El presidente francés, Emmanuel Macron, ha promulgado formalmente la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, la cual legaliza en el país vecino tanto la eutanasia como el suicidio asistido. La norma ha quedado oficialmente publicada este miércoles en el Diario Oficial de la República Francesa, lo que representa el paso legal y administrativo obligatorio previo a su entrada en vigor.
Con esta publicación culmina un largo recorrido legislativo. La ley fue adoptada de forma definitiva por la Asamblea Nacional el pasado 15 de julio, cerrando de este modo su tramitación parlamentaria. Posteriormente, el viernes de la semana pasada, el texto recibió el aval del Consejo Constitucional, órgano que validó la norma emitiendo únicamente algunas reservas.
Claves del texto: autodeterminación y administración de la prestación
El texto legislativo consolida la creación del derecho a la "ayuda a morir", estableciendo que este debe ser ejercido de manera prioritaria por la propia persona interesada. No obstante, la ley contempla una excepción: en aquellos supuestos en los que el paciente se encuentre físicamente incapacitado, la administración de la prestación podrá ser efectuada por un profesional médico o de enfermería.
Requisitos de acceso, residencia y evaluación del paciente
Para poder acogerse a este nuevo marco legal, la normativa fija una serie de condiciones estrictas:
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Nacionalidad y edad: Ser mayor de edad y contar con la nacionalidad francesa o ser residente legal en Francia.
Estado de salud: Padecer una enfermedad grave e incurable con un pronóstico vital comprometido en fase avanzada o terminal, enmarcado en un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.
Nivel de sufrimiento: Presentar un sufrimiento físico o psicológico derivado de la patología que no pueda ser aliviado o que el enfermo considere insoportable, tras haber optado por rechazar o suspender un tratamiento. La ley especifica de forma explícita que el sufrimiento puramente psicológico, sin una patología física grave subyacente, no da acceso a este derecho.
Capacidad de decisión: Mantener la plena capacidad de discernimiento y ser apto para manifestar la voluntad de forma libre y consciente en el momento exacto de formalizar la solicitud.
Procedimiento legal, plazos de evaluación y periodo de reflexión
El procedimiento exige que la persona interesada solicite la prestación formalmente a un médico o enfermero. El proceso debe documentarse obligatoriamente por escrito y someterse a una evaluación colegiada por parte del equipo sanitario.
Una vez cursada la petición, el profesional sanitario dispone de un plazo máximo de 15 días para emitir una respuesta motivada. En caso de ser aprobada la solicitud, el paciente deberá reconfirmar su decisión definitiva tras cumplir un periodo mínimo de reflexión de 2 días.
Diferencias médicas y éticas entre eutanasia activa, pasiva y suicidio asistido
Para comprender el alcance del marco francés, es fundamental precisar las tipologías del procedimiento desde la perspectiva médica y ética. De acuerdo con la definición de la profesora e investigadora Martha Cancino Merentes (Universidad Autónoma de Nayarit), la eutanasia es un acto provocado a solicitud del paciente para evitar sufrimientos insoportables por enfermedades o lesiones incurables. Este acto exige cinco condiciones fundamentales: consentimiento informado, motivación altruista del ejecutor, enfermedad o dolor intratable, un procedimiento indoloro y la consecuente muerte del paciente.
A partir de estos criterios, la disciplina médica distingue tres variantes principales:
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Eutanasia pasiva: Supone la suspensión de tratamientos médicos esenciales a petición del enfermo. La muerte sobreviene como consecuencia natural de la patología, sin intervención directa del profesional sanitario para causarla.
Eutanasia activa: Implica que un tercero —por lo general un profesional sanitario— administre de forma directa una sustancia letal para provocar deliberadamente la muerte del paciente.
Suicidio asistido: Es el propio enfermo quien ejecuta el acto final sobre su vida, habitualmente mediante la ingesta de un fármaco prescrito y facilitado por un profesional médico.
En el caso particular de la legislación francesa aprobada por la Asamblea Nacional, el modelo se articula con un enfoque regulado prioritariamente como suicidio asistido, ya que exige que el enfermo se autoadministre la sustancia letal, reservando la intervención directa de un médico o enfermero únicamente para los casos de incapacidad física.
Panorama internacional: países donde la eutanasia y el suicidio asistido son legales
Francia se suma a un conjunto de naciones que han regulado normativamente el derecho a la muerte asistida tras intensos debates legislativos y éticos.
En Europa, Países Bajos pionero al legalizar la eutanasia en 2001 (en vigor desde 2002), seguido por Bélgica en 2003; ambos países permiten este derecho incluso en menores de edad bajo estrictos controles. Luxemburgo se sumó en 2009 y España aprobó su propia ley de eutanasia en 2021. Por su parte, Austria aprobó el suicidio asistido en 2021 tras un fallo de su Tribunal Constitucional.
El caso de Suiza es particular: la eutanasia directa está prohibida, pero el suicidio asistido es legal y se practica de forma supervisada con cerca de 1.600 casos anuales. En este país, la organización Last Resort, dirigida por la abogada Fiona Stewart, presentó la cápsula "Sarco" en Zúrich, un dispositivo impreso en 3D que permite inducir la muerte por hipoxia de nitrógeno activada por el propio usuario desde el interior.
Fuera del continente europeo, Canadá legalizó la eutanasia en 2016 y ha ido ampliando su marco legal progresivamente. En Colombia, el derecho fue reconocido por la Corte Constitucional en 1998, desarrollando posteriormente su regulación. En Estados Unidos, el suicidio asistido está permitido en varios estados —como Oregón, California, Washington o Nueva Jersey— para pacientes terminales con una expectativa de vida inferior a seis meses. Finalmente, Nueva Zelanda legalizó la muerte asistida tras un referéndum en 2020, sumándose a diversos estados y territorios de Australia que también han regulado este derecho.
