La exconcejal del PSOE, Leire Díez, que aparece en un audio solicitando información comprometida de mandos de la UCO de la Guardia Civil que investigaban al entorno familiar de Pedro Sánchez, solicitó su baja voluntaria del partido, informaron este martes fuentes socialistas.
Díez se acercó este martes ante el instructor que lleva su expediente informativo en la sede de Ferraz y al final de su declaración pidió la baja voluntaria.
Según indica el PSOE, en cuanto la baja sea efectiva cualquier medida de carácter orgánico contra ella quedará suspendida, y también el expediente abierto en su contra tras conocerse los polémicos audios que abrieron una crisis en el Gobierno de Sánchez.
Díez anunció que este miércoles dará una conferencia de prensa a las 10:00 horas de este miércoles en un hotel de Madrid, sin adelantar los motivos por los que convoca a los medios.
Las declaraciones de Leire Díez generan una enorme preocupación en el gobierno y en el entorno de Pedro Sánchez, quien a esta altura se ve resignado a tener que comparecer por este tema (el de los audios) en el Congreso.
Según adelantó la Cadena Ser, la militante socialista acudió al partido con más de 2.000 documentos sobre casos relacionados con fraudes de hidrocarburos.
Esta mañana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ya había afirmado que el partido quería escuchar las explicaciones de Díez antes de tomar ninguna decisión.
"Se la llamará para que cuente su versión de los hechos y en función de que lo que vayamos conociendo, actuaremos y aplicaremos las medidas necesarias", dijo el portavoz.
La denuncia del PP ante la Fiscalía contra Leire Díez
El Partido Popular (PP) presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra la denominada "fontanera" del PSOE, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset.
Fuentes del PP explicaron que la denuncia contra los implicados en los audios contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se interpone por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y grupo u organización criminal.
Los populares se basan en informaciones de "extrema gravedad" que, en su opinión, evidencian la "guerra sucia del PSOE y sus satélites" contra magistrados, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el "claro objetivo" de obstruir la actuación de la justicia en las causas que afectan de manera directa a destacados miembros o exmiembros de la cúpula socialista.
