En enero de 2025, a poco del cambio de gobierno, la administración de Luis Lacalle Pou flexibilizó las exigencias para desarrollar proyectos forestales y desató una de las tantas controversias que se produjeron durante la transición.
La voz del reclamo la levantó el por entonces designado ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que le auguró un “vuelo corto” al decreto ya que el nuevo gobierno pensaba revisarlo porque tenía una “opinión crítica”.
A más de un año de haberse sentado en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi firmó la semana pasada la marcha atrás al dejar sin efecto esas disposiciones y retomar –con cambios– las que se habían puesto en marcha en 2021, también por Lacalle Pou en el contexto del veto a la ley forestal que había sido votada por el Frente Amplio y Cabildo Abierto.
Para justificar la decisión, la administración frenteamplista consideró que las soluciones principales introducidas en 2025 no eran “consistentes” con el régimen de autorizaciones ambientales vigente ni contaron con la “adecuada intervención de las oficinas técnicas encargadas”.
También definió que era necesario realizar algunos “ajustes” vinculados a la “definición de terrenos forestales que, por única vez, planteen medidas de compensación que satisfagan los requerimientos de la legislación ambiental aplicable”.
De esta forma, volvió al régimen que había establecido que todas las plantaciones (ya sean nuevas o en terrenos ya forestados) debían tener Autorización Ambiental Previa (AAP) del Ministerio de Ambiente. La disposición de 2025 permitía a algunas plantaciones solicitar una autorización especial que salía con mayor facilidad y tiene menos exigencias que la AAP.
Uno de los cambios está en los artículos 2 y 3 (que modifican el 9 del decreto de 2021), el cual establece qué suelos se consideran de “prioridad forestal”. A este artículo se le agrega un bis que exige acordar “medidas de compensación” con una dirección de Ambiente para las zonas que fueron plantadas antes de 2013 pero que no tuvieron AAP.
Actualmente, Uruguay tiene 4,2 millones de hectáreas de prioridad forestal (entre las directamente declaradas y las que por un proyecto que lo justifique se pueden considerar como tal). De ese total, poco menos de la mitad ya están plantadas. De las que no están plantadas, el 60% están entre Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja.
El decreto también modifica el artículo 12, que exige estudio ambiental y autorización ambiental especial a las nuevas plantaciones de 100 o más hectáreas en suelos ya forestados que no tuvieran AAP.
A su vez, mantiene la posibilidad –introducida en 2025– de que comiencen las plantaciones “bajo responsabilidad del titular” cuando esté en trámite la autorización siempre que se lo comuniquen a Ambiente con 30 días de anticipación.
Por último, el decreto establece que las autorizaciones que están en trámite seguirán rigiéndose por las “normas vigentes al momento de su presentación” salvo en cuanto a las exigencias de los artículos 2 y 3.
Tras la publicación del decreto, Ambiente emitió dos resoluciones que buscan "ordenar" aún más la situación.
La primera dispone que las AAP de proyectos forestales que se dieron antes de 2021 y no establecieron el número de ciclos forestales se considerarán concedidas por hasta 2 ciclos para proyectos de producción de madera para la fabricación de celulosa y por un único ciclo para proyectos de madera sólida, mientras que la segunda establece los nuevos “criterios para la clasificación y evaluación de proyectos forestales” y “lineamientos para la aplicación de medidas de compensación para proyectos forestales”.
Otras miradas
Los cambios impulsados por Lacalle Pou habían sido rechazados por la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, quienes emitieron un comunicado afirmando que la decisión estaba por fuera de los "lineamientos de protección del ambiente establecidas por la cartera".
En cambio, la determinación había sido bien vista desde la Sociedad de Productores Forestales (SPF), cuyo gerente general había destacado que daba “otra agilidad”.
“Las ventanas para todo el trabajo de preparación de tierra y plantación en el negocio forestal están muy circunscritas al otoño y a la primavera. Entonces el poder tener esta flexibilidad es un avance importante", señaló.
Ante la consulta de El Observador, la gremial declinó realizar comentarios sobre los nuevos cambios.
