Al filo del plazo, el Congreso de Intendentes acordó el valor de las patentes para 2027, desatando una ola de indignación y polémica porque los precios fijados distan de la situación que vivió el mercado durante este año.
El boom en la venta de autos eléctricos –cero kilómetro– provocó importantes caídas en el precio de los usados –que funcionan principalmente a nafta–, una desvalorización que no se vio reflejada en la decisión de los intendentes, que optaron por mantener las tarifas fijadas para este año para los vehículos a combustión al tiempo que dispusieron incrementos para los eléctricos más caros.
Inmediatamente después de que se conociera la noticia, además de la reacción de la ciudadanía, varios legisladores que venían siguiendo el tema de cerca pusieron el grito en el cielo y advirtieron que lo resuelto estaba lejos de ser una buena noticia.
Uno de los primeros en plantearlo fue el nacionalista Sebastián Andújar, que en una publicación en X señaló que todos los intendentes en tono de “buena noticia” estaban anunciando que habían congelado los precios de la patente. “¿Esto es una buena noticia? No. Bajaron los 0 km, tu usado vale mucho menos que el año pasado y pagás lo mismo. ¿A quiénes quieren subestimar? Congelar no es bajar. Es subir sin que se note”, escribió en un hilo.
Su colega del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, agregó que estaban tasando “autos por fuera de su valor de mercado” y anunciándolo como “algo positivo”. “Es sencillamente inaceptable”, expresó.
Jorge había apuntado días atrás contra la opacidad en el manejo de la información del Sucive y señalado varios aspectos que era necesario corregir para mejorar la “transparencia”.
Andújar, en tanto, manifestó que la actuación del Sucive se daba por una ley nacional –la 18.860– por lo que los legisladores tenían “trabajo por delante”. Consultado por El Observador, el nacionalista apunto al artículo 4° como el que puede “dar transparencia y legitimidad” a los precios que se fijan y anunció que este martes se reunirá con otros legisladores para analizar modificaciones. "El Parlamento tiene que intervenir", aseguró.
El artículo 4° establece que antes del 31 de octubre de cada año una comisión conformada por delegados de los intendentes, la OPP y el MEF debe elevar al Congreso de Intendentes (CI) una “propuesta de valores de aforo vehiculares, alícuotas a aplicar sobre los mismos y todo otro elemento necesario para calcular el valor del impuesto a los vehículos de transporte” del año siguiente.
A su vez, da plazo al Congreso hasta el 15 de noviembre para resolver los nuevos precios.
Andújar señaló que el CI es “muy discrecional” para fijar el valor dado que la redacción del artículo es “muy amplia”, por lo que el Parlamento puede intervenir sobre el artículo para establecer reglas más claras que apunten a una mayor “transparencia” de todo el sistema.
En este sentido, el diputado Jorge dio a conocer una investigación que realizó en los últimos meses en la que detectó “vicios que deben cortarse”.
“Casi ninguna de la información del Sucive está disponible públicamente”, reprochó y planteó que el precio terminaba fijándose por una empresa privada que también trabaja con “casi todo el mercado de aseguradoras”.
“¿Cómo se seleccionó la empresa? ¿A través de una licitación pública? Tampoco. Se la contrató por designación directa, siendo la misma desde el año 2012. Jamás siquiera en 14 años se llamó a una compulsa de precio por el servicio”, cuestionó.
De acuerdo con sus datos, la empresa cobra US$ 135 mil anuales por prestar el servicio pero nadie controla que el valor propuesto sea el “real de mercado”. A su vez, señaló que el CI tiene un “conflicto de interés” porque fija el valor de la patente y luego cobra por lo que está tentado a ajustar al alza.
“Nuestra propuesta es simple. Proponemos que el valor de cada vehículo quede fijado al momento de su compra y su alta en el sistema. Dicho valor se depreciará 5% cada año, y en base a eso se pagará la patente. Llegado al año 20, la patente se convierte en lo que debe ser, una tasa mínima por la utilización de las vías de tránsito. Una regla clara, transparente, previsible y fácil de controlar”, propuso.
Andújar, en tanto, señaló que desde la creación del Sucive los "únicos que han salido perdiendo han sido los contribuyentes" y planteó que es “muy difícil” dejar sin efecto esta resolución aunque es posible obtener “transparencia en cuanto a la información”.
"Afectaría recursos"
En conferencia de prensa, el presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, respondió a los cuestionamientos por no trasladar al impuesto la caída del valor de mercado de los autos usados.
"Tenemos que leer la realidad", afirmó y argumentó que una rebaja mayor afectaría los "pocos recursos genuinos que tienen las intendencias del interior".
Enciso reconoció que el acuerdo alcanzado puede resultar "insuficiente" para quienes esperaban una reducción del tributo, pero sostuvo que fue el resultado posible de una negociación entre intendencias con distintas realidades y necesidades de recaudación.
"En un futuro hay que hacer concesiones, compensaciones, incentivos e ir a la baja mayor, pero ya del momento que no se ajustó es ver el medio vaso lleno, no el medio vaso vacío como ven algunos", señaló.