la Fiscalía ni la acusación particular formulen acusación serán archivados, salvo en aquellos delitos con un interés exclusivamente público.
Justificación y críticas
El PSOE argumenta que la reforma busca evitar el “uso abusivo” de la acción popular, que en su opinión ha sido instrumentalizada para atacar a adversarios políticos y sectores sociales no afines. Según la exposición de motivos, las modificaciones pretenden equilibrar la participación ciudadana en la justicia con la garantía de procesos libres de instrumentalización.
Sin embargo, la medida ha generado críticas. Partidos de la oposición, como PP y Vox, así como organizaciones de la sociedad civil, señalan que la norma protege a figuras vinculadas al Gobierno, dificultando la transparencia y el control judicial en casos sensibles.
Procedimientos en curso afectados
La disposición transitoria de la ley establece que sus modificaciones serán aplicables a los procedimientos en curso cuando la norma entre en vigor. Esto implica que los citados casos, algunos de los cuales han sido impulsados por acusaciones populares, verán reducida o anulada la participación de estas figuras.
Conclusión
La propuesta del PSOE supone un cambio significativo en el sistema judicial español, limitando el alcance de las acusaciones populares en procesos clave. Mientras el debate continúa en el Congreso, el impacto de esta normativa en la justicia y su percepción pública seguirá siendo objeto de escrutinio.
FUENTE: Europa Press
