El Gobierno y la Iglesia católica española firman un acuerdo para la reparación económica de las víctimas de abuso sexual
El Defensor del Pueblo supervisará la aplicación de esta medida y buscará equilibrar los criterios de valoración, para evitar arbitrariedades entre los casos.
El Gobierno y la Iglesia Católica de España llegaron a un acuerdo para establecer un sistema de reparación económica a las víctimas de abusos sexuales en los casos que no han tenido un recorrido judicial. La medida cuenta con la supervisión del Defensor del Pueblo y se orienta a garantizar la reparación integral de las víctimas que no deseen recurrir directamente a la Comisión PRIVA (Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales), promovida por la Iglesia.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Detalles del acuerdo
El acuerdo, firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer), establece un sistema de reparación en el que la Oficina del Defensor del Pueblo actuará como órgano técnico, evaluando cada caso y proponiendo un cauce de reparación.
La Comisión PRIVA, creada por la Iglesia, se encargará de evaluar y estudiar las propuestas presentadas por el Defensor del Pueblo. El sistema acordado busca homogeneizar los criterios de valoración y reparación, para evitar diferencias en la baremación de los casos.
El Gobierno también se ha comprometido a asegurar que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, como sucede en otros ámbitos, como en las víctimas del terrorismo, donde no se requieren impuestos adicionales sobre las indemnizaciones. Esta medida responde a las quejas de algunas víctimas que recibieron compensaciones y luego se enfrentaron a reclamaciones fiscales por parte de la Agencia Tributaria.
Un acuerdo por un año
El sistema no está basado en una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el consenso entre ambas partes. La duración inicial del acuerdo será de un año, con la posibilidad de prórroga por otro año más. Esta medida estará destinada a aquellos casos en los que no ha sido posible seguir un proceso judicial, ya sea por prescripción del delito o por la muerte del agresor.
Hasta la fecha, la Comisión PRIVA ha recibido 99 peticiones y ha resuelto 51 casos, con una reparación económica superior al millón y medio de euros. Se espera que, con este nuevo acuerdo, se agilice el proceso de reparación las víctimas que no deseen acudir directamente a la Comisión de la Iglesia.
