La Comisión Europea se hizo eco este martes en su informe sobre la salud democrática de los Estados miembro del 'caso Koldo' y de la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos; en una evaluación sobre España que alerta sobre el "alto riesgo de corrupción" en la contratación pública y financiación de partidos.
"La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", indicó el informe anual sobre el Estado de derecho publicado por el Ejecutivo comunitario.
En las veinte páginas que dedica a España, Bruselas no señala riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación, incluida la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Bruselas reclama desde hace años como continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
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Koldo, a su llegada este martes al Tribunal Supremo
Demoras en la estrategia para prevenir y luchar contra la corrupción
En el capítulo sobre la lucha contra la corrupción, el documento recuerda que la ley de protección al denunciante de 2023 obliga al Gobierno a presentar una "amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción" a más tardar en septiembre de 2024, "pero ese trabajo está aún por empezar".
También identifica "primeros pasos" para reforzar las normas sobre conflicto de intereses de altos cargos y para regular los 'lobbies' y reforzar la independencia y poder de la Oficial de Conflictos de Interés, pero señala que no hubo avances para mejorar las reglas sobre el conflictos de interés en las distintas administraciones del sector público.
En este contexto, Bruselas incluye en sus recomendaciones específicas a España una llamada para "impulsar el proceso legislativo para fortalecer" las normas sobre "conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altos cargos ejecutivos", incluido reforzando "aún más" la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses.
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Santos Cerdán llega para declarar ante el Tribunal Supremo
"Algunos avances" para reducir tiempos de investigación y juicios
El informe identifica "algunos avances" para atender a las recomendaciones del pasado año para reducir los tiempos de las investigaciones y enjuiciamientos de los casos de corrupción de alto nivel, por ejemplo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de recursos adicionales.
"El Gobierno reconoce que los casos de corrupción tardan más debido a su naturaleza cada vez más compleja y ha tomado medidas para fortalecer los recursos humanos en el sistema judicial", señaló el texto.
En su repaso a los casos más graves de corrupción del último año, la Comisión se hace eco de la investigación de un presunto caso de corrupción vinculado a la pandemia de coronavirus por el que fue encausado un exministro y diputado, en referencia velada a la situación de José Luis Ábalos y el 'caso Koldo'. También recoge que la Fiscalía Europea informó sobre cuatro casos de corrupción en España.
No obstante, la evaluación de los expertos comunitarios identifican otras "lagunas" en el marco legislativo anticorrupción respecto de los "sobornos en el extranjero", ya que, aunque se han tomado medidas para detectar estás prácticas ilícitas desde distintas fuentes, el índice de aplicación de la ley "sigue siendo bajo", con apenas dos casos cerrados exitosamente desde 2016.
En cuanto al pluralismo y libertad de medios, la evaluación comunitaria indica que "no se han realizado más avances en la mejora del acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre el acceso a documentos oficiales" y reclama avances.
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Reforma de la justicia e investigación sobre el fiscal general
La Comisión dedica parte de su evaluación sobre España a la controversia por la reforma puesta en marcha por el Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, aunque evita expresar una posición clara sobre la situación.
"Actualmente hay acciones de protesta por parte de jueces y fiscales que reflejan tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial", indicó el texto, que informa de la huelga para pedir que se retire el proyecto de reforma y que el CGPJ declaró que las huelgas en el sector no están reguladas.
Otra de las reformas pedidas por Bruselas en sus recomendaciones de años anteriores tiene que ver con la urgencia de reforzar la independencia del fiscal general y separar su mandato del Gobierno, una tarea en la que en esta edición el Ejecutivo comunitario ve avances para alinear su estatus con los estándares europeos y pide seguir en esa línea.
Aún así, el documento recoge también que "algunos actores han expresado preocupación por la reforma al considerar que plantea riesgos para la independencia judicial por reforzar los poderes del Fiscal General y rebajar las garantías profesionales de los fiscales".
El informe además señala que el fiscal general está sujeto a "procedimientos judiciales en curso" y que fue acusado por el Tribunal Supremo de presunta filtración de información confidencial vinculada a un caso de fraude fiscal --el referido al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- y que el propio fiscal recurrió esa decisión.
