Las instituciones de la Unión Europea han sellado este jueves un acuerdo histórico para combatir la proliferación de contenidos digitales ilícitos. El pacto, cerrado de madrugada entre la Eurocámara y el Consejo, prohíbe formalmente la creación de imágenes sexualizadas generadas con Inteligencia Artificial (IA) sin el consentimiento de las personas afectadas, una medida que busca frenar una tendencia al alza en la red.
La nueva regulación no solo veta los sistemas diseñados exclusivamente para producir contenido íntimo o material de abuso sexual infantil, sino que también impone responsabilidades a las herramientas de uso general. Estas deberán implementar "medidas de seguridad razonables" para evitar que su tecnología sea utilizada para estos fines.
El impacto del "caso Grok" y el nuevo calendario de marcas de agua
El veto a estas prácticas entrará plenamente en vigor el 2 de diciembre de 2026. Los negociadores comunitarios han tomado esta decisión tras el reciente escándalo provocado por la herramienta Grok, de la red social X, que permitió la generación de fotografías sexualizadas de figuras públicas. Bajo el nuevo marco, las tecnológicas tienen hasta finales de este año para diseñar salvaguardas adecuadas.
"Nuestras empresas y ciudadanos quieren innovar y sentirse seguros. El acuerdo de hoy hace ambas cosas", afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para política digital.
Además, las instituciones han ajustado el calendario para la transparencia informativa. La obligación de incorporar marcas de agua en audios, vídeos y fotos generados por IA -una medida clave para que el usuario identifique qué es real y qué es sintético- se ha fijado para el próximo diciembre de 2026.
Retraso de 16 meses para los sistemas de IA de "alto riesgo"
Más allá de la protección de la imagen personal, el acuerdo supone una profunda reforma en los plazos de cumplimiento para la industria. La UE ha decidido posponer hasta el 2 de diciembre de 2027 las obligaciones para los sistemas considerados de alto riesgo.
Esta categoría incluye tecnologías críticas utilizadas en:
-
Sanidad y Educación.
-
Banca: sistemas de cálculo para préstamos.
Recursos Humanos: procesos de contratación de personal.
Control de fronteras e infraestructuras críticas.
Originalmente, la ley preveía una aplicación más inmediata, pero Bruselas ha concedido una prórroga de dieciséis meses debido a que aún no se han finalizado los requisitos técnicos necesarios para garantizar que estos sistemas no vulneren derechos fundamentales.
Reducción de la burocracia y apoyo a la innovación europea
El pacto se enmarca en el paquete legislativo 'Omnibus VII', cuyo objetivo principal es la simplificación regulatoria. Para evitar duplicidades, sectores como los de dispositivos médicos, juguetes, ascensores y maquinaria industrial estarán exentos de demostrar la seguridad de su IA si ya cumplen con normativas sectoriales equivalentes.
"Para que Europa se convierta en un continente de IA, necesitamos promover la innovación y apoyar a las empresas emergentes", defendió la eurodiputada Arba Kokalari, ponente de la reforma. En esta línea, se han ampliado las exenciones para pymes y empresas de mediana capitalización, y se ha retrasado hasta agosto de 2027 el plazo para que los Estados miembros creen entornos nacionales de pruebas.
Críticas de las grandes tecnológicas: "Mínimas mejoras"
A pesar del optimismo institucional, el sector privado ha recibido la noticia con frialdad. La organización CCIA Europe, que representa a las grandes tecnológicas, mostró su rechazo a la reforma alegando que existe una "enorme brecha" entre la retórica de simplificación y los resultados finales.
Mientras tanto, la Oficina Europea de IA mantendrá sus competencias de supervisión sobre modelos de propósito general, aunque las autoridades nacionales seguirán siendo las encargadas de vigilar el uso de la IA en fuerzas de seguridad, justicia y entidades financieras.
