Lo que importa
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Las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, han convocado una huelga de tres días (1, 2 y 3 de julio) en protesta por las reformas propuestas por el Gobierno en materia de justicia.
Las reformas afectan al acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a la modificación del proceso penal, que incluiría el traspaso de las instrucciones de los jueces a los fiscales.
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Las asociaciones advierten que las reformas amenazan la independencia judicial y la imparcialidad del Ministerio Fiscal, y afirman que estas medidas pueden convertir al Poder Judicial en un poder más débil.
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En paralelo a la huelga, se llevará a cabo una concentración el 28 de junio frente al Tribunal Supremo, y se mantendrán reuniones con los principales partidos políticos y autoridades europeas.
Si no se retiran los proyectos legislativos, las asociaciones valorarán la posibilidad de continuar con la huelga y la movilización.
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Contexto
¿Cuál es la causa principal de la huelga?
Las asociaciones de jueces y fiscales han decidido convocar esta huelga en respuesta a las reformas propuestas por el ministro Félix Bolaños, que buscan modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y adaptar la Fiscalía a un nuevo modelo procesal. Las reformas pretenden transferir las competencias de instrucción penal de los jueces a los fiscales, lo que ha generado preocupación sobre la posible politización de la justicia.
¿Qué reformas están en discusión?
Se están evaluando dos grandes reformas: una sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, y otra sobre la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La primera modifica los requisitos para ingresar en estas carreras, lo que, según los opositores, diluiría la calidad de la formación de los futuros jueces y fiscales. La segunda reforma aumenta el poder del Fiscal General del Estado, que sería nombrado por el Gobierno, y podría influir en la autonomía de la Fiscalía.
¿Por qué las asociaciones de jueces y fiscales se oponen a estas reformas?
Según las asociaciones convocantes, las reformas debilitarían la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía, lo que abriría la puerta a presiones políticas y mediáticas. Argumentan que la reducción de las exigencias para ingresar a las carreras judicial y fiscal, así como el riesgo de que el Gobierno controle la formación de los futuros jueces y fiscales, va en contra de los principios de mérito, capacidad e igualdad. También afirman que esto afectaría negativamente a las nuevas promociones de jueces y fiscales y a los miles de opositores que ya se están preparando para las pruebas.
¿Cómo responde el Gobierno?
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido las reformas, asegurando que son necesarias para modernizar el sistema judicial y adaptarlo a las exigencias de la "justicia del siglo XXI". Según Bolaños, los temores de las asociaciones son infundados, y ha subrayado que la reticencia de los jueces y fiscales al cambio es común.
Cómo sigue
El 28 de junio, jueces y fiscales se concentrarán frente al Tribunal Supremo para mostrar su rechazo a las reformas. Esta concentración, de carácter simbólico, busca resaltar la importancia de la independencia judicial en el Estado de Derecho y la democracia. Si el Gobierno no retira o modifica las reformas propuestas, se llevará a cabo la huelga los días 1, 2 y 3 de julio. Después de estos tres días de movilización, las asociaciones evaluarán la situación y decidirán si continúan con la huelga, en función del respaldo recibido y de las respuestas institucionales.
Las asociaciones están intensificando sus gestiones con instituciones europeas para asegurarse de que las reformas no violen los principios fundamentales del Estado de Derecho, y están buscando apoyo internacional en su lucha por la independencia judicial.
