El programa permitirá a trabajadores uruguayos y extranjeros que se radiquen en el país optar por una tasa de IRNR del 12% y no realizar aportes a la seguridad social
El Poder Ejecutivo reglamentó el Programa de Fomento para la Atracción de Personas con Talento Calificado, creado por la Ley de Presupuesto, que busca incentivar la llegada de trabajadores al país mediante beneficios tributarios.
El régimen está dirigido a personas, tanto uruguayas como extranjeras, que decidan radicarse en Uruguay para trabajar en relación de dependencia en empresas o instituciones científico-tecnológicas, vinculadas a la innovación o el desarrollo tecnológico, o que presten servicios globales.
Uno de los principales beneficios es que los trabajadores podrán optar por tributar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR), con una tasa fija del 12% sobre sus ingresos laborales, en lugar del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tiene tasas progresivas que pueden llegar al 36%. Además, podrán elegir no incorporarse al sistema de seguridad social uruguayo, por lo que no tendrán que realizar los aportes correspondientes.
Para ingresar al programa, los trabajadores no podrán haber tenido residencia fiscal en Uruguay durante los cinco ejercicios anteriores a su traslado al país.
También deberán permanecer físicamente en Uruguay al menos dos tercios de los días del año. Si la relación laboral no abarca todo el año civil, ese requisito se calculará sobre el período durante el cual estuvo vigente el contrato.
Otra condición es que obtengan la totalidad de sus ingresos laborales en Uruguay y exclusivamente mediante una relación de dependencia.
El régimen no alcanza a cualquier empresa. El decreto establece un conjunto de actividades comprendidas, que incluye distintos rubros vinculados a la tecnología, la investigación, la innovación y los servicios globales. Entre ellos figuran la fabricación de productos farmacéuticos, electrónicos e instrumentos médicos, las telecomunicaciones, la programación informática, el procesamiento de datos, la ingeniería y determinadas actividades de investigación, financieras y educativas.
Para quedar incluidas, las empresas deberán desarrollar efectivamente esas actividades y estar registradas ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS), según el decreto.
Antes de aplicar el régimen, los empleadores deberán comprobar que su actividad esté comprendida y que el trabajador reúna las condiciones exigidas.
La decisión de acogerse a los beneficios deberá formalizarse al comienzo de la relación laboral, mediante una declaración jurada que el trabajador presentará a la empresa. Esta, a su vez, deberá comunicar la opción al Banco de Previsión Social.
Además, los empleadores tendrán que controlar durante cada año que se mantengan los requisitos. Entre otras cuestiones, deberán verificar la permanencia del trabajador en Uruguay, para lo cual este tendrá que presentar un certificado de movimientos migratorios, y conservar la documentación que respalde el cumplimiento de las condiciones.
También deberán retener el 12% correspondiente al IRNR sobre la remuneración mensual y transferirlo a la DGI al mes siguiente.
Las opciones podrán ejercerse una única vez y tendrán vigencia durante el año en que se realicen y los cuatro siguientes. De esta forma, el trabajador podrá acceder a los beneficios durante un máximo de cinco años.
El decreto también contempla a quienes hayan comenzado una relación laboral entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2025. Estas personas podrán incorporarse al régimen a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto que lo creó.
También prevé la situación de quienes cambien de empleo. En esos casos, podrán mantener las opciones elegidas si comienzan una nueva relación laboral dentro del plazo de un año desde su desvinculación anterior, continúan trabajando exclusivamente en relación de dependencia y cumplen las demás condiciones establecidasm, según el decreto.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos deja sin efecto los beneficios para el ejercicio fiscal en que se produzca y para los siguientes. Además, deberán abonarse los impuestos adeudados por ese período, junto con las multas y recargos correspondientes, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran aplicarse.
