Es difícil saber con exactitud hasta qué punto ha calado en la opinión pública el discurso antiempresa que, de forma reiterada, mantienen algunos de los socios y aliados parlamentarios del Ejecutivo y, en muchas ocasiones, con acento más o menos marcado, desde las propias esferas gubernamentales, pero es evidente que sí ha hecho mella en el tejido productivo.
Un 66% de empresarios y directivos españoles considera que su imagen en la sociedad es "bastante negativa" (el 56%) o, directamente, "muy negativa" (el 10%), frente al exiguo 14% que cree que es positiva.
Así lo refleja un informe publicado ayer por Funcas bajo el título Ante una década crítica: percepciones y perspectivas del empresariado español sobre su entorno, imagen y responsabilidad social, basado en una encuesta a 400 empresarios y directivos españoles y en el que se resalta que para prácticamente la mitad de los sondeados la imagen que de ellos se tiene entre la opinión pública ha empeorado en los últimos cinco años.
Aunque los empresarios y directivos encuestados se muestran prudentes a la hora de atribuir causas directas a este deterioro, sí hacen alusión al "discurso desfavorable del que, en los últimos años, han sido objeto en la esfera pública", mensaje negativo (y reiterado) que juzgan especialmente injusto en tanto que ellos se perciben a sí mismos "como actores que cumplen con su parte en el contrato social, contribuyendo al crecimiento económico y al del empleo", señala el documento.
Pero hay una derivada todavía más preocupante del entorno crecientemente hostil que percibe el empresariado en los últimos años, fruto del auge de un populismo político empeñado en culpar a las élites económicas y empresariales de prácticamente todos los males de los ciudadanos, y es que para el 56% de los encuestados "España no es un buen país para poner en marcha una empresa por la sobrerregulación, la inseguridad jurídica y la elevada fiscalidad", frente al 32,8% que cree que sí lo es.
En un clima en el que "la inestabilidad política genera sensación de inseguridad jurídica", dicha inseguridad y el malestar que genera alcanzan sus cotas más altas en el ámbito de la fiscalidad, según los encuestados, que advierten de una peligrosa espiral: si el aumento de los gravámenes, cuya tendencia es "invariablemente expansiva", se repercute en los precios, los productos pierden competitividad; si esto a su vez se plasma en menores beneficios, "se resiente la capacidad de las empresas para innovar, crecer o mejorar las condiciones laborales". Un bucle muy peligroso para el potencial de crecimiento de la economía a medio y largo plazo.
"Visión poco estimulante"
Además, los empresarios y directivos sondeados alertan de que esta percepción de inseguridad jurídica, junto al "mal aprovechamiento de la presión fiscal", que ven "desproporcionadamente alta en relación con la calidad de los bienes y servicios que provee el Estado", se traduce en una "visión poco estimulante para la actividad empresarial que afecta más a España que a otros países europeos".
Todo ello aderezado por un exceso de regulación y de burocratización que perciben como "las mayores debilidades estructurales del entorno empresarial español", puntos flacos que además se ven agravados por la falta de unidad de mercado; esto es, por "unas administraciones públicas superpuestas y, a menudo, descoordinadas, y su ineficiente funcionamiento".
En este sentido, el 48% de los encuestados considera que los ámbitos públicos más necesitados de reforma son, precisamente, la Administración y la función pública; seguidos de la fiscalidad, mencionada por el 41%, y del sistema educativo, citado por el 40% y que se ve desacoplado de las necesidades del sistema productivo. Y critican la "incongruente planificación y gestión" del fenómeno migratorio, así como el progresivo debilitamiento de los "valores de esfuerzo y laboriosidad".
Pese a todo y a que una mayoría considera que España no es un buen país para poner en marcha una empresa, los empresarios también valoran las fortalezas del país, que centran en la pujanza de determinados segmentos de la sociedad y de la economía productiva, anticipando un aumento de la demanda de sus mercancías en los próximos años, lo que, según el estudio, "implica su confianza en el valor de lo que producen y en su capacidad para dar respuesta a esa demanda en un entorno nada fácil".
Sin embargo, lo cierto es que incluso quienes consideran que España es un buen país para invertir "expresan reservas sobre la coyuntura política", llegando algunos a afirmar que "no es el momento más aconsejable para venir aquí". Inseguridad, pero también mucha desconfianza.
FUENTE: RIPE -EXPANSIÓN
