La defensa de Sebastián Marset presentó un escrito el pasado 24 de agosto ante la Corte del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, para solicitar que se supriman ciertas pruebas del juicio que se realiza en contra del narcotraficante uruguayo.
Los abogados de Marset alegan que entregó contraseñas de dispositivos electrónicos bajo presión de los agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) que lo detuvieron de forma irregular —según la defensa— en marzo de este año en un operativo realizado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
En el escrito —informado inicialmente por Eduardo Preve y al que accedió El Observador—, la defensa planteó que antes de informarle sus derechos a Marset, los agentes de la DEA le mostaron una tabla de directrices federales y le dijeron al acusado que si "proporcionaba las contraseñas de sus teléfonos, le deducirían 'cuatro puntos' de la tabla". Ese sistema de directrices es el que permite calcular cuántos meses o años de condena le corresponderían a una persona.
"Como resultado de la promesa específica de una reducción de la pena, el acusado proporcionó las contraseñas de sus teléfonos", detalla el escrito.
Y agrega que, en otra instancia, el agente volvió a pedir a Marset contraseñas, en este caso de su computadora, "repitiendo la misma promesa" de reducirle cuatro puntos la pena.
"El acusado también proporcionó esa contraseña, nuevamente sin recibir ninguna advertencia Miranda en los Estados Unidos", sostiene el escrito presentado por los abogados Sandi S. Rhee, Robert Feitel y Joseph King, que representan a Marset en Estados Unidos. En Uruguay, en tanto, es representado por el penalista Santiago Moratorio.
La información obtenida de los dispositivos electrónicos del uruguayo sirvió de insumo luego para los interrogatorios, en los que el acusado fue preguntado, entre otras cosas, por sus activos en criptomonedas, su relación con el condenado uruguayo Federico Santoro Vasallo (mano derecha de Marset, también juzgado en Estados Unidos), por el tráfico de armas y por sus "contactos con otros traficantes de drogas radicados en América del Sur".
De esta manera, la defensa pide anular como pruebas el "contenido de los teléfonos celulares, la tableta, la computadora, los comentarios sobre sus cuentas de SkyEcc (una plataforma de mensajería encriptada utilizada por criminales) y similares del acusado".
Respecto a uno de los agentes de la DEA que es acusado por la defensa de Marset, en el escrito sostienen que inició los contactos con narcotraficante casi un año antes, el 27 de marzo de 2025, cuando le escribió por WhatsApp.
"Durante el intercambio de mensajes de texto, el agente de la DEA le advirtió al acusado que tenía una investigación penal pendiente en su contra en los Estados Unidos y que los Estados Unidos le estaban brindando la oportunidad de resolver estos problemas 'por la seguridad de sus hijos y sus seres queridos a su alrededor'", señala el escrito.
Y asegura que, en ese momento, Marset respondió que "nunca había enviado un gramo de cocaína a los Estados Unidos y que el agente debería emplear su tiempo investigando a otras personas".
"El agente finalizó las comunicaciones aconsejándole al acusado que lo contactara si cambiaba de opinión", afirman los abogados.
Marset fue trasladado a Estados Unidos acusado de conspiración para el lavado internacional de activos (algunos de ellos a través de entidades financieras estadounidenses) provenientes del narcotráfico.
Luego, sin embargo, se le sumaron cargos adicionales, principalmente el de narcoterrorismo. La defensa objeta esta ampliación alegando que Estados Unidos eludió el tratado de extradición con Bolivia y la "Regla de Especialidad" para poder imputarle nuevos delitos que de otro modo no habría podido agregar, al tiempo que pide desestimar toda la prueba derivada de los dispositivos por haber sido obtenida de forma "irregular".
