17 de noviembre de 2026 10:01 hs

La promesa electoral anunciada este lunes en Pamplona por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pretende devolver el derecho al sufragio en sus municipios de origen a todos aquellos ciudadanos que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra a causa de la amenaza de ETA, así como a sus descendientes. Según un informe elaborado por la formación popular, la medida alcanzaría a más de 180.000 exiliados —una cifra que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) eleva hasta las 200.000 personas— y permitiría que este colectivo participe en todos los procesos electorales, tanto autonómicos como generales.

La iniciativa, enmarcada por el líder del PP en un proceso de "reconstrucción nacional después de ocho años de deterioro del estado de Derecho, la unidad de España y el estado de las autonomías", queda todavía pendiente de los análisis jurídicos para determinar su encaje legal y los criterios exactos de acreditación. No obstante, el anuncio ya ha reabierto el debate sobre cómo la salida forzosa de decenas de miles de ciudadanos alteró el censo electoral y debilitó el peso demográfico y económico de Euskadi en el conjunto del Estado.

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El respaldo de las víctimas del terrorismo al cambio en la ley electoral

Entre los afectados directos por la violencia etarra, la propuesta ha sido recibida como una reparación necesaria. Es el caso de Fernando Múgica, nieto del militante socialista homónimo asesinado por ETA de un tiro en la nuca en 1996. Con apenas dos años de edad en el momento del atentado, Múgica tuvo que huir junto a su familia del País Vasco y ha desarrollado gran parte de su vida en Madrid para escapar de la amenaza terrorista, recoge El Español.

Como miembro del colectivo contra el enaltecimiento del terrorismo Ego Non, Múgica subraya el impacto político que tendría la aplicación de esta norma: "Si todas estas personas votaran, veríamos un cambio significativo en el reparto de diputados autonómicos que hay en el País Vasco, también en las elecciones generales. Si todos ellos votaran en esa circunscripción, se vería un empujón interesante de las fuerzas constitucionalistas y no separatistas". En su análisis, la medida serviría para evidenciar cómo la violencia condicionó el mapa institucional y forzó a estos territorios hacia posturas secesionistas.

Pese al respaldo a la iniciativa, Múgica advierte de que la futura norma deberá establecer filtros estrictos para diferenciarse de la ley de nietos impulsada por el actual Gobierno socialista. A su juicio, los solicitantes deberán demostrar de forma fehaciente que sus antepasados abandonaron el territorio bajo amenaza y en situaciones reales de riesgo vital, evitando que puedan acogerse quienes emigraron por motivos estrictamente personales o laborales.

El reto jurídico para acreditar el exilio por el clima de intimidación

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su presidenta, Lucía Ruiz, celebra que se recupere una reivindicación que las instituciones apenas habían atendido desde la propuesta formulada por Albert Rivera en 2019. Ruiz sostiene que la actividad de la banda terrorista alteró de forma directa la configuración del censo electoral vasco al forzar el traslado de residencia de miles de ciudadanos que no podían ejercer su libertad.

Sin embargo, la representante de las víctimas reconoce la complejidad técnica de la reforma tras el paso de varias décadas. Por un lado, señala la dificultad probatoria que supone acreditar documentalmente las amenazas sufridas o demostrar que estas fueron el detonante directo de un cambio de domicilio. Por otro, subraya que muchos exilios no respondieron a un ataque individualizado, sino a un clima generalizado de hostigamiento e intimidación ambiental que resulta complejo trasladar a un expediente jurídico.

Pese a estos obstáculos legales, la presidenta de la AVT insta a buscar soluciones jurídicas viables que impidan que la complejidad técnica bloquee el derecho de estas familias a participar en las instituciones de su tierra de origen.

Invierno demográfico en el País Vasco: el impacto de la salida de población

El debate sobre el retorno electoral de los exiliados coincide con un profundo estancamiento poblacional en Euskadi. De acuerdo con los datos oficiales del INE y Eustat a diciembre de 2025, mientras el conjunto de España ha pasado de 36,43 millones de habitantes en 1977 a 49,34 millones en 2025 —un despegue del 35,4% impulsado por las oleadas migratorias del siglo XXI—, el País Vasco presenta una curva prácticamente plana, pasando de 2,07 millones a 2,25 millones en el mismo periodo, lo que supone un tímido avance del 8,6%.

Esta divergencia se gestó principalmente durante las décadas de los ochenta y noventa, cuando la combinación del azote terrorista, la caída en picada de la natalidad y el saldo migratorio negativo derivado de la reconversión industrial provocó que la población vasca tocara suelo a las puertas del año 2000 con apenas 2,08 millones de residentes. Aunque la inmigración internacional mitigó el declive a partir del cambio de siglo, Euskadi ha perdido peso relativo en el conjunto nacional, pasando de representar el 5,4% de la población española en 1976 a rozar apenas el 4,5% en la actualidad.

Este repliegue se refleja también en el envejecimiento de su pirámide poblacional: los menores de 15 años han caído hasta el 11,8% del total, mientras que los mayores de 64 años superan ya la cuarta parte de la sociedad vasca, tensionando el relevo generacional y el dinamismo interno a largo plazo.

Pérdida de peso en el PIB nacional pese a mantener una renta per cápita líder

La debilidad demográfica ha tenido una traslación directa en el peso macroeconómico del País Vasco dentro de la riqueza española. A finales de los años setenta, el tejido industrial vasco —sustentado en la siderurgia, los astilleros y la manufactura pesada— aportaba el 7,8% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Casi medio siglo después, esa participación se ha reducido hasta un mínimo histórico del 5,7%.

Tras el primer golpe de la reconversión industrial de los ochenta, que situó la aportación vasca en torno al 6,2%, el impulso del denominado "Efecto Bilbao" y la transición hacia los servicios avanzados lograron estabilizar el indicador a finales de los noventa. No obstante, el posterior vuelco de la economía española hacia sectores como el turismo de masas, la construcción y la hiperconcentración corporativa en Madrid y el arco mediterráneo ha reducido la cuota relativa de Euskadi en el total estatal.

A pesar de este retroceso porcentual, las cifras internas descartan un empobrecimiento de la región. El PIB nominal vasco se sitúa actualmente en máximos históricos por encima de los 91.000 millones de euros, respaldado por una industria referente en innovación y exportación tecnológica. Asimismo, sus ciudadanos disfrutan del segundo PIB per cápita más elevado de España, superior a los 41.000 euros, lo que sitúa el nivel de riqueza individual un 25% por encima de la media nacional.

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