El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes 14 de abril a la regularización extraordinaria de medio millón de personas, un procedimiento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido como un "acto de justicia y necesidad".
Tras meses de espera, el Ejecutivo ha desvelado la logística de un proceso que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que contará con un despliegue administrativo sin precedentes.
Calendario y canales: ¿Cuándo y dónde solicitar la regularización?
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha detallado en una entrevista en la Cadena Ser el cronograma que deben seguir los solicitantes:
Jueves 16 de abril: Se abre la vía telemática para presentar expedientes. Este mismo día comienza la solicitud de cita previa para la atención física.
Lunes 20 de abril: Inicio de la atención presencial en las oficinas habilitadas.
Vías de tramitación: Además de los canales digitales, los ciudadanos podrán acudir a las oficinas de Correos y de la Seguridad Social, que contarán con cauces específicos para este proceso.
Fecha límite: El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 30 de junio, otorgando un margen de dos meses y medio para completar el trámite.
Garantía de respuesta: "Habrá tiempo para todas las solicitudes"
Ante la previsión de un volumen masivo de peticiones, la ministra Saiz ha lanzado un mensaje de tranquilidad, asegurando que el sistema está preparado para absorber la demanda, "vengan las que vengan".
La resolución de los expedientes recaerá en la Unidad de Tramitación de Extranjería dependiente del Ministerio. "Tenemos un procedimiento absolutamente dimensionado con equipos reforzados y funcionarios que se van a dejar la piel para que el proceso sea eficaz y esté a la altura", ha garantizado la titular de Migraciones. El objetivo es dar respuesta a todas las solicitudes en tiempo y forma, con un plazo máximo de resolución de tres meses.
Un acto de justicia y sostenibilidad económica
El presidente Sánchez ha insistido en que esta medida busca "normalizar" la realidad de medio millón de personas que ya residen y construyen país. En un contexto de envejecimiento demográfico en Europa, Sánchez ha señalado que la regularización es una "necesidad" para evitar que la prosperidad de España se frene y para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
"Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones", ha afirmado el presidente, subrayando que la incorporación de estos trabajadores al sistema contributivo permitirá que la economía española siga liderando el crecimiento en el continente.
Polémica y rechazo desde la oposición
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión con sus diputados y senadores, ha dicho que la regularización "no es humanitaria" y "alienta a las mafias", ya que extiende el mensaje de que "pueden hacer su trabajo con éxito" dado que en España "podrá entrar cualquiera".
Además, según Núñez Feijóo, la medida no tiene "exigencias suficientes" para quienes vayan a regularizar su situación, que cree que podrían ser no solo medio millón, sino incluso "más de un millón".
"Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras", ha dicho la dirigente de Vox, Isabel Pérez Moñino, al presentar una campaña de concienciación de su partido sobre las consecuencias de la inmigración.
Vox recurrirá al Tribunal Supremo para que paralice la medida cautelarmente, antes de que el jueves comience a aplicarse, y también su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha criticado que se haga por real decreto y así el Gobierno "se salte" la votación en el Congreso.
En tanto, el portavoz del partida separatista catalán Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, ha señalado que una regularización masiva no es una solución y que su partido apuesta por "integrar a quienes llegan en la lengua, valores y cultura" de la sociedad de acogida, por lo que reclama "competencias plenas para gestionar la inmigración desde Cataluña".
Requisitos básicos para los solicitantes
Para acceder a este proceso extraordinario, los beneficiarios deberán cumplir con los criterios establecidos en el Real Decreto:
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Arraigo y plazos: Dirigido a solicitantes de protección internacional con peticiones previas al 31 de diciembre de 2025 y a migrantes económicos presentes en España antes del 31 de julio de 2025.
Seguridad y Orden Público: Es indispensable no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para la seguridad ciudadana.
Permiso de residencia y trabajo: La autorización inicial tendrá una vigencia de un año (cinco años en el caso de hijos menores regularizados simultáneamente) y permitirá trabajar en cualquier sector y punto del territorio nacional desde el momento de la admisión a trámite del expediente.
