El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia por la cual cita formalmente este miércoles a las 18:00 horas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora personal, Cristina Álvarez. El objeto de esta comparecencia en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla es la entrega obligatoria de sus pasaportes, en cumplimiento directo de las medidas cautelares decretadas el pasado sábado al acordarse la apertura de juicio oral con jurado popular contra ambas.
Según consta en la resolución judicial, el magistrado instructor emplaza a ambas investigadas de manera presencial para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre". Asimismo, la providencia insta de manera expresa a Gómez y a Álvarez a que comuniquen formalmente ante la sede judicial si "tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".
La entrega de pasaportes en Plaza de Castilla tras la audiencia preliminar
La comparecencia obligatoria de este miércoles por la tarde se producirá exactamente una semana después de que tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez asistiesen a la audiencia preliminar en los juzgados de Madrid. Dicha visita se celebró como paso previo e indispensable antes de que el magistrado decidiera de manera formal abrir juicio penal contra ellas y contra el empresario Juan Carlos Barrabés.
Con esta citación, el juez Peinado materializa de forma efectiva la prohibición de salida del territorio nacional. La orden obliga a las encausadas a personarse a última hora de la tarde ante el órgano instructor, formalizando el control documental estricto sobre los movimientos de la cónyuge del jefe del Ejecutivo y de su colaboradora directa en el complejo judicial de Plaza de Castilla.
Las medidas cautelares del juez Peinado por presunto riesgo de fuga
Al mismo tiempo que el instructor acordaba enviar la causa a un tribunal de jurado popular, el Juzgado de Instrucción Número 41 dictó un paquete de medidas restrictivas de la libertad de movimientos para Gómez y Álvarez. Estas disposiciones contemplan la retirada inmediata del pasaporte, la prohibición absoluta de abandonar las fronteras de España y la imposición legal de comparecer de forma quincenal ante el propio juzgado madrileño.
Para fundamentar jurídicamente la adopción de estas medidas de control, que fueron solicitadas de forma explícita por las acusaciones populares bajo la dirección de la organización Hazte Oír, el juez Juan Carlos Peinado adujo la existencia de un riesgo de fuga. Según el criterio del instructor, en dicho escenario de evasión de la justicia podrían colaborar los propios escoltas oficiales asignados a la protección de la esposa del presidente del Gobierno, quienes ostentan la condición de miembros en activo de la Policía Nacional.
Los delitos imputados en el auto de apertura de juicio oral
En el auto dictado el pasado sábado, el juez Peinado detalló los cargos por los cuales se abre el procedimiento ante el jurado popular. El magistrado atribuye a Begoña Gómez presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Begoña Gómez y Cristina Álvarez
Su asesora, Cristina Álvarez, se enfrenta exactamente a la misma calificación penal por los mismos cuatro delitos descritos. Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés también ha sido enviado a juicio en el marco de la misma causa, aunque en su caso el juez instructor le atribuye únicamente los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
Reacciones y conflicto institucional ante el CGPJ por los escoltas de la Policía
La argumentación del juzgado referida a la posible colaboración de la escolta policial en una potencial fuga ha desencadenado una fuerte controversia institucional en España. Las afirmaciones del juez Peinado han provocado el rechazo inmediato y numerosas críticas por parte de los principales sindicatos policiales, quienes defienden la neutralidad y profesionalidad del cuerpo.
La reacción del Gobierno se ha canalizado a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha manifestado su "más enérgica queja" institucional. Grande-Marlaska ha dirigido formalmente un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo explícito de que el órgano de gobierno de los jueces "adopte, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones" ante las alusiones a los funcionarios de la Policía Nacional.
Ante este escenario de tensión institucional, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial se encuentra reunida desde las 9:15 horas de este lunes. Los miembros del órgano de gobierno judicial mantienen el encuentro para analizar de forma pormenorizada la propuesta de su presidenta, Isabel Perelló, orientada a estudiar la apertura de un expediente disciplinario al magistrado Juan Carlos Peinado.
