Un día después de asumir la presidencia de Chile en marzo, José Antonio Kast firmó con Estados Unidos una declaración conjunta sobre minerales críticos. El memorando refuerza esta agenda y, según la Cancillería, proyecta al país como “actor clave en la transición energética global”. En concreto abre la puerta para la cooperación en financiamiento, innovación y desarrollo.
El llamado triángulo del litio, la meseta andina que se extiende desde el norte de Chile y Argentina hasta el sur de Bolivia, concentra más de la mitad de los recursos mundiales de este mineral clave para la transición energética. Hace apenas unos años, los tres países estaban gobernados por la izquierda; hoy, con Kast en Chile, Milei en Argentina y Rodrigo Paz en Bolivia, el mapa político se inclinó a la derecha.
El viraje tiene implicaciones directas. El discurso sobre una “OPEP del litio”, el nacionalismo y el desarrollo verde dio paso a la necesidad de atraer inversión extranjera y firmar acuerdos bilaterales con Washington. Kast, Milei y Paz han alineado sus agendas con la estrategia de Trump de convertir a América Latina en proveedor de minerales críticos.
Compra de Serra Verde
Brasil fue el escenario de un paso decisivo cuando USA Rare Earth, una empresa emergente de Oklahoma respaldada por Washington, anunció esta semana la compra de Serra Verde por 2.800 millones de dólares, con 300 millones en efectivo y el resto en acciones. En enero, la administración Trump había inyectado 1.600 millones en la compañía a través del Departamento de Comercio, obteniendo una participación accionaria.
Serra Verde controla la mina y la planta de procesamiento Pela Ema, en Goiás, y produce un carbonato mixto de tierras raras con elementos estratégicos como disprosio, terbio e itrio. Es el único productor a gran escala fuera de Asia. Estos materiales son esenciales para imanes permanentes que se usan en autos eléctricos, turbinas eólicas, robots, drones y también en semiconductores, defensa y energía nuclear.
“La adquisición de Serra Verde representa un paso transformador para cumplir nuestra ambición de construir un campeón global y el socio de referencia en elementos de tierras raras, óxidos, metales e imanes”, señaló Barbara Humpton, directora ejecutiva de USA Rare Earth, a través de un comunicado.
La compañía, que también posee un depósito mineral en Texas, apuesta a que la adquisición le permitirá construir una plataforma integrada de tierras raras que abarque toda la cadena: desde la minería y la separación hasta la metalización y la fabricación de imanes.
Humpton agregó que la mina Pela Ema “es un activo único en su tipo y el único productor fuera de Asia capaz de suministrar los cuatro elementos magnéticos de tierras raras a escala”, por lo que será una piedra angular en el suministro seguro de estos materiales.
Thras Moraitis, director ejecutivo de Serra Verde Group, explicó en el comunicado conjunto que “la compañía resultante ofrecerá una solución integrada de tierras raras a gran escala, acelerará el crecimiento y generará mayor valor para todos los actores involucrados”.
Ley en Venezuela
A pocas horas de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, apareció exultante junto a Donald Trump en el Air Force One. “Tienen acero, tienen minerales, todos los minerales críticos”, proclamó, aludiendo a Venezuela, el país que Washington acababa de alinear con su estrategia de dominio del hemisferio occidental y control de sus recursos naturales.
En marzo, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, aterrizó en Caracas acompañado de veinte representantes de empresas mineras. Su objetivo: establecer condiciones para iniciar operaciones en los yacimientos venezolanos que, según información oficial divulgada en 2018, concentran unas 644 toneladas de oro en la región de Guayana y albergan recursos incluidos por Washington en su lista de 60 minerales críticos.
Delcy Rodríguez con Doug Burgum - 4-3-26 - AFP
Delcy Rodríguez y el secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum
AFP
Aparte del oro, Venezuela, si bien no ha certificado sus reservas, cuenta con minerales esenciales: níquel, indispensable para la elaboración de baterías; carbón metalúrgico, clave en la producción de acero; coltán, esencial para la electrónica; cobre, vital en las redes eléctricas; antimonio, utilizado en el sector militar como retardante de fuego y en aleaciones; y manganeso, fundamental para fortalecer el acero y fabricar baterías.
Tras reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Burgum regresó a Washington y poco después se flexibilizaron las sanciones para permitir la participación de compañías estadounidenses en la explotación y comercialización de oro venezolano.
Posteriormente, el pasado 9 de abril el Parlamento venezolano reformó la Ley de Minas que abre el sector a la inversión privada y extranjera, regula los derechos mineros, establece categorías para la explotación a pequeña, mediana y gran escala, introduce el arbitraje independiente de controversias y fija concesiones de hasta 30 años, renovables dos veces por períodos de 10 años.
Aunque existe un entendimiento entre la administración Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez —donde el acceso a los recursos naturales relegó por ahora la democratización—, la explotación minera enfrenta un obstáculo central: desplazar a los grupos armados que controlan yacimientos de oro, coltán y otros minerales en el sur del país, una zona marcada por violencia y la ilegalidad. Se espera que los próximos pasos apunten en esta dirección.
Toda la región
China logró consolidar un cuasi monopolio sobre minerales estratégicos y restringió su flujo en respuesta al alza de aranceles que impuso Donald Trump como parte de su agresiva política comercial. Aunque luego hubo una tregua, con reducción de aranceles por parte de Washington y flexibilización de restricciones por Pekín, Estados Unidos tomó nota de su vulnerabilidad.
Durante la restricción que impuso China, casi un tercio de los programas de adquisiciones del Pentágono enfrentó riesgo de desabastecimiento, al igual que industrias clave como la automotriz y la energética. La capacidad de Pekín para volver a cerrar el grifo persiste, y las exportaciones de tierras raras con aplicaciones de doble uso —militares y civiles— siguen en gran medida bloqueadas, debilitando los esfuerzos de rearme de Occidente.
La ofensiva de Washington se extiende más allá de Chile, Brasil y Venezuela. En Argentina, el litio y el cobre se proyectan como reservas estratégicas; en Ecuador, el cinturón andino aporta tierras raras pesadas, oro y cobre; en Paraguay, el manganeso y la cooperación industrial se suman a un acuerdo que incluye presencia militar estadounidense; en Perú, diez de los 50 minerales críticos identificados por Washington, entre ellos cobre, litio y plata, consolidan su papel como actor clave. México, por su parte, avanza en un plan de acción conjunto para blindar las cadenas de suministro.
Bolivia busca romper el monopolio chino sobre el litio y abrir su sector a empresas estadounidenses, mientras República Dominicana se integra a la red de países “afines” que Washington quiere articular. Incluso Uruguay, sin minerales críticos, aparece en el mapa como potencial comprador de insumos para su matriz renovable. El resultado es un entramado continental donde cada país aporta un recurso o una posición estratégica.
