Se agrava la ausencia de datos esenciales sobre la marcha de la economía venezolana. La detención de economistas y la intimidación a académicos provocaron que el Observatorio Venezolano de Finanzas, última fuente alternativa de información pública, detuviera la divulgación de sus reportes sobre inflación y evolución del PIB. Así, el apagón estadístico es total salvo para las empresas que pueden costear estudios privados.
El Banco Central no publica cifras de inflación desde octubre de 2024 y en el pasado ha llegado a omitirlas por más de dos años. Tampoco se actualizan los datos de la balanza de pagos desde el primer trimestre de 2019, lo que impide conocer las cifras de exportaciones, importaciones y remesas. Los datos del PIB se limitan a variaciones porcentuales sin mayor desglose, mientras que no hay información reciente sobre la deuda externa. El Ministerio de Finanzas, por su parte, oculta todo lo relativo al déficit fiscal. Desde 2023 tampoco se difunden cifras oficiales sobre desempleo y pobreza.
La ausencia prolongada de estadísticas oficiales obligó a las empresas a recurrir a estudios privados como única brújula económica. Ante ese vacío, organismos como el Observatorio Venezolano de Finanzas construyeron mediciones alternativas de inflación y actividad económica que, a diferencia de las consultoras, se difunden públicamente. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido silenciar los análisis críticos sobre la marcha de la economía y las pocas cifras disponibles.
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El mes pasado, dos consultores que han realizado trabajos para el Observatorio fueron detenidos por los cuerpos policiales. En un comunicado el organismo señaló: “Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la persecución, el hostigamiento y la criminalización de personas dedicadas al levantamiento, análisis y difusión de información estadística relevante para comprender la economía venezolana”.
Asimismo, miembros de la Academia de Ciencias Económicas y economistas del ámbito privado fueron sometidos a interrogatorios. Tras este incremento en la represión, explican fuentes consultadas, el Observatorio Venezolano de Finanzas optó por postergar la divulgación de sus cifras. En paralelo, resulta notoria la desaparición de voces que solían analizar críticamente la marcha de la economía en programas de radio y televisión.
Borrar la crisis
La represión busca silenciar el deterioro de la economía. El gobierno se financia a través de la emisión de dinero, lo que traduce en una masa de bolívares que se dirige a la compra de dólares y acelera la inflación. En los últimos seis meses, la cotización del dólar en el mercado oficial acumula un salto de 117% y las proyecciones de entidades financieras y consultoras apuntan a que este año la inflación será de tres cifras y que la economía caerá en recesión.
Un reporte de Bank of America, citado por Bloomberg, pronostica que la inflación alcanzará 530% en un contexto donde el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos amenaza con impactar las exportaciones petroleras, la fuente que provee 90% de las divisas que ingresan al país.
Las reservas internacionales, el tanque de dólares que tiene disponible el Banco Central para sostener la oferta de divisas, se ubican en apenas 3.200 millones de dólares. Es una cifra exigua que representa menos de la mitad de las reservas de países como Nicaragua.
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Un mural refleja la crisis cambiaria en las calles de Caracas
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El directorio del Banco Central no ha emitido declaraciones sobre la evolución del tipo de cambio ni sobre el comportamiento de la inflación. Pero en una nítida señal de la crisis, el pasado 4 de junio la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció un plan para controlar quiénes acceden a divisas en el mercado oficial, con el fin de dirigir las ventas hacia sectores que considera prioritarios.
"Nosotros debemos cuidar las divisas para el sector alimentos, los medicamentos, los bienes de capital que impulsen la industria nacional, las materias primas. Es una lógica económica correcta", afirmó Rodríguez y recalcó que “el consumo suntuario no es una prioridad para el pueblo venezolano” y que, por lo tanto, “las divisas deben tener una priorización”.
Un sistema en ruinas
El problema de las estadísticas oficiales en Venezuela no se limita a la falta de transparencia. En esta área, esencial para entender los desafíos del país y orientar decisiones públicas, se evidencia un colapso que ha apartado al sistema nacional de los estándares mínimos internacionales.
El Índice de Desempeño Estadístico del Banco Mundial sitúa a Venezuela en una posición crítica. Este indicador, que evalúa a 187 países en cinco pilares -uso, servicios, productos, fuentes e infraestructura de datos- mide la capacidad institucional para recopilar y divulgar estadísticas públicas confiables, y revela el profundo deterioro del sistema estadístico nacional.
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En su edición más reciente, con datos correspondientes a 2023, el Índice de Desempeño Estadístico otorgó a Venezuela una puntuación de apenas 39 puntos en una escala de 0 a 100. En contraste, el promedio de América Latina se ubicó en 71 puntos y el de África Subsahariana, en 60. La brecha refleja el rezago del país y el deterioro de su sistema estadístico.
Venezuela registra la puntuación más baja de América Latina en el Índice de Desempeño Estadístico. Su calificación de 39 puntos la sitúa por debajo de países como Guyana (58) y Surinam (57), y en un rango inferior al de economías marcadas por conflictos o fragilidad institucional como Sudán, Somalia y República del Congo. Supera a países como Libia, Yemen, Sudán del Sur y Turkmenistán.
Empresarios y académicos, que prefieren ocultar su identidad, coinciden en que la estructuración de inversiones, los estudios de mercado y la planificación financiera exigen una base estadística robusta que permita modelar escenarios, medir riesgos y determinar factibilidades. Sin esa base, explican, se pierde la brújula para orientarse.
