20 de noviembre de 2026 12:36 hs

El fallo que concluye que Myanmar cometió genocidio contra el pueblo rohinyá es histórico. Myanmar carga ahora con la mancha de ser el primer Estado declarado responsable de haber violado la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Los rohinyás están recibiendo la justicia que tanto tiempo llevan esperando. Al menos 10.000 personas murieron cuando sus comunidades fueron atacadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar y las milicias locales en 2017.

En los enormes campamentos de Bangladesh viven más de un millón de refugiados rohinyás que huyeron tras los terribles hechos ocurridos hace una década.

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Allí, multitudes se congregaron cerca de las pantallas para ver al presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el juez Yuji Iwasawa, leer el veredicto del tribunal.

El magistrado repasó algunas de las pruebas presentadas desde que Gambia llevó el caso en 2019, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica.

Esas pruebas describían actos de asesinatos en masa, violaciones, torturas y la destrucción de aldeas, en ocasiones con residentes rohinyás quemados vivos dentro de sus hogares.

La vigencia del derecho

La decisión –tomada por mayoría de nueve votos contra seis en la CIJ– también tendrá un impacto significativo en otros casos de genocidio que actualmente examina el tribunal, al reafirmar y aclarar el estándar probatorio necesario para demostrar la intención genocida.

Entre ellos se encuentra la demanda presentada por Sudáfrica, que acusa a Israel de haber cometido genocidio contra el pueblo palestino en Gaza en su respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel ha rechazado repetida y enérgicamente esa acusación.

La histórica decisión del tribunal también refuerza la postura de quienes creen en las normas creadas para regular el ejercicio del poder tras la Segunda Guerra Mundial.

La Convención sobre el Genocidio de 1948 ha sido una pieza fundamental en la estructura construida en torno a las Naciones Unidas para evitar que se repitieran la brutalidad sin límites, la guerra y el genocidio que marcaron los años previos a la derrota de los nazis.

Vista panorámica de una audiencia en el interior de una imponente sala revestida de madera en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Largas mesas se disponen frente a un estrado elevado para los jueces, situado a la derecha, con decenas de representantes legales, funcionarios y observadores sentados por toda la sala. Varios abogados, ataviados con sus tradicionales pelucas blancas, se sientan en primer plano, mientras que otros revisan documentos y ordenadores portátiles en las mesas centrales. Grandes y ornamentadas lámparas de araña cuelgan del alto techo abovedado, y un gran cuadro enmarcado preside la pared del fondo, sobre el revestimiento de madera. Otros espectadores observan desde las galerías superiores, con vistas al desarrollo de la audiencia.
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Es la primera vez que un tribunal internacional declara culpable de genocidio a un Estado.

Las normas y convenciones establecidas después de 1945 han estado sometidas a una presión sin precedentes durante la era del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Jinping.

El mismo día en que los tres celebraban una cumbre en China, la CIJ emitió un recordatorio de que el derecho internacional sigue existiendo y de que tal vez todavía puede demostrar que el uso de la fuerza contra civiles tiene consecuencias.

Los abogados estudiarán la forma en la que Gambia logró demostrar el punto crucial de que el Estado de Myanmar tenía la intención de cometer genocidio.

Probar la intención es el mayor desafío en un caso de genocidio ante la Corte. Demostrar que se cometieron atrocidades, por sí solo, no es suficiente.

La frase clave de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por las Naciones Unidas tras el Holocausto nazi contra los judíos europeos, define el crimen como "actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

La intención genocida

Las personas que redactaron la Convención en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, encabezadas por Raphael Lemkin, un sobreviviente judío del Holocausto, establecieron deliberadamente un estándar de prueba muy elevado.

Por eso la CIJ ha tardado tanto en emitir un fallo que concluye que se cometió un genocidio.

En un mundo ideal para abogados e investigadores, reunirían pruebas a partir de documentos gubernamentales y órdenes militares. En la práctica, obtenerlas es difícil, si no imposible.

Los gobiernos que tienen intenciones genocidas no hacen públicos sus objetivos.

En cambio, el Tribunal ha inferido pruebas de dichas intenciones a partir de las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad de Myanmar y las milicias locales contra el pueblo rohingya.

Los pasajeros se sientan dentro de un autobús con fundas de asientos estampadas en azul y blanco. En primer plano, una niña con un vestido rojo de lunares mira a la cámara, con un brazo apoyado en el respaldo del asiento. Junto a ella, un niño pequeño sostiene un paquete de merienda abierto. A la izquierda, una mujer adulta vestida de negro y con un pañuelo morado brillante en la cabeza está sentada junto a la ventana.
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Más de 700.000 rohinyás se vieron obligados a huir hacia Bangladesh.

Según Janina Dill, catedrática de Seguridad Global en la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, "la intención genocida puede inferirse de un patrón de conducta", dice.

"Esto no significa que la comisión de atrocidades tuviera que perseguir un único objetivo: el genocidio. Si así fuera, demostrar que esas atrocidades también respondían a otros fines como la contrainsurgencia, el castigo o el desplazamiento forzado, descartaría la existencia de una intención genocida", agrega.

"El tribunal fue extraordinariamente claro al señalar que se trata de objetivos plausibles, pero dictaminó que la totalidad de las pruebas no pueden explicarse sin que el genocidio sea uno de esos objetivos".

En otras palabras, incluso si un Estado ha sido atacado y ordena a sus fuerzas que pasen a la ofensiva alegando legítima defensa, la suma de sus acciones podría constituir un genocidio.

Las repercusiones del fallo

Los magistrados dejaron claro que cada caso debía analizarse según sus méritos.

Sin embargo, dado que las decisiones de la Corte afectan la interpretación de la ley, el caso de Myanmar tiene repercusiones en otros casos de genocidio que la CIJ está examinando. El más destacado es el presentado por Sudáfrica contra Israel por los asesinatos y la destrucción infligida a los palestinos en Gaza.

El abogado británico Philippe Sands KC, miembro del equipo legal de Gambia, estuvo presente en la sala de la CIJ en La Haya para escuchar el veredicto.

Sands declaró al programa World at One de la BBC que, cuando defendieron el caso contra Myanmar ante la CIJ en enero de este año, Gaza era "el tema tabú. Todos sabían que la postura del tribunal en este caso tendría repercusiones en el siguiente".

Según explicó a la BBC, el enfoque adoptado por los magistrados de la CIJ en el fallo sobre Myanmar aclara el estándar de pruebas que exigen para demostrar el genocidio.

"Si Gambia hubiera perdido, el caso de Sudáfrica, en efecto, habría terminado".

Pero ahora que Gambia ha tenido éxito, la puerta sigue abierta para Sudáfrica. Eso no significa que Sudáfrica vaya a ganar. No significa que la Corte Internacional de Justicia vaya a determinar que hubo un genocidio en Gaza.

Significa que el estándar probatorio se ha definido con mucha claridad, y ahora corresponderá a las partes, en ese próximo caso y en otros, cumplir con esos estándares.

Niños refugiados rohinyás observan a través de una malla metálica mientras se reúnen para seguir en una pantalla gigante la transmisión en directo del anuncio del veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un caso que acusa a Myanmar de cometer genocidio contra la minoría rohinyá, en un campamento de refugiados de Cox's Bazar, Bangladesh, el 19 de noviembre de 2026.
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Niños rohinyás siguen en una pantalla gigante el anuncio del veredicto de la CIJ.

Alivio sin mejoras

La indudable alegría y alivio que sienten los rohinyás en los campamentos de Bangladesh no supondrán una mejora inmediata de las precarias y peligrosas condiciones de vida que se han visto obligados a soportar durante casi una década.

El tribunal no tiene ningún mecanismo para hacer cumplir sus fallos, pero ha ordenado a Myanmar que indemnice a los rohinyás. Eso no será fácil. Cientos de aldeas han sido arrasadas y es poco probable que el gobierno de Myanmar acepte sin oponer resistencia el veredicto del tribunal.

Reino Unido –conocido como el pen holder (el que lleva la pluma) en el Consejo de Seguridad de la ONU por su responsabilidad en la gestión diplomática de la cuestión de Myanmar– emitió un comunicado en el que afirmó que está "decidido a actuar y garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes atroces".

"Debemos asegurarnos de que el fallo del tribunal envíe un mensaje claro de que esos crímenes no pueden cometerse con impunidad", agregó.

Refugiados rohinyás observan en una pantalla gigante la transmisión en directo del anuncio del veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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Refugiados rohinyás observan en una pantalla gigante la transmisión en directo del anuncio del veredicto de la Corte Internacional de Justicia.

Reino Unido ha solicitado una sesión urgente del Consejo de Seguridad, está expulsando al agregado de defensa de Myanmar en Londres y ha prometido otras medidas en los próximos días.

Mientras, no es mucho lo que podría lograrse en la ONU. Una resolución firme contra Myanmar podría ser vetada por China o Rusia, o por ambos países.

También se han surgido rumores por parte de la administración Trump en relación con el caso.

Sin esperar el veredicto de la CIJ, el gobierno del expresidente Joe Biden declaró en 2022 que el ejército de Myanmar cometió genocidio contra el pueblo rohinyá.

Pero Mike Waltz, el actual embajador de Estados Unidos ante la ONU, advirtió al tribunal el mes pasado de que no "rebajara el umbral legal para probar el genocidio".

Waltz afirmó que hablaba para proteger a "los soldados estadounidenses y aliados", pero su publicación ha sido ampliamente interpretada como un apoyo a la defensa de Israel ante la CIJ.

Condenó lo que denominó la "agenda izquierdista, global y antisemita" de la comunidad internacional, y señaló específicamente a Navi Pillay, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz, quien fue una de las juezas en el caso de Myanmar.

Pillay dirigió una comisión internacional independiente de la ONU que informó hace un año que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

La mirada en Myanmar

Pero independientemente de las amenazas provenientes del gobierno de Trump, está claro que hacer justicia al pueblo rohinyá volverá a centrar la atención en la conducta de Israel en Gaza y en el caso de Sudáfrica ante la CIJ.

También pondrá de relieve la difícil situación que siguen sufriendo los palestinos en las ruinas de Gaza, donde más de 1.400 personas han muerto por ataques de Israel desde el alto el fuego de hace poco más de un año.

De todos modos, según los abogados, sería un error considerar el caso de Myanmar como un ensayo general para el caso contra Israel.

"Esto conlleva el riesgo de desviar la atención de los rohinyá, que deberían ser nuestro principal foco de atención", según Janina Dill, de la Universidad de Oxford.

"El litigio sobre su difícil situación no es un caso de prueba para un conflicto al que el mundo ha decidido prestar más atención que a éste", aclara.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC

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