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La Policía española detuvo este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder a la sede de la compañía en busca de documentación en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a EFE sobre ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por un juzgado en Madrid y que se mantiene bajo secreto.

Fue la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la que registró la sede de la aerolínea Plus Ultra, ubicada en Alcobendas por orden del Juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid.

La compañía, que en su origen contó con capital venezolano, ya había sido objeto de un procedimiento judicial años atrás tras recibir en 2021 un rescate público de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

Aquella instrucción fue archivada por un error en la prórroga, pero las sospechas sobre el uso de los fondos volvieron a activarse a raíz de nuevas informaciones remitidas a la Audiencia Nacional.

La detención del expresidente de la SEPI

El operativo policial se produce un día después de las detenciones de Leire Díez, exmilitante del PSOE, y de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, en otra investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Por el momento, no se ha confirmado si ambos movimientos policiales guardan relación o si responden a causas independientes.

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El rescate en cuestión

El auxilio financiero concedido a Plus Ultra fue uno de los más controvertidos del fondo estatal creado durante la pandemia.

La empresa, que entonces operaba con un solo avión y una actividad muy limitada, fue declarada “estratégica” por la SEPI en febrero de 2021, antes de que se completara toda la documentación exigida para evaluar su solvencia.

Un informe pericial de casi 500 páginas, incorporado con posterioridad a la causa, señaló "dudas más que razonables" sobre si la aerolínea cumplía los requisitos para acceder al rescate, especialmente en lo relativo a su situación financiera a finales de 2019.

Entre los elementos críticos mencionados: un préstamo participativo suscrito con una entidad panameña sin documentación suficiente, provisiones omitidas por litigios abiertos y la cancelación de deudas que podría haber encubierto un escenario de insolvencia.

Registros paralelos en empresas vinculadas a Servinabar

En paralelo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó registros este jueves en Madrid, Sevilla y Zaragoza en sociedades vinculadas a Servinabar, propiedad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la investigación.

Estas diligencias se enmarcan en la causa que dirige la Audiencia Nacional y que ya motivó las detenciones de Díez y Fernández.

Aunque no se prevén nuevos arrestos, la operación continúa bajo secreto, con participación de la Fiscalía Anticorrupción.

Las actuaciones de este jueves amplían el frente judicial que rodea a los procedimientos de rescate y contratación pública desarrollados durante la pandemia, y devuelven a Plus Ultra al centro de la polémica que nunca llegó a disiparse del todo.

FUENTE: El Observador

Temas:

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