El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha abierto una nueva línea de investigación en el marco del 'caso Begoña Gómez', causa que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta nueva derivación procesal indaga la presunta comisión de los delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea, debido a supuestas irregularidades en una serie de contratos públicos sufragados con fondos europeos.
La decisión de Peinado de incoar una pieza separada se produce inmediatamente después de recibir la documentación remitida por la Fiscalía Europea, instancia que previamente investigaba los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés.
El origen de la nueva pieza: los contratos de Juan Carlos Barrabés
El núcleo de esta nueva pieza separada se centra en los contratos logrados por el empresario Juan Carlos Barrabés que se encontraban bajo la lupa de la Fiscalía Europea. La investigación penal retoma las pesquisas sobre la supuesta recomendación que habría realizado Begoña Gómez a la empresa de titularidad pública Red.es, la cual terminó contratando con las empresas de Barrabés.
El origen formal del expediente se vincula a las diligencias y a un atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes sembraron sospechas en torno a las comunicaciones electrónicas de las cuentas de Office 365, las cuales recogían conversaciones de un total de 13 personas relacionadas de forma directa con un expediente de la entidad pública Red.es: concretamente, el denominado "Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento".
La resolución de la Audiencia Nacional y el conflicto de competencias
La devolución del caso al juzgado madrileño responde a un pronunciamiento jurídico de la Audiencia Nacional. El pasado 4 de junio, el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, atendió formalmente un recurso interpuesto por la defensa de Barrabés, así como otro presentado por la Abogacía del Estado. Con esta resolución, revocó un decreto emitido por la Fiscalía Europea el pasado mes de mayo que pretendía iniciar la investigación de un contrato.
La defensa del empresario argumentó ante el tribunal que el órgano comunitario pretendía "reiniciar a capricho la investigación de unos hechos que ya se han instruido durante casi dos años en el procedimiento nacional". Asimismo, alegaron que dicha reapertura se fundamentaba en una sospecha policial "irrelevante" sobre una adjudicación en la que el experto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no había hallado ningún tipo de irregularidad.
Consecuentemente, la Audiencia Nacional determinó que dicho expediente de adjudicación —donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses en calidad de testigo— debía recaer en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid y no en la Fiscalía Europea, dejando en manos de Peinado la potestad de valorar su relevancia penal.
Próximos pasos: el magistrado consulta a la Fiscalía de Madrid
Tras confirmarse la inhibición y la devolución del asunto por parte de la instancia europea, el magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia para estructurar el procedimiento. En dicha resolución judicial, el instructor acuerda la apertura formal de la pieza separada utilizando la documentación transferida por la Fiscalía Europea.
Como siguiente paso procesal para el avance de las pesquisas, el titular del juzgado ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Madrid que proceda a analizar la documentación y se pronuncie formalmente sobre si los hechos descritos presentan indicios de carácter delictivo.
