El gobierno de Estados Unidos emitió una licencia que flexibiliza las sanciones a Venezuela y permite que la administración de Delcy Rodríguez utilice fondos públicos para cubrir los gastos de defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, procesados en Nueva York por narcotráfico.
Según el documento publicado por la Corte, la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) obliga a que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026 y no provengan de gobiernos extranjeros.
nicolas-maduro-junto-su-esposa-cilia-flores
Nicolás Maduro y Cilia Flores
AP
El Departamento del Tesoro había mantenido bloqueada la posibilidad de que el Estado venezolano cubriera los gastos, pese a los reclamos de los abogados defensores. El giro se produce un mes después de una audiencia en la que el juez Alvin K. Hellerstein interrogó con dureza a los fiscales sobre las razones para impedir los pagos, mientras el abogado de Maduro, Barry Pollack, pidió desestimar el caso por esa causa.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, indicó que los abogados de Maduro aceptaron retirar la solicitud de desestimar el caso tras la licencia emitida por el Departamento del Tesoro, que autoriza el uso de fondos públicos venezolanos para cubrir sus honorarios.
Estados Unidos, que desde 2019 considera a Nicolás Maduro un gobernante ilegítimo, mantiene sanciones que limitan las operaciones y transacciones con el gobierno venezolano. La única instancia capaz de autorizar excepciones es la OFAC dependiente del Departamento del Tesoro, que puede emitir licencias especiales para permitir pagos o mover fondos.
Hasta ahora, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York había rechazado que existiera una violación a la Sexta Enmienda, que garantiza a todo acusado el derecho a contar con asistencia legal adecuada en un juicio penal.
efe-dibujo-donde-aparece-nicolas-maduro-la-audiencia
Dibujo de Maduro en la última audiencia ante el juez
EFE
Los fiscales sostenían que, para configurarse una violación, la injerencia del Gobierno debía ser ilegítima y deliberadamente dirigida a socavar la defensa. En su argumento añadían que la negativa de la OFAC respondía a razones legítimas de política exterior y seguridad nacional.
Barry Pollack, de 61 años y con una extensa trayectoria como defensor en casos emblemáticos —entre ellos el de Julian Assange, fundador de WikiLeaks— desestimó los argumentos de la Fiscalía ante el juez. Señaló que la negativa del gobierno estadounidense a permitir que Venezuela pagara los honorarios violaba de manera directa el derecho de sus clientes a escoger abogado.
Aunque el inicio del juicio permanece lejano —expertos legales estiman que podría demorar meses o incluso años— la decisión que habilita el pago de la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores elimina uno de los primeros obstáculos para que el proceso avance.
Maduro y Flores fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero durante un operativo militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Allí enfrentan cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas. El exmandatario y su esposa se declararon inocentes de todas las acusaciones y optaron por ir a juicio.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York actúa en estrecha coordinación con la División de Operaciones Especiales de la DEA, que desempeñó un papel central en la investigación que respalda las acusaciones. A esa labor se sumaron agentes del Departamento de Seguridad Nacional.
Los cargos
En la acusación presentada en enero de 2026 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos centrales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, uso de armas en apoyo al narcotráfico y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos vinculados al tráfico de drogas. Cilia Flores enfrenta los mismos cargos, excepto el último.
A Maduro se le acusa de narcoterrorismo por aliarse, junto a otros altos funcionarios, con grupos como las FARC, el ELN y el Cartel de Sinaloa para “para distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos”. El volumen del tráfico era de dimensiones industriales. Para 2020, el Departamento de Estado estimó que entre 200 y 250 toneladas de cocaína se movían cada año a través de Venezuela.
maduro-es-trasladado-al-tribunal-donde-es-juzgado-nueva-york
Maduro es trasladado al tribunal donde es juzgado en Nueva York
EFE
Los fiscales indican que Maduro se vinculó al tráfico de drogas antes de juramentarse en 2013 por primera vez como presidente de Venezuela. La acusación sostiene que “entre aproximadamente 2006 y 2008, mientras ejercía como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a individuos que sabía eran narcotraficantes”.
El esquema no se limitaba a documentos oficiales. Cuando los traficantes necesitaban mover dinero ilícito desde México hacia Venezuela, Maduro habría facilitado vuelos privados bajo cobertura diplomática.
La primera acusación contra Nicolás Maduro en el Tribunal de Distrito Federal de Manhattan se remonta a 2020, cuando los fiscales lo señalaron de haber convertido a Venezuela en un “narcoestado”. En ese mismo expediente fueron incluidos los generales Cliver Alcalá y Hugo “El Pollo” Carvajal, quienes terminaron admitiendo su responsabilidad.
Alcalá se entregó en Colombia, fue extraditado a Estados Unidos y en abril de 2024 recibió una condena de 21 años de prisión tras declararse culpable de suministrar armas y apoyo material a las FARC, luego de que se retiraran los cargos directos de narcotráfico.
Carvajal, extraditado desde España, se declaró culpable en junio de 2025 de delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. Su audiencia de sentencia aún no tiene fecha, lo que alimenta la presunción de que estaría colaborando con los fiscales a cambio de una reducción de pena.
