La acusación presentada la semana pasada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores incorpora nuevos señalamientos sobre la cooperación del régimen con las narcoguerrillas colombianas. El escrito sostiene que las autoridades venezolanas acordaron la entrega de armamento y minas fabricadas en Cuba para saldar deudas de narcotráfico, ofrecieron protección e impunidad judicial a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y coordinaron con los insurgentes el traslado de un oficial venezolano a un campamento en Colombia para torturarlo.
El escrito precisa que, poco después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sostuvieron una reunión con la dirigencia de las FARC en la que participaron Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”.
El objetivo del encuentro fue discutir una supuesta deuda que Maduro mantenía con la guerrilla por su asociación en el narcotráfico. Para saldar parte de esa obligación, el entonces mandatario acordó venderles minas y otras armas, consciente de que ello aumentaría la capacidad de las FARC para librar la guerra contra el estado colombiano. Según los fiscales, las ventas de minas continuaron hasta 2015, periodo en el que Maduro facilitó explosivos fabricados en Cuba.
La coyuntura añade gravedad: en 2013, mientras Juan Manuel Santos negociaba en La Habana la desmovilización de las FARC que culminaría en los acuerdos de paz de 2016, Maduro, afirman los fiscales, cerraba pactos clandestinos con los insurgentes.
Los despachos
Los intercambios de armamento por droga se prolongaron en los años siguientes y sumaron a otras organizaciones. La acusación sostiene que, hacia 2017, un tercer funcionario venezolano —identificado como CC3 y descrito como subalterno directo del jefe de un organismo de seguridad del Estado— ordenó a efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armas destinadas a miembros de las FARC y del ELN a cambio de cargamentos de cocaína entregados por la Guardia Nacional Bolivariana.
Posteriormente, oficiales trasladaron esa droga —que solía llenar entre tres y cuatro camiones militares de carga— hasta una base militar y de allí a un puerto para su envío al exterior, con el propósito de introducir una porción significativa en Estados Unidos.
El escrito afirma que la relación con los grupos armados colombianos no operaba al margen del control territorial, sino integrada en la estructura de poder. Según la fiscalía, miembros de las FARC y del ELN actuaban como organizaciones criminales de confianza con las que las autoridades venezolanas coordinaban el tráfico de cocaína, y a las que se les permitía cobrar “impuestos” mediante extorsión en regiones bajo su dominio.
Jueces y chatarra
El blindaje oficial también alcanzó al sistema judicial. El documento explica que, durante la presidencia de Hugo Chávez, jueces venezolanos recibieron órdenes directas de altos funcionarios —entre ellos el identificado como CC1— para manipular y sobreseer sistemáticamente procesos penales abiertos contra integrantes de las FARC, incluidos casos por delitos de narcotráfico. Según los fiscales estadounidenses, esta directriz permitió a la guerrilla operar dentro de Venezuela libre de cualquier interferencia judicial.
La cooperación en el terreno se extendió hasta años recientes. Entre 2022 y junio de 2024, el funcionario identificado como CC-1 viajaba con regularidad a pistas clandestinas operadas por el ELN cerca de la frontera con Colombia para garantizar el paso seguro de cargamentos de droga.
En paralelo, CC3 ordenaba a agentes de la DGCIM ocultar narcóticos en cargamentos de chatarra que un empresario local era forzado a vender con descuentos. La Fiscalía subraya que los emisarios de CC1 mantuvieron reuniones y coordinación logística con narcotraficantes colombianos para planificar nuevos envíos hasta por lo menos 2025.
Aliados para torturar
El escrito describe una alianza para la persecución política. En noviembre de 2013, Maduro ordenó la detención de un oficial militar venezolano —identificado como Víctima-2—, quien fue sometido durante dos días en instalaciones de la DGCIM a golpizas, cerca de una veintena de descargas eléctricas y alrededor de 30 episodios de asfixia por inmersión.
Con la aprobación de Maduro, el oficial fue trasladado a un campamento bajo control de las FARC en Colombia, donde permaneció dos semanas bajo custodia conjunta de guerrilleros y agentes de la DGCIM. Allí recibió amenazas de secuestro y violación contra su hija, mientras sus captores le exhibían ropa interior femenina que aseguraban le pertenecía. Finalmente, fue obligado a grabar una confesión falsa antes de ser liberado cerca de la frontera colombo-venezolana.
La Fiscalía subraya que Maduro siguió de cerca el procedimiento: estuvo al tanto del trato que recibía el detenido durante esas dos semanas, solicitó ver el video de la confesión forzada y ordenó que se compartiera con otro alto funcionario del gobierno.
El juicio
Maduro y Flores fueron capturados durante la incursión de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero y trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos federales. La Fiscalía presentó inicialmente una acusación basada en los delitos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y tenencia de armas de guerra. El pasado 8 de octubre, la justicia amplió la causa con un nuevo pliego acusatorio que sumó el cargo de conspiración para cometer tortura fuera de Estados Unidos y detalló el alcance de la alianza con la narcoguerrilla colombiana.
Según los cargos presentados por el fiscal James McDonald, este entramado no se limitó a perseguir a opositores, militares disidentes y activistas venezolanos, sino que también ordenó y ejecutó actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses recluidos en prisiones de la contrainteligencia militar.
Dibujo que muestra a Maduro y Flores en una audiencia
EFE
De acuerdo con la acusación presentada en Manhattan, Maduro no fue un actor ajeno a los abusos, sino quien presidió la estructura represiva y estuvo al mando directo de las unidades policiales y militares encargadas de ejecutarlos. Los fiscales sostienen que impartía órdenes expresas sobre a quién encarcelar y someter a torturas, recibía informes periódicos sobre la marcha de los interrogatorios e instruía a sus subordinados para endurecer los castigos.
Maduro y Flores han rechazado los cargos y se han declarado inocentes. Su defensa legal solicitó formalmente la anulación del proceso aduciendo que ambos gozan de inmunidad soberana en calidad de jefes de Estado, un reclamo que la fiscalía impugna y que será ventilado en una audiencia ante el juez Alvin K. Hellerstein fijada para el 17 de noviembre.
