El sindicato de la Guardia Republicana (Unipolgr) cuestionó la realización de reuniones con empresarios dentro de un predio policial de Canelones y reclamó a la Jefatura que informe cuál fue el objetivo de esos encuentros, quiénes participaron y qué resultados tuvieron.
El planteo forma parte de un comunicado divulgado este viernes por el sindicato de la Guardia Republicana, que asegura contar con pruebas y registros de una de esas reuniones realizada en una barbacoa ubicada dentro de un predio policial.
"También queremos saber cuál es el objetivo y el resultado de las reuniones mantenidas con empresarios y de la supuesta comisión", señaló Unipolgr.
El sindicato contrapuso las condiciones del lugar donde se habría desarrollado uno de los encuentros con las carencias que, asegura, atravesaban los efectivos del Grupo de Reserva Táctica (GRT).
Según el comunicado, mientras los policías llegaron a tener que "sentarse sobre palets" por no disponer de suficientes sillas, las reuniones se realizaban en "una barbacoa en un predio policial completamente equipada".
Fuentes vinculadas al sindicato indicaron a El Observador que cuentan con registros fotográficos de uno de esos encuentros, en los que aparecen varias personas reunidas alrededor de una mesa dentro de las instalaciones. Los denunciantes también sostienen que durante el encuentro hubo bebidas alcohólicas, algo que está prohibido dentro de las dependencias policiales.
En una de las imágenes se puede ver al subcomisario Jorge Valenzuela, jefe del GRT, y al comisario general, Fabio Quevedo, jefe de Policía de Canelones. El resto de los integrantes, según confirmaron las mismas fuentes, son jefes de zonas y empresarios.
El sindicato apunta a la Jefatura de Canelones
El cuestionamiento por las reuniones aparece en medio de una serie de denuncias que Unipolgr viene realizando sobre el funcionamiento y las condiciones laborales dentro de dependencias de la Jefatura de Policía de Canelones.
"UNI.POL.GR. no denuncia por denunciar. Presenta pruebas, aporta elementos y reclama respuestas. Y cuando las respuestas no llegan, los hechos hablan por sí solos", sostuvo el sindicato.
La organización asegura que después de sus denuncias comenzaron a producirse algunos cambios.
Uno de ellos ocurrió en los servicios policiales durante los partidos disputados en el Estadio Parque Artigas de Las Piedras, donde, según el sindicato, determinados efectivos comenzaron a cobrar el denominado servicio 222.
Sin embargo, UNI.POL.GR. reclama conocer qué ocurría anteriormente con ese dinero. "Permanece una pregunta fundamental: ¿a dónde iba anteriormente ese dinero?", cuestionó el sindicato, que aseguró que existe una investigación en curso, aunque afirmó que su avance es lento.
"Aparecieron sillas, pintura y arreglos"
Otro de los reclamos estuvo relacionado con las condiciones en las instalaciones del GRT. El sindicato había presentado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y, según fuentes vinculadas al planteo, la Inspección General del Trabajo recorrió posteriormente las instalaciones.
El gremio asegura que después de las denuncias "aparecieron sillas, pintura y arreglos en las instalaciones del GRT".
"Los cambios, para nosotros, son bienvenidos", sostuvo el sindicato, aunque cuestionó "por qué hubo que denunciar y reclamar para que aparecieran elementos básicos para que los policías pudieran cumplir dignamente su función".
La organización también señaló que todavía existen comisarías con problemas edilicios, dificultades de saneamiento, escasa iluminación y otras carencias que afectan las condiciones de trabajo de los policías.
Un expediente por el pago del PADO
Entre los asuntos pendientes, el sindicato mencionó además un expediente presentado para solicitar que los integrantes del GRT puedan cobrar la compensación correspondiente al PADO por las características de las tareas que desempeñan.
Según UNI.POL GR, el expediente fue presentado el 6 de agosto y permanece en Mesa de Entrada de la Jefatura "sin aparentes avances".
Los funcionarios argumentan que los GRT realizan tareas que incluyen allanamientos, patrullajes, controles vehiculares y diferentes tipos de intervenciones, por lo que entienden que deberían acceder a esa compensación.
También está en trámite, según el comunicado, una solicitud de acceso a la información pública para determinar quiénes cobran determinados servicios y cuáles son los cupos disponibles.
