A partir del 6 de mayo, una nueva instrucción del Ministerio del Interior de España, a cargo de Fernando Grande Marlaska, ha modificado las directrices para la actuación de la Policía y la Guardia Civil ante el consumo de drogas en vehículos estacionados. La instrucción 07/25 prohíbe multar a los conductores o ocupantes de vehículos particulares que consuman drogas en el interior de estos cuando el automóvil esté estacionado.
La justificación
El Ministerio del Interior ha justificado esta decisión en una sentencia del Tribunal Supremo de 1999 que establece que los vehículos son espacios íntimos de sus propietarios, relacionados con el concepto de privacidad. Por tanto, el consumo de drogas en su interior no se considera una infracción administrativa bajo la Ley de Seguridad Ciudadana, siempre que no estén destinadas al tráfico.
Si están en tránsito, si es ilegal
La nueva instrucción también aclara que esta medida no se aplica a los vehículos en tránsito. En esos casos, el consumo de drogas puede ser considerado un delito contra la salud pública o un delito relacionado con la seguridad vial. Esta distinción implica que solo aquellos vehículos en movimiento estarán sujetos a sanciones relacionadas con el consumo de estupefacientes.
El artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 establece que el consumo de drogas en lugares públicos o en transportes colectivos es una infracción grave. Sin embargo, el Ministerio del Interior argumenta que los vehículos particulares estacionados son espacios privados, y su regulación debe alinearse con el derecho a la intimidad.
Alarma en los sindicatos policiales
Esta nueva normativa ha generado la reacción de los sindicatos policiales, que consideran que la instrucción limita su capacidad para garantizar la seguridad y prevé un aumento de los peligros en la vía pública. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expresado que la medida «neutraliza por completo la labor preventiva» de las fuerzas de seguridad, pues permite que los conductores consuman drogas sin enfrentar sanciones hasta que reanuden la marcha.
Carlos Quero, portavoz del sindicato UFP, ha añadido que esta decisión puede generar nuevos problemas para los agentes, preguntándose si la misma lógica se aplicará en casos de consumo de armas blancas u otras sustancias.
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Un cambio en la protección jurídica de los vehículos
Según la instrucción, los vehículos estacionados ahora serán considerados como espacios privados, y los agentes ya no podrán actuar en función de la sospecha de que el consumo de drogas dentro del automóvil pueda suponer un peligro para la seguridad pública. La decisión de Grande-Marlaska, que apoya la privacidad en estos espacios, se basa también en sentencias del Tribunal Constitucional que refuerzan el concepto de intimidad dentro de los vehículos.
