Castilla y La Mancha y Asturias se suman a las comunidades autónomas del PP y denuncian que el plan de Montero está "precocinado".
El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido el escenario de una nueva confrontación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas (CCAA) sobre la financiación autonómica.
En la reunión del 14 de enero de 2026, salvo Cataluña, más del 95% de las CCAA han mostrado un rechazo contundente al modelo propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Esta postura unánime revela las profundas tensiones entre el Ejecutivo central y las autonomías, que denuncian la falta de consenso y el carácter "precocinado" del nuevo sistema.
La propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda ha recibido un rechazo frontal por parte de casi todas las comunidades autónomas. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las CCAA gobernadas por el PP, como Murcia, Castilla y León, y Madrid, junto con las comunidades socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, han manifestado su disconformidad con el modelo.
Según los consejeros, el sistema está "viciado" desde su origen, debido a un acuerdo previo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.
Este pacto bilateral ha generado una sensación de exclusión entre las comunidades autónomas, que consideran que se ha elaborado un modelo a medida de los intereses de los independentistas, sin consultar a las regiones afectadas.
El consejero murciano Luis Alberto Marín señaló que el modelo propuesto "nace viciado" y acusó al Gobierno de haber cerrado el acuerdo sin tener en cuenta las necesidades y propuestas de las demás autonomías.
Uno de los puntos clave de la crítica al nuevo modelo de financiación es su carácter voluntario. La ministra Montero ha trasladado a las CCAA que la adhesión al modelo será opcional, aunque las regiones también han señalado que esta voluntariedad es, en la práctica, una forma de coacción.
Según los consejeros, si una comunidad decide no sumarse al nuevo sistema, perdería financiación adicional, lo que algunos interpretan como un "chantaje".
El consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha denunciado que el Gobierno central intenta trasladar el "chantaje" que supuestamente han sufrido las comunidades autónomas a manos de los independentistas, hacia las propias regiones. Además, ha señalado que las reuniones bilaterales que Montero propone como un espacio de negociación multilateral no son más que una formalidad, ya que el modelo ha sido decidido de manera unilateral con ERC.
El modelo propuesto también ha generado críticas específicas sobre la distribución de la financiación entre las distintas CCAA. Algunas regiones como Galicia y Extremadura han mostrado su descontento por cómo el nuevo modelo afecta a sus recursos.
Miguel Corgos, consejero de Galicia, lamentó que el modelo sea "a la carta" y se haya diseñado "a espaldas" de las comunidades autónomas. Para Galicia, el modelo es especialmente perjudicial, ya que vería una disminución en su financiación, situándola por debajo de la media.
Por otro lado, la consejera extremeña, Elena Manzano, acusó al Gobierno de no respetar las normas constitucionales, al haber negociado el nuevo modelo con ERC y sin contar con el consenso de las demás CCAA.
También sugirió que Montero podría estar favoreciendo a Andalucía, región en la que la ministra podría aspirar a ser presidenta en el futuro, lo que añade una capa de suspicacia política al proceso.
Una de las principales demandas de las CCAA durante la reunión ha sido que el modelo de financiación vuelva a ser producto de un proceso multilateral, que incluya a todas las comunidades autónomas de manera equitativa.
Según los consejeros, es esencial que el nuevo sistema de financiación se construya con el consenso de todas las regiones, y no se base en acuerdos bilateralmente cerrados con una parte de ellas.
El consejero murciano insistió en que la ministra Montero debería "recapacitar" y escuchar a las comunidades autónomas, advirtiendo que si sigue imponiendo un modelo que no cuenta con el respaldo de la mayoría, la responsable podría acabar en una dirección equivocada.
Este llamado a la multilateralidad subraya las tensiones existentes entre el Gobierno central y las autonomías, que se sienten marginadas en la toma de decisiones clave para su financiación.
El rechazo generalizado al nuevo modelo de financiación autonómica plantea serias dudas sobre su futuro.
A pesar de los esfuerzos de la ministra Montero por defender su propuesta, las comunidades autónomas han dejado claro que están dispuestas a recurrir a todos los medios legales a su alcance, incluida la vía judicial, si el modelo se aprueba tal y como está.
De hecho, varias CCAA han mencionado la posibilidad de llevar el modelo ante el Tribunal Constitucional, en caso de que se perjudiquen sus intereses.
El conflicto sobre la financiación autonómica no es nuevo, pero la actual disputa pone de manifiesto la creciente fractura entre el Gobierno central y las comunidades, especialmente en un contexto político marcado por las negociaciones con los independentistas y las tensiones territoriales. La respuesta de las CCAA podría ser crucial en las próximas semanas, y el camino hacia un acuerdo parece cada vez más incierto.