El proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España abre la puerta a un cambio estructural en la demografía y los derechos de la población extranjera en el país. Según los cálculos del Ejecutivo, aproximadamente dos de cada tres inmigrantes regularizados (el 67%) podrán optar a la nacionalidad española en un plazo de solo dos años.
Esta vía rápida es posible debido a que la gran mayoría de los solicitantes proceden de países de América Latina. La legislación española contempla para estos ciudadanos un período de residencia legal y continuada sustancialmente menor que los diez años exigidos por norma general a la mayoría de los extranjeros, siempre que se acredite buena conducta cívica y un suficiente grado de integración.
Balance del Ministerio de Inclusión: cerca de 1,2 millones de solicitudes
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, cerró las ventanillas de solicitud el pasado martes, tras dos meses y medio de procedimiento. El balance definitivo arroja casi 1,2 millones de peticiones recibidas bajo el amparo de un decreto que concede papeles a extranjeros en situación irregular que hubiesen llegado a España antes de enero de 2026, acreditasen al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida y carecieran de antecedentes penales.
Fuentes de las entidades sociales colaboradoras en la medida aseguran que "el porcentaje de concesiones es muy elevado", debido a que los requisitos fijados eran "muy sencillos y muy claros". Por ello, se prevé que la cifra final de regularizaciones concedidas no varíe significativamente respecto a las solicitudes registradas. Con este porcentaje del 67% sobre la mesa, en torno a 800.000 latinoamericanos se encuentran actualmente en proceso de regularizar su situación administrativa.
Perfil del solicitante: procedencia iberoamericana y mayoría de ciudadanos de Colombia
El departamento de Elma Saiz ya ha definido el perfil mayoritario de quienes han acudido a este proceso: hombres, menores de 44 años y procedentes en su gran mayoría de América Central o del Sur.
El desglose por nacionalidades sitúa a Colombia como el país mayoritario, concentrando el 25,9% de las solicitudes. El listado de los principales países de origen se distribuye de la siguiente manera:
De la regularización temporal a los derechos del pasaporte español
La medida otorgará inicialmente un permiso temporal para vivir y trabajar en España durante un año. Tras este período, los beneficiarios deberán acogerse a las vías habituales de regularización por arraigo que contempla el reglamento de extranjería.
Si logran mantener su situación legal durante un mínimo de dos años, los ciudadanos de origen latinoamericano podrán iniciar el trámite de nacionalización. Obtener el pasaporte español les otorgará el pleno acceso a los derechos y libertades del Estado, tales como:
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Vivir, trabajar y desplazarse libremente por cualquier país de la Unión Europea.
Ejercer el derecho al voto y ser elegido en elecciones autonómicas y generales.
Acceder al empleo público y presentarse a determinadas oposiciones.
Este trato de favor responde a una política que España mantiene desde hace décadas por razones de afinidad histórica y cultural, orientada a favorecer la integración de ciudadanos procedentes de Estados con una relación especial con el país. Además de los países iberoamericanos, este beneficio de dos años se aplica a nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y personas de origen sefardí.
Requisitos del Código Civil: la nacionalidad no es un derecho automático
A pesar de las condiciones ventajosas de tiempo, el acceso a la nacionalidad no es un trámite automático. El proceso inicia su cómputo legal desde el momento en que se aprueba el primer permiso de residencia derivado de esta regularización, pero cada expediente se somete a una evaluación personalizada según el artículo 22 del Código Civil.
Para que la concesión sea efectiva, el solicitante debe demostrar una buena conducta cívica, lo que implica la comprobación exhaustiva de los antecedentes penales. Asimismo, se evalúa el grado de integración en la sociedad española, un criterio que desde 2015 se acredita formalmente mediante los exámenes del Instituto Cervantes sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).
El procedimiento advierte que la nacionalidad no constituye un derecho definitivo: el Estado mantiene la potestad de denegar la resolución por motivos de orden público o interés nacional, incluso si el solicitante cumple estrictamente con el requisito del plazo temporal de residencia.
