Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999, heredó una deuda externa manejable para el tamaño de la economía de 19.300 millones de dólares. Hoy, solo en bonos, asciende a 110.000 millones, a lo que se suman compromisos con organismos multilaterales, préstamos bilaterales —como los de China— y reclamos de empresas expropiadas que exigen compensación. Sobre esta carga no hay cifras oficiales: reina la opacidad, aunque distintas estimaciones lo ubican en torno a 70.000 millones de dólares adicionales.
La mayor parte de la deuda se acumuló entre 2005 y 2016, justo cuando el petróleo —fuente de más de tres cuartas partes de las divisas que ingresan al país— se mantuvo en precios elevados que llevaron a otros países de la OPEP a reducir pasivos, invertir para elevar la producción y ahorrar para tiempos de menor brillo del barril.
Venezuela hizo lo contrario: se endeudó sin ahorrar, no invirtió para sostener la producción y los recursos se diluyeron entre corrupción rampante, proyectos inconclusos, empresas ineficientes y compañías expropiadas que, ya en manos del Estado, comenzaron a generar pérdidas.
La deuda de Pdvsa, la petrolera estatal, es elocuente. En 2005 era mínima, apenas 2.700 millones de dólares, con una producción de 2,7 millones de barriles diarios. Doce años después, cuando Estados Unidos aplicó las primeras sanciones financieras a la empresa en vista de que Maduro se alejaba del camino democrático, la deuda en bonos se había multiplicado por doce y la producción había caído por debajo de los 2 millones de barriles diarios.
La deuda tampoco se tradujo en mejoras de infraestructura. Al contrario, la falta de inversión deterioró los servicios públicos, especialmente el eléctrico, donde las fallas son constantes. Tampoco se orientó a diversificar las exportaciones. Las ventas al exterior no asociadas al petróleo comenzaron a retroceder por el pobre desempeño del sector industrial.
El proceso
En 2017, con las manos vacías tras dilapidar el boom petrolero y una economía en ruinas, Nicolás Maduro suspendió los pagos de la deuda y Venezuela cayó en incumplimiento. Hoy, la administración de Delcy Rodríguez, urgida de financiamiento para intentar estabilizar la economía y sin disposición —al menos por ahora— de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), se propone iniciar la renegociación.
Cuando un país no puede pagar su deuda inicia negociaciones con los acreedores. El objetivo es una reestructuración de largo alcance que suele incluir una reducción del monto, plazos más amplios, nuevo financiamiento, períodos de gracia sin amortizaciones y tasas de interés más favorables.
Washington emitió una licencia que flexibiliza las sanciones y permite al gobierno de Delcy Rodríguez contratar asesores para diseñar una propuesta de reestructuración de la deuda. Sin embargo, todavía no autoriza negociaciones directas con los acreedores ni la firma de contratos de renegociación.
Como asesor, el gobierno venezolano contrató a la firma Centerview Partners, que en un comunicado precisó que la renegociación no incluirá “deuda oficial”. Según el abogado José Ignacio Hernández, esto significa que quedarán fuera las reclamaciones binacionales y multilaterales.
Para la renegociación es fundamental que el país presente un análisis de sostenibilidad de la deuda que calcula un umbral de alivio para garantizar que la nueva estructura sea viable a largo plazo y que la economía pueda recuperarse. Este paso suele hacerse con la asistencia del FMI que actúa como un árbitro técnico y otorga el aval financiero para impulsar el proceso.
El gobierno de Delcy Rodríguez anunció que “Venezuela “espera presentar su marco macroeconómico y análisis de sostenibilidad de la deuda pública a la comunidad financiera internacional en junio de 2026”, lo que apunta a que no contempla la asistencia del FMI.
“El riesgo de cualquier estudio que no involucre al Fondo es, en términos jurídicos, de credibilidad y transparencia, dada la fragilidad institucional en la medición, publicación y divulgación de la información macroeconómica”, advierte José Ignacio Hernández en un análisis.
El peligro
Economistas señalan que, en medio de la debilidad institucional de Venezuela —sin cifras oficiales ni equipos técnicos— lo más recomendable es acudir al FMI. Leonardo Vera, expresidente de la Academia de Ciencias Económicas, advirtió que lo aconsejable es “acercarnos a los multilaterales, acceder a la revisión y asistencia técnica del FMI, y luego ir preparados a una dura negociación con los acreedores con apoyo multilateral y con un programa de estabilización y reconstrucción creíble y sostenible”.
Omar Zambrano, director de la consultora Anova, señaló que “un gobierno sin legitimidad democrática, sin cuadros técnicos ni estadísticas creíbles, sin programa con el FMI y sin un plan de estabilización coherente anunció un proceso acelerado y parcial —solo bonos— de reestructuración de la deuda externa”, lo que calificó como “una pésima noticia”.
Añadió en su cuenta de X que, sin un análisis de sostenibilidad avalado por el FMI, no será posible defender una gran reducción de la deuda: el recorte dependerá de la percepción de los acreedores sobre la capacidad de pago de un soberano débil. Con una rebaja pequeña, el país quedaría con un monto elevado de deuda y tendría que pagar altas tasas de interés por el nuevo financiamiento, “lo cual alimenta la dinámica fiscal insostenible en el futuro”.
Agregó que también existe el riesgo de que en la mesa de negociación se impongan “plazos cortos y períodos de gracia mínimos”. Recordó que “cuando un soberano débil negocia con acreedores fuertes y sin árbitro multilateral, el acreedor impone y el soberano acepta”.
El economista Manuel Sutherland señaló en su cuenta de X que Venezuela tiene un gobierno temporal y sin reconocimiento electoral y “un ejecutivo con escasa legitimidad internacional, que no ha sido electo por ningún votante y de carácter transitorio no debe comprometer las finanzas del país por décadas”.
Señala que un eventual acuerdo de reestructuración podría fijar pagos por capital e intereses que terminarían atando al país a un escenario de pobreza, salarios muy bajos, escasa inversión en servicios públicos y bajo crecimiento de la economía.
