La política catalana se moviliza para evitar que se repitan procesos judiciales como el de Noelia Castillo, la joven barcelonesa que recibió la muerte asistida tras una batalla legal de 20 meses. La mayoría del Parlamento de Cataluña -integrada por el PSC, Junts, ERC, Comunes y la CUP- ha reactivado una propuesta de reforma de la ley estatal con el fin de blindar los plazos y limitar las impugnaciones que puedan demorar el proceso.
El próximo pleno del Parlamento votará si la iniciativa se tramita por lectura única, un procedimiento de urgencia que permitiría enviarla directamente al Congreso de los Diputados tras una sola votación en el hemiciclo autonómico.
Reducción de plazos judiciales: de meses a 20 días
La proposición de ley busca modificar la normativa estatal de 2021 para establecer un marco temporal mucho más estricto en las sedes judiciales. El objetivo central de los partidos firmantes es que cualquier recurso o impugnación contra la aplicación de la muerte asistida deba resolverse en un plazo máximo de entre 20 días y un mes.
La iniciativa, registrada originalmente en febrero, también contempla límites a las posibilidades de apelación. Según la portavoz del PSC en el Parlament, Elena Díez, la medida responde a una necesidad humanitaria: "No nos podemos permitir que una persona que sufre tenga que ver que los plazos son tan largos", defendió recientemente. Esta postura coincide con las reivindicaciones de entidades como la asociación Derecho a Morir Dignamente.
La oposición critica la "deshumanización" del sistema
La propuesta no cuenta con el respaldo de todo el arco parlamentario. PP, Vox y Aliança Catalana se han desmarcado de la reforma. Desde las filas populares, el portavoz Juan Fernández ha calificado de "error garrafal" centrar el esfuerzo legislativo en recortar tiempos judiciales.
Para Fernández, el caso de Noelia Castillo fue el reflejo de un "fallo del sistema" y de una administración que ofreció una respuesta "burocrática, fría y deshumanizada" ante problemas vitales. "El camino no es acelerar la muerte, es acompañar mejor la vida", sentenció el portavoz del PP, quien aboga por mejorar el apoyo psicológico y la asistencia a las familias en situaciones de vulnerabilidad extrema.
Recelos ante el control judicial y la irreversibilidad
Más allá del debate político, grupos provida han expresado su preocupación por lo que consideran una restricción peligrosa del margen de control judicial. Según recoge La Gaceta, limitar las apelaciones en un procedimiento cuya consecuencia es irreversible podría vulnerar garantías fundamentales.
El debate se traslada ahora al hemiciclo catalán, donde se decidirá si la "vía rápida" para esta reforma es la elegida para llegar a las Cortes Generales, en un contexto de profunda división sobre cómo debe gestionarse el final de la vida en el marco jurídico español.
