El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, anunció este miércoles que la entidad abandonará las negociaciones para una reforma de las indemnizaciones por despido en España.
"Os anuncio, lo habíamos decidido a la mañana el comité ejecutivo, que en el caso de los despidos, es algo que realmente la justicia nos ha dado la razón, por lo que no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal es que no es cierta", señaló Garamendi durante el acto de clausura de la asamblea general ordinaria de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
Garamendi aprovechó también para criticar que "el propio Gobierno dice que son los sindicatos los que tienen que hacer la propuesta".
"Imaginaros que en algún otro gobierno hubieran dicho que la propuesta la hubiera hecho la CEOE, no sé, hubiera sido un auténtico escándalo", expresó el dirigente empresarial. "Imaginaros que en algún otro gobierno hubieran dicho que la propuesta la hubiera hecho la CEOE, no sé, hubiera sido un auténtico escándalo", expresó el dirigente empresarial.
La CEOE acudió a la primera reunión por la reforma
El lunes pasado el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, convocó la primera reunión para negociar la reforma del despido, a la que CEOE acudió para escuchar la propuesta de la cartera, que aún no se pusieron sobre la mesa.
Aunque desde un primer momento se mostraba reticente a dicho convenio, fuentes de la patronal indicaron que emitirían su valoración en función de cómo transcurriera el proceso de negociación, pero dos días después, este miércoles, comunicaron que abandona dicha mesa.
Por otra parte, Garamendi abrió la puerta a "recurrir" el salario mínimo interprofesional (SMI), argumentando que esta es la línea que se decidió tomar en el comité ejecutivo.
"Hay cosas que tendremos que parar", dijo, en alusión a que si se empiezan a "plantear temas" en torno al SMI con los que no están de acuerdo "pues tendrán que ir lógicamente al recurso, porque es lo que su gente necesita". "Hay cosas que tendremos que parar", dijo, en alusión a que si se empiezan a "plantear temas" en torno al SMI con los que no están de acuerdo "pues tendrán que ir lógicamente al recurso, porque es lo que su gente necesita".
Por último, el presidente de la entidad denunció que la actitud del Ministerio de Trabajo provoca una "pérdida de confianza en los acuerdos", llamando en este caso a fomentar el "diálogo social".
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Yolanda Díaz y Antonio Garamendi
La trastienda de la reforma y la jugada de los sindicatos
La reforma del despido figura en el programa de gobierno de PSOE y Sumar y responde a la interpretación que hizo de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
En concreto, el CEDS, con sede en Estrasburgo, condenó a España por "vulnerar" la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado), que considera insuficiente y no disuasoria para el empresario.
Así lo determinó en dos resoluciones, una en julio de 2024 y otra en junio de 2025, que emitió a raíz de las denuncias presentadas por UGT y CCOO contra España por incumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea referido a la protección de los trabajadores en caso de despido.
Las denuncias sindicales ante el CEDS indicaban que el derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización vinculada al daño real sufrido en caso de despido improcedente ni permite que ésta sea "mínima, accesible y efectiva" para que tenga un efecto disuasorio.
En sus resoluciones condenando a España, el CEDS establecía que los límites máximos de indemnización fijados por la legislación española "no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario".
Los sindicatos, animados por las resoluciones del CEDS y sabiendo que esta reforma forma parte del programa de gobierno, instaron a Díaz a convocar la mesa de negociación lo antes posible para reformar la ley, a fin de que la indemnización por despido sin causa sea realmente disuasoria y repare el daño causado al trabajador, teniendo además en cuenta sus circunstancias personales.
Pero el Tribunal Supremo dictó en julio pasado una sentencia en la que establecía que no se puede incrementar por vía judicial esta indemnización sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que sólo se indica que la indemnización debe ser adecuada.
Supremo: la indemnización "no puede incrementarse en vía judicial"
De esta manera, el Tribunal Supremo avaló lo dictado en un fallo de diciembre pasado, donde el pleno de su Sala Cuarta ya dictaminó por "unanimidad" que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores "no puede verse incrementada en vía judicial".
El Alto Tribunal concluyó en la sentencia que las decisiones del CEDS "no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares", ya que, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este "no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias".
Cepyme denuncia suba de costos y exceso regulatorio
A su turno, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, puso de relieve la "difícil situación por la que atraviesan las empresas, especialmente las pequeñas y medianas y las microempresas, afectadas por un desmesurado e incesante incremento de los costes y un exceso de regulación normativa".
De Miguel recordó que en los últimos cinco años desaparecieron cerca de 23.000 microempresas, lo que evidencia la "preocupante situación que vive el colectivo más sensible del tejido empresarial español".
En su intervención, se refirió también al "exceso burocrático y normativo como un factor que genera incertidumbre y obstaculiza la inversión empresarial".
FUENTE: EUROPA PRESS
